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El Diputado del Común destapa nefastas condiciones en residencias de mayores: ratas, chinches y cucarachas

El Parlamento no ha contestado al informe presentado en noviembre de 2020 pese a la pésima situación de los mayores en muchos centros

Una persona en una residencia de mayores

Una persona en una residencia de mayores

Sin respuesta ni comparecencia durante diez meses. La Diputación del Común aún espera para exponer en el Parlamento canario un informe que entregó en noviembre de 2020 sobre las residencias de mayores donde se constata la convivencia de los residentes con ratas y cucarachas en las cocinas, chinches en los colchones e incluso brotes de sarna recurrentes recogidos en las actas de algunas de las residencias. La investigación la llevó a cabo la Adjunta a la Diputación del Común para la protección de los derechos de las personas mayores en 2019, realizando 25 visitas a centros de Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Tenerife con una duración aproximada de una hora y 45 minutos cada una, según informa Radio Club Tenerife.

Según la propia información de los centros, "las visitas médicas se distancian casi en un año y, en caso algún episodio agudo únicamente acuden los profesionales de urgencias", reza el informe, señalando que la atención médica que reciben los residentes "no es real ni acorde con las necesidades de las personas mayores", añade. "Resulta indescriptible la conmoción que produce encontrar esta falta de higiene y salubridad en los centros, sin ser detectada por las administraciones encargadas de inspeccionar y velar por el funcionamiento en los recursos para personas mayores, y, a su vez, sin ser desvelada por familiares u otras personas que accedan a las instalaciones. Apelamos a la responsabilidad social de trabajar por un mínimo de bienestar de las personas mayores", expone el informe de la Diputación del Común.

Las entrevistas se programaron de manera aleatoria, con el mero criterio de asistir a centros de distintas islas con diferentes números de plazas para así mantener proporción y equidad. Las visitas eran no concertadas, sin acuerdo previo con las personas responsables de los centros. Pese al envío de cartas a más de ochenta centros, la pandemia truncó las expectativas y solo pudieron investigar veinticinco. "Mientras unos recursos residenciales han mostrado una esmerada colaboración, en otros se han sucedido momentos de absoluto desprecio a la labor desarrollada", llega a decir la Adjunta en el informe, que fue "invitada a abandonar" una de las residencias que visitó en Tenerife.

Según el informe, la visitas médicas se producen de año en año, contratos mercantilistas, personas mayores atadas a sus camas sin protocolo que lo regule, ausencia total de intimidad y de inspecciones y hasta cocinas con espacios abiertos utilizados, literalmente, “como vertedero de los propios desechos de esas cocinas”.

Falta de respuesta de Derechos Sociales

Pese a que la Diputación del Común le remitió a finales del año 2018 (17 de diciembre de 2018) ochenta y seis cartas a centros de atención a personas mayores que figuran en el registro público de centros y servicios del sistema de dependencia de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, actual Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, comunicando la previsible visita durante el año 2019, fueron devueltas, con motivo desconocido. Se remitió después un escrito, con fecha 25 de octubre de 2019 a la Viceconsejería de Derechos Sociales, solicitando “la relación de centros de atención residencial de personas mayores y fecha de acreditación, la relación de centros públicos de atención residencial" así como el número de visitas a centros de atención residencial de personas mayores durante el pasado año 2018 y este 2019, convenios suscritos con otras administraciones, las reclamaciones, quejas y sugerencias de los centros, la resolución de cada una, las infracciones y / o sanciones a centros de personas mayores, pero no hubo respuesta. Ante ello, el día 29 de agosto de 2020, con el interés de integrar en esta memoria el trabajo desarrollado por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud se reiteró solicitud, sin que hasta la fecha de publicación de este informe se haya recibido contestación.

El Parlamento, callado

Estos datos recogidos por la letrada Milagros Fuentes y el equipo de la Diputación del Común está en manos del Parlamento desde noviembre y sin embargo, ni siquiera han dado fecha a la Diputación del Común para presentarlo en la Cámara. "Baños con evidentes signos de suciedad, dos brotes de sarna, infestaciones por chinches en los colchones, comedores con restos de comida durante horas, colillas amontonadas en las puertas", detalla el informe.

La Diputación del Común también denuncia en este informe una ausencia total de intimidad y un bajo nivel de inspecciones. También detalla escenas terribles como personas mayores en fila india en estrechos pasillos para acceder a comedores, -alguno con restos de comida pasada más de una hora-. "Personas que comen solas, en un rincón del salón, sin interacción y de espaldas al resto de la actividad del centro, personas que se mantienen con manchas de restos de comida, sin cambios de ropa salpicada durante el resto de la jornada", dice documento. Humedades en las habitaciones y hasta cocinas con espacios abiertos utilizados, literalmente, “como vertedero de los propios desechos de esas cocinas".

El uso de elementos de sujeción en la atención y cuidado de las personas tiene la obligación de preservar los derechos fundamentales de libertad, derecho a la autonomía, así como el respeto a la dignidad humana. "En Canarias, a diferencia de otras comunidades se carece de regulación sobre el uso de sujeciones, ni siquiera hay un protocolo consensuado de procedimiento", explica el informe.

"La mayoría de las habitaciones son de uso compartido", explica también el informe, señalando la ausencia de la intimidad. Todos los centros deben contar con un expediente individual de cada uno de los residentes que, además de disponer de toda la documentación personal, social, sanitaria contenga el plan individual de atención con la valoración e intervención en la capacitación individual. "Cinco centros ponen de manifiesto que sus expedientes son una mera carpeta con documentación de las personas, sin valoraciones profesionales y, por ende, sin seguimiento y evolución de la promoción de la autonomía personal", dice el informe. 

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