La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud ha incorporado este mes a 800 nuevos beneficiarios de la Prestación Canaria de Inserción, con lo que esta ayuda a familias en situación de vulnerabilidad alcanza a 8.476 personas, la cifra más alta desde octubre de 2017.
El departamento autonómico ha logrado en los dos años de la presente legislatura casi duplicar el número de familias vulnerables con acceso a esta renta mínima del Gobierno regional, ya que en el momento de tomar posesión en julio de 2019 eran 5.687 las que se beneficiaban de esta prestación, según indicó la consejería en un comunicado este martes.
La consejera del área, Noemí Santana, destacó los cambios introducidos durante la presente legislatura para facilitar el acceso de la ciudadanía a esta medida.
"Esto no es casualidad. Se debe a las modificaciones en la Prestación Canaria de Inserción, que han sido cuatro durante estos dos años de gobierno. Esto ha hecho que se mejore y se amplíe esta prestación", subrayó la consejera.
Asimismo Javier Bermúdez, director general de Derechos Sociales, explicó que en las coordenadas de la consejería se encuentra la inclusión de nuevas altas en el sistema. "Estimamos que este dato seguirá al alza en los próximos meses por la agilización de las renovaciones y solicitudes de inicio que estamos haciendo", señaló.
La incorporación de 800 altas a la nómina de la Prestación Canaria de Inserción llega, a su vez, pareja al complemento de 50 euros para familias con menores a cargo que se aplicó en el mes de julio con carácter retroactivo al mes de marzo.
La Prestación Canaria de Inserción se complementa a lo largo de esta legislatura con el impulso desde el área de Derechos Sociales del Ingreso Mínimo Vital. Dicha prestación ha contado desde el momento de su implantación con 15.467 resoluciones positivas.
Estas medidas se mantienen dentro de la hoja de ruta del área de Derechos Sociales, que apuesta por otras acciones que se resolverán en un futuro cercano, tal y como explicó la consejera Noemí Santana.
"Nosotras teníamos claro desde el principio que no queríamos dejar a nadie atrás y, por eso, el próximo año será una realidad una Renta de Ciudadanía que amplíe los derechos de nuestra gente pero, mientras tanto, queríamos modificar las prestaciones ya existentes para protegerla ante esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir", detalló la consejera.
