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Archivo: Un muerto cada tres horas en la lista de espera de dependencia de las Islas

El Estado cuantifica 1.753 canarios fallecidos entre enero y julio | El Gobierno regional sostiene que el Ministerio incluye a solicitantes perecidos en 2018

Una persona mayor descansando en un banco, en Las Palmas de Gran Canaria. | | JUAN CASTRO

Una persona mayor descansando en un banco, en Las Palmas de Gran Canaria. | | JUAN CASTRO

Una media de ocho personas al día, esto es, una cada tres horas, fallece en Canarias a la espera de que se le conceda la ayuda a la dependencia que ha solicitado. Los últimos datos del Ministerio de Derechos Sociales indican que en los siete primeros meses del año murieron un total de 1.753 isleños dependientes en lista de espera para recibir la ayuda o el servicio por parte de la Administración pública. De ellos, 1.202 estaban a la espera de que se resolviera el grado de dependencia y los 551 restantes tenían reconocido el derecho pero seguían aguardando a recibir la ayuda.

Los datos vuelven a poner en el punto de mira la gestión en dependencia del Gobierno canario, que ha recibido tal andanada de críticas por parte de partidos, colectivos o por el propio Diputado del Común, que la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana (Podemos), cansada de los ataques, advirtió al Gobierno regional a principios del mes pasado que si no le daba los medios y mecanismos para poder mejorar los datos de su departamento, Podemos valoraría su continuidad en el cuatripartito junto al PSOE, NC y ASG.

9.292 isleños tienen reconocida la prestación y están pendientes de recibir la ayuda

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En la auditoria del Diputado del Común, Rafael Yanes, no se deja la menor duda de que el sistema no funciona. Canarias necesita multiplicar por cinco el personal que se encarga de valorar la situación de los beneficiarios para poder cumplir con los plazos establecidos en la ley. El Archipiélago está a la cola en el tiempo de resolución de estos expedientes, –el año pasado en las Islas se tardaba 927 días de media–, y está vinculado al escaso número de trabajadores que se dedican a tramitarlos. Yanes expuso en mayo que apenas hay 64 técnicos que realizan este tipo de valoraciones y que al menos serían necesarios 320 para poder percibir una mejora. Pese a la incorporación de personal, Dependencia sigue sin desatascar las listas de espera y así lo reconoce Noemí Santana, quien, aunque defiende avances, admite que sigue siendo el gran reto de la Consejería.

Dos años después de acceder al Gobierno, el equipo de Derechos Sociales continúa culpando de la tardanza en la evaluación de las solicitudes para las ayudas a la dependencia al anterior Ejecutivo de CC. Aseguran que lo están intentando enderezar, pero el tiempo pasa y los datos hablan por sí mismos. Ayer, el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, volvió a señalar a CC en las cifras de los fallecimientos. Sin querer desmentir los datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales sí que recalcó que las defunciones son menores a las 1.753 personas cuantificadas por el Estado con los datos que, paradójicamente, remite la propia consejería del Gobierno canario. Explica que esta incorrección en los datos se produce porque la Dirección General de Dependencia está computando aún las resoluciones de fallecimientos del año 2018, «un trabajo que no hizo CC», recalca, y que llevan dos años, desde que entraron en la Consejería en 2019 intentando actualizar. Sostiene que lo mismo ocurrió el año pasado cuando empezaron a firmar resoluciones de 2017, que se incluyeron en el sistema sin desagregarlas de las actuales y aparecían como que habían fallecido 6.000 personas en 2020 «pero fueron muchas menos», subraya. «A efectos del Imserso computan en 2021 las resoluciones que les hemos mandado de 2018 junto a las de este año», afirma, y por tanto, «parecen fallecimientos nuevos pero no lo son». Montero sigue firmando resoluciones de 2018 y le quedan las de los próximos cuatro meses y las de los siete primeros meses de 2019, antes de que entraran en el Gobierno, para dejarlo todo al día.

Sostiene que a 31 de julio, en el informe del Ministerio sobre el impacto de la covid en la dependencia, Canarias es la tercera comunidad donde más han crecido las resoluciones para el reconocimiento de la dependencia desde febrero de 2020: la Comunitat Valenciana (16,5%, con 20.428 resoluciones más), el Principado de Asturias (8,3%, con 2.911 más) y Canarias (5,8%, con 2.212 más) Y con respecto a junio, las comunidades que más altas han tenido han sido Asturias y Canarias (un 1,1% intermensual en ambos casos, con 2.423 y 429 resoluciones más, respectivamente), y la Comunidad de Madrid. Pero en toda cara hay un revés y este informe señala que 9.292 canarios con derecho a prestación están pendientes de recibirla, cifra que ha aumentado en 308 personas con respecto a junio y en 1.210 en los siete primeros meses del año.

Los colectivos sociales sostienen que la falta de personal provoca el amplio retraso

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Según Cermi Canarias (Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Canarias) y Acufade (Asociación de Cuidadoras/es, Familiares y Amigos/as de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras Demencias), lo que falla es la carencia de personal principalmente. La presidenta de Cermi Canarias, Carmen Laucirica, indica que a pesar de los dos años en el Gobierno, en dependencia «no se han puesto las pilas», aunque «hay buena voluntad» y el gran problema es el personal. «La plantilla de discapacidad y dependencia es mínima e irrisoria» y critica que la Consejería no haya aprovechado el proyecto del catálogo de prestaciones sociales que desarrolla la Ley de Servicios Sociales, pues, en su opinión, tiene grandes carencias en discapacidad y dependencia.

Para Emma Colao, portavoz de Acufade, la primera medida que se debería haber adoptado es «fijar al personal del que se dispone y no se ha hecho, y ampliarlo porque no damos abasto, y se ha efectuado de manera absolutamente insuficiente». Además, «no se está cumpliendo con los criterios de prioridad en resolver la dependencia en función de las personas menores de edad y mayores de 80 años», entre otras cuestiones.

A su juicio, para mejorar el sistema de dependencia en Canarias «hay que emprender una hoja de ruta en la que las entidades y colegios profesionales tenemos mucho que decir y en cambio se nos escucha muy poco», como en el nuevo catálogo de prestaciones sociales que la Consejería quiere aprobar en diciembre y que rechazan siete colectivos y colegios profesionales.

Quinta comunidad con mayor mortalidad


Canarias fue en el primer semestre del año en curso la quinta comunidad autónoma con mayor mortalidad de personas dependientes pendientes de prestaciones. En el conjunto de España, la conclusión que se extrae de las estadísticas de Derechos Sociales es que una media de 139 personas fallecen al día en estas circunstancias. De enero a julio fueron 29.157 los fallecidos en la lista de espera.

De ellos, 17.733 dependientes tenían reconocido ya el derecho a prestación pero aún no la recibían, mientras que otras 11.424 personas estaban esperando a que les resolvieran sobre el grado de dependencia. En lo que va de año, la lista de espera se ha reducido un 2,2 %, con 5.044 personas menos sin atender, y es de 433.466 personas, con una media de 455 días de espera. En Canarias la media es casi del doble. «Una persona muere cada 10 minutos atrapada en el laberinto burocrático de la ley», denuncia el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, quien recuerda que pese al leve descenso de un 2% las personas en lista de espera «433.466 personas siguen abandonas, sin ser atendidas» .Según él, «a pesar del incremento de 623 millones de euros, el Ministerio de Derechos Sociales no logra que las comunidades agilicen el sistema y reduzcan significativamente la lista de espera».| Efe

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