Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Oxígeno para Derechos Sociales: 227 trabajadores extra y 13 millones

El Ejecutivo autoriza la contratación de 126 técnicos y administrativos, que se suman a 101 en Dependencia

Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias.

Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias.

Los problemas de gestión que acumula la Consejería de Derechos Sociales en todas sus áreas ha supuesto la puesta en marcha de varios planes de empleo temporal. En febrero se aprobó la contratación de 101 trabajadores destinados a los servicios de Dependencia y Discapacidad, mientras que ayer se hizo pública la autorización por parte de Hacienda de un plan para contratar a 115 trabajadores más para pobreza e inclusión social y otros 11 para cubrir vacantes en centros de día, escuelas infantiles y protección de menores. Este incremento de la plantilla supone un aumento del gasto de personal del departamento de más de 13 millones de euros para intentar desatascar la tramitación de los expedientes de la dependencia, las ayudas sociales para las familias más vulnerables y mejorar la atención a la ciudadanía.

La Consejería que dirige Noemí Santana ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses por la gestión de la misma en materias como la residencias de mayores, la dependencia, el catálogo de servicios sociales o la prestación canaria de inserción (PCI). En la mayoría de las ocasiones el departamento dirigido por Podemos achaca estos déficits a la falta de personal estructural para hacer frente a los expedientes que se acumulan. La crisis social provocada por el Covid no ha hecho sino complicar aún más la situación de la Consejería y ha llevado también la tensión a los socios del cuatripartito ante el aluvión de críticas de la oposición y de las organizaciones sociales y ONG que trabajan con los más vulnerables.

El atasco de los expedientes de dependencia y de las ayudas sociales acucian al Gobierno

decoration

Tanto el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, como el vicepresidente, Román Rodríguez, han eludido cuestionar directamente la gestión de Santana en público en un intento de evitar erosionar al cuatripartito. Ayer, la Consejería de Hacienda, que dirige el presidente de NC, anunció la autorización de un plan temporal de empleo para Derechos Sociales que permitirá contratar a 115 trabajadores durante tres años, es decir, hasta 2023. El programa comenzará su aplicación en noviembre y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2023 con un gasto de 9,4 millones de euros con el fin de reforzar la lucha contra la pobreza y la inclusión social, el desarrollo de la estrategia canaria de infancia, adolescencia y familia, o en la mejora del sistema de información y atención a la ciudadanía, entre otras prioridades.

Los perfiles profesionales de los trabajadores a contratar son administradores generales, psicólogos, pedagogos, gestores generales, trabajadores sociales, administrativos y auxiliares.

Esfuerzo económico

Hacienda destaca el esfuerzo económico que se está realizando para recabar los recursos financieros que permitan la mejora de los servicios sociales, especialmente ahora cuando la crisis económica, sanitaria y social derivada del coronavirus ha incrementado la presión sobre el sistema y las cifras de pobreza y vulnerabilidad han subido sobre las que ya existían.

Estos 115 trabajadores que entrarán en los próximos meses a reforzar la plantilla de Derechos Sociales fueron precedidos antes del verano por la contratación de 101 trabajadores para los servicios de Dependencia y Discapacidad como nuevo personal técnico y administrativo. El gasto autorizado fue de 3,5 millones de euros.

Según explicó ayer el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, tras el Consejo de Gobierno se deja «claro» la voluntad del Ejecutivo por reforzar los servicios sociales de la Comunidad Autónoma, lamentando que la llegada de nuevo personal se haya retrasado «más de lo que se desearía» porque hay que cumplir con todas las garantías legales del sector público. Así, puso como ejemplo los 101 trabajadores que se incorporarán a la Consejería de Derechos Sociales para «poner al día el atraso» que lleva la prestación de la dependencia en Canarias desde que se inició el sistema en 2006. En su opinión, el objetivo es acabar con el «atasco» en los expedientes y «dar un salto cualitativo» que permita «recuperar el tiempo perdido» y a partir de ahí, ya con el personal estructural de la Consejería, seguir trabajando.

Por último, el Consejo de Gobierno aprobó ayer la contratación de 11 trabajadores para cubrir plazas vacantes en cuatro centros de día, dos escuelas infantiles y en el servicio de programas de prevención y protección de menores. Se trata de contratos de trabajo de duración determinada, de interinidad y a tiempo completo.

Los últimos datos reflejan que este año murieron 1.753 dependientes sin la prestación

decoration

No es la primera vez que el departamento de Servicios Sociales del Gobierno acomete planes de choque para intentar paliar los déficits de plantilla que acumula desde hace más de una década. Sindicatos, organizaciones sociales y el comité de empresa han denunciado en reiteradas ocasiones que este tipo de planes suponen «parches» que no solucionan los problemas de fondo de la Consejería.

Al último informe del Diputado del Común sobre la situación de las residencias de mayores se suma los últimos datos hechos públicos por el Gobierno central, en los que se refleja que en los siete primeros meses de 2021 murieron en Canarias 1.753 personas dependientes que estaban a la espera de recibir prestaciones o servicios de la ley de dependencia o que ya tenían la ayuda concedida pero no la habían recibido.

Con estas contrataciones, la Comunidad Autónoma engorda su plantilla de interinos y temporales para cubrir huecos mientras que, paralelamente, la UE exige a las administraciones públicas que reduzcan la tasa de temporalidad en la función pública ante el abuso de los últimos años.

Otros acuerdos del Consejo

Tramitación

Red de Emergencias

  • El Consejo de Gobierno fue informado ayer de la tramitación de emergencia y de la adjudicación del expediente de contratación del servicio de mantenimiento integral de la Red de Emergencias y Seguridad de Canarias (Rescan) para el periodo entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2021, hasta la ya realizada adjudicación del nuevo contrato plurianual, hecha el pasado 1 de septiembre de 2021 y que estará vigente los próximos cuatro años.

Ampliación

Sostenibilidad turística

  • El Consejo de Gobierno aprobó ayer la ampliación del crédito destinado a cabildos y ayuntamientos para Planes de Sostenibilidad Turística en Destino en 150.000 euros. De esa forma, la financiación del Ejecutivo autonómico alcanza la cifra de 1.650.000 euros y equipara así la cantidad destinada a su vez por la Secretaría de Estado de Turismo, que, en su convocatoria de 2021, ha escogido el programa Lanzarote, la energía del volcán. El plan lanzaroteño tiene un presupuesto total de cinco millones de euros.

Proyectos

Reformas y suministros

  • El Consejo de Gobierno autorizó destinar 3.607.482,55 euros a la reforma de dos de las fachadas del Hospital Juan Carlos I, en Las Palmas de Gran Canaria, para lo que se dispone ya de proyecto redactado y supervisado. Las obras, que se licitarán mediante procedimiento abierto de adjudicación y tramitación anticipada, incluyen la reforma de las fachadas este y sur del edificio, correspondientes a las fases 2 y 3, respectivamente, del proyecto de inversión Reforma del Hospital Juan Carlos I. Asimismo, se autorizó destinar 2.247.408,50 euros a la contratación de un suministro de marcapasos, desfibriladores implantables y electrodos con destino a seis de los hospitales del SCS.


Compartir el artículo

stats