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Pérez retoma la mesa con los interinos tras dimitir la titular de Función Pública

El comité de huelga vincula el regreso a la senda del diálogo al adiós de Martín v El Ejecutivo quiere a los sindicatos en la negociación y los empleados se niegan

Julio Pérez cierra su mochila momentos antes de ocupar su escaño en el Parlamento de Canarias. | | ANDRÉS GUTIÉRREZ

Julio Pérez cierra su mochila momentos antes de ocupar su escaño en el Parlamento de Canarias. | | ANDRÉS GUTIÉRREZ

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige el socialista Julio Pérez, convocó ayer al comité de huelga de los empleados públicos interinos y temporales a un primer encuentro para buscar una «fórmula» que permita su permanencia en la Administración. La convocatoria de esa primera mesa, que se celebrará mañana, se produce tras la dimisión de la hasta ahora directora general de Función Pública, Laura Martín, cuyo trabajo, según los sindicatos, ha terminado «con más sombras que luces». Aunque desde el Gobierno canario aseguran que el adiós de Martín –que regresa a su plaza en la Administración autonómica como jefa de servicios– se debe a la extraordinaria carga de trabajo y estrés de estos dos años de legislatura, lo cierto es que detrás de su salida también hay una serie de desencuentros y desavenencias con el consejero del área.

Los trabajadores cargan contra UGT, CCOO y el Csif por haber firmado el acuerdo nacional

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En la reunión que se celebrará mañana, los representantes del Gobierno, el comité de huelga y los sindicatos –el Ejecutivo quiere que en las conversaciones estén representadas todas las organizaciones sindicales, ya que entre ellas hay «distintas» opiniones, dijo el propio Julio Pérez– intentarán cuantificar e identificar a los empleados públicos en situación de abuso de temporalidad. Para una segunda mesa –aún sin fecha– quedaría la búsqueda de la fórmula o la vía jurídica para estabilizar a estos asalariados de la Administración. «Vamos a tratar de buscar una solución», aseguró Pérez en comisión parlamentaria y en respuesta a una pregunta del grupo nacionalista, que había acusado al Gobierno regional de estar dilatando el comienzo de las negociaciones. El Ejecutivo, aseguró el consejero, «ni dilata ni demora» las reuniones, hasta el punto, defendió el también portavoz del Gabinete de Ángel Víctor Torres, de que el Archipiélago es la única Comunidad Autónoma que ha decidido buscar una solución por su cuenta y riesgo. Es decir, sin esperar por Madrid.

En línea con lo anterior, Pérez insistió en que su departamento buscará una fórmula «genuina», en la medida en que lo permita la ley, para resolver el que «probablemente» sea «el problema de personal y empleo público más grave de la Comunidad Autónoma». Pero eso sí, el responsable de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad también insistió en que su intención, sin restar ni un ápice de legitimidad negociadora al comité de huelga, es que se sienten a la mesa de conversación todos los sindicatos.

Gobierno y comité se ven para cuantificar e identificar al personal en abuso de temporalidad

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Por su parte, desde el comité de huelga vinculan la dimisión de la directora general de Función Pública y la vuelta de la consejería a la senda del diálogo a su denuncia por la tardanza en poner en marcha la mesa de diálogo y al éxito de las acciones reivindicativas y las jornadas de paro. En el comité entienden que la convocatoria a la reunión de mañana evidencia la «voluntad política» de Pérez de resolver un entuerto que «otros agentes estaban obstaculizando dentro de la consejería», señalaron en clara alusión a la dimisionaria responsable de la Función Pública. Además, los representantes de los trabajadores no quieren ni oír hablar de que se sumen los sindicatos a las conversaciones.

No en vano, en el comité de huelga critican a los tres grandes sindicatos, CCOO, UGT y el Csif, por entender que «traicionaron» a los interinos y temporales al firmar el acuerdo nacional para la reducción de la tasa de interinidad en la Administración pública, un acuerdo que ven como un expediente de regulación de empleo «encubierto». De hecho, los miembros del comité se manifestaron ante las sedes de estos sindicatos el jueves de la semana pasada en protesta por esta pretendida «traición». Así pues, la intención de Pérez de incluir a todos los sindicatos en las mesas de negociación se antoja como un nuevo punto de fricción entre el Gobierno y los trabajadores. «Es la protesta legítima de un colectivo traicionado por algunas organizaciones sindicales que no son representativas en Canarias», afirmaron desde el comité de empresa. «El ámbito de negociación es el comité de huelga, del cual estos sindicatos no forman parte a pesar de la invitación a que se aparten de una vez de la soberana injusticia que están cometiendo», manifestaron.

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