El Diputado del Común, Rafael Yanes, informó ayer de que ha decidido investigar la situación que se ha vivido en algunos geriátricos y centros de personas con discapacidad de Canarias durante la crisis sanitaria desatada por la pandemia de la Covid-19. La determinación del alto comisionado del Parlamento regional pisa un terreno ya explorado por la Fiscalía, que cada semana-desde el inicio del estado de alarma- ha recibido un informe por parte de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias sobre la situación en las residencias de mayores de la Islas y, hasta el momento, ha optado por no iniciar ninguna investigación.
La decisión de Yanes llega tras una queja presentadas por la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, que sostiene que las residencias de mayores han sufrido "el olvido" de las administraciones durante la pandemia.
Frente a esta acusación, el Ejecutivo regional recuerda que las residencias de las Islas han estado sometidas a "un control exhaustivo" durante estos meses, para proteger la salud de los mayores. "Canarias", recalcan desde la administración píblica, "es la comunidad de todo el estado donde menos personas han fallecido en residencias, tanto en números absolutos como en porcentaje sobre población residente".
Desde la Consejería de Derechos Sociales también añaden que "Canarias fue punta de lanza en hacer cribado en sus residencias, donde se les ha practicado pruebas diagnósticas tanto a sus residentes como personal".
En este sentido, precisa que el Servicio Canario de la Salud y el Servicio de Urgencias Canario hicieron 13.553 test a 7.475 residentes en los centros de mayores y a 6.078 trabajadores. Como resultado de ello, se detectaron 34 contagios, 20 entre profesionales de las residencias y 14 entre sus usuarios.
Informes semanales
Además, desde el Gobierno canario se subraya que, desde el inicio de la crisis sanitaria y en coordinación con las consejerías de Sanidad y Seguridad -policía canaria-, se han enviado dos informes semanales -martes y viernes- al Ministerio de Sanidad y otro a la Fiscalía para informar sobre la situación de los centros de Canarias.
La Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias ha mostrado a Yanes su preocupación por conocer "el número de personas desatendidas durante la cuarentena", lo que "ha desembocado en el fallecimiento de estas".
Por ello, "piden dar visibilidad a los errores que se han dejado ver con la pandemia, para que no se vuelvan a dar en el futuro, y a los ya conocidos pero que hasta ahora no han sido tratados por el sistema".
De igual forma, señalan el particular caso de Tenerife, para el cual piden un mayor control público, al ser "el 95 % de las residencias privadas frente a un 5 % que son públicas [el dato correcto es que el 16% de los centros de Tenerife son públicos]".
