La Fiscalía pide que se refuerce la inspección en los centros de mayores

Rubio indica que conoce el informe porque se ha preocupado en buscarlo, si bien a sus compañeros de Santa Cruz de Tenerife sí se lo mandaron, explica, pues los centros a los que alude el documento están más en esa provincia, pero como durante 2020 ya se habían realizado inspecciones por la situación derivada de la pandemia muchas de esas residencias ya han revisado sus servicios: «Se han puesto las pilas», añade. En la provincia de Las Palmas, de donde es fiscal, asegura que están al día y en Santa Cruz de Tenerife hay diligencias abiertas, a raíz de la covid, asevera. En concreto, uno de los centros investigados es el Hogar de Santa Rita, en Tenerife, donde se detectó un brote de escabiosis (sarna), entre otras anomalías.

En cualquier caso, Rosa Rubio defiende que la mayoría de las residencias de mayores en Canarias tienen calidad y trabajan día a día por mejorarla. Pero considera que se han de fortalecer los equipos de inspección, «con el objeto de que todos los centros puedan ser visitados y el compromiso de la viceconsejera es aumentarlos». La consejería ha señalado que va a contratar a once nuevos inspectores.

En este contexto, la Consejería de Derechos Sociales niega que la Fiscalía le haya trasladado el contenido y observaciones del informe de la Diputación del Común, como apuntan diversas informaciones que señalan que desde la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife se avisó al Gobierno canario sobre el contenido del documento y se realizaron observaciones. «Desde la Fiscalía se reconoce que en ningún momento se dio traslado del informe a este área del Gobierno ni se comentó en entrevista alguna que se hubiese remitido este informe a la Viceconsejera», expone la Consejería.

La Fiscalía pide que se refuerce la inspección en los centros de mayores F. M.

«Con la pandemia las residencias de mayores se han puesto las pilas y no se puede generalizar»

Rosa Rubio - Fiscal

La fiscal Rosa Rubio indica que al menos ella no trasladó ningún informe al Gobierno pues tampoco le llegó y reitera que lo conoce porque se registró en el Parlamento y lo buscó. La Diputación del Común lo presentó en noviembre de 2020 y los políticos aún no lo han analizado. Lo harán el martes tras salir en los medios de comunicación sus demoledoras conclusiones.

Calidad en la gestión

Para la fiscal también es «muy importante» que tanto el Gobierno canario como los cabildos exijan calidad en la gestión de las residencias porque, si son públicas, la mayoría están concertadas con empresas privadas. En este sentido, sostiene que se ha de reclamar que la gestión se centre en la persona, de modo que haya programas individualizados para los mayores con actividades terapéuticas y cognitivas. «No se trata de darles de comer y ponerlos a ver la tele», subraya. Y sobre todo le preocupan los sistemas de sujeciones. Prácticamente casi ningún centro tiene incorporadas las no sujeciones y «todavía se están aplicando las «sujeciones en muchos centros», expresa. «En esta provincia tenemos centros libres de sujeciones certificados, uno en Lanzarote, y dos en Gran Canaria El Pino, que es público y está libre de sujeciones físicas y farmacológicas, donde no se ata ni se sujeta a nadie ni se le sobremedica y otro es privado, el del Palmeral», precisa. «Eso indica que si existen centros donde no hay sujeción es posible hacerlo en todos. Las residencias no son lugares de hacinamiento de ancianos, sino donde se ha de trabajar con la persona en función del tipo de deterioro de cada uno», y es «muy importante» que haya una implementación de su programa de animación y atención. «Eso exige a profesionales de muchas categorías», añade, y «hay muchos centros que los tienen» pero hay otros que no.

También se muestra preocupada de que haya «residencias alegales», que nazcan de la nada, que no cumplan los requisitos legales y que no se pueda llegar a ellas en un tiempo prudencial para hacerlas cumplir o impedir la actividad, explica la Fiscal. En 2021 se han detectado varias residencias abiertas por silencio administrativo ante la ausencia de una respuesta por parte de la administración.

La fiscal Rosa Rubio espera que este informe que se verá el martes en el Parlamento después de diez meses de ser registrado por la Diputación del Común sirva como un «revulsivo» para mejorar la atención que se les da a los mayores y se pongan más medios económicos y más personal. En Canarias hay 232 centros que emplean a 7.769 trabajadores.