La renta ciudadana, prioridad de las contrataciones en Derechos Sociales

El Consejo General de Servicios Sociales dio ayer el visto bueno por mayoría al anteproyecto de ley de la Renta Ciudadana, con el fin de que el Consejo de Gobierno lo apruebe como proyecto de ley y remitirlo al Parlamento. La nueva prestación llega después de varias vicisitudes y contratiempos en los dos años que se lleva de legislatura y con la necesidad de incrementar el personal para evitar los problemas que acumula la PCI, que apenas llega a 7.000 familias. Por ello, a la misma vez que se ultima la puesta en marcha de la renta también se inician los trámites para contratar a 65 personas entre administradores, trabajadores sociales y administrativos para desarrollar la prestación ante la actual escasez de personal. Además, también trabajarán en la mejora de la atención no presencial con nuevos canales digitales y servicios que agilicen los trámites.

El refuerzo en la inspección de los centros es una necesidad perentoria que ahora se ha visto envuelta en la polémica por el informe del Diputado del Común sobre las residencias de mayores. Una de las misiones de los inspectores es revisar las acreditaciones y los centros y servicios del sistema de Dependencia obtenidas por silencio administrativo para garantizar su adecuación a la normativa vigente.

Otras 16 contrataciones irán destinadas a los centros base donde se tramitan los expedientes de la dependencia. Un objetivo clave del departamento que dirige Noemí Santana es la disminución de los tiempos de tramitación de los procedimientos administrativos de reconocimiento del grado de discapacidad, que sufre demoras medias de hasta dos años, según ha denunciado el comité de empresa de la Consejería. A estos efectivos hay que añadir los 101 técnicos y administrativos que se han ido contratando en los últimos meses para sacar los expedientes acumulados desde hace años, aunque todavía no están todos incorporados.

Infancia e información

Para completar las contrataciones previstas 11 trabajadores se unirán al desarrollo de la estrategia canaria de la infancia para atender las actuaciones tempranas en factores de riesgo y la valoración de posibles situaciones de desprotección. También se pretende cumplir de forma más rigurosa con la ejecución de las medidas. Asimismo habrán otros 11 efectivos destinados al sistema de información y atención a la ciudadanía con el fin de mejorar la atención presencial y telefónica específicas.

Estas contrataciones han sido recibidas con cierto escepticismo por los representantes laborales de la Consejería de Derechos Sociales. El secretario insular de CCOO de Tenerife y trabajador del departamento, Andrés Baute, admite que «la llegada de nuevo personal siempre ayuda y es bienvenida» pero advierte que este tipo de planes se siguen realizando desde la «improvisación», sin planificación suficiente y con falta de espacio físico adecuado y aplicaciones informáticas óptimas para que los trabajadores pueden desarrollar su labor con más eficacia.

Baute explica que «la Consejería aprueba programas sin realizar un diagnóstico previo y completo sobre las verdades necesidades de todos los departamentos. Sabemos que están agobiados por esta situación pero más vale esperar un poco a tener una planificación y organización adecuadas que no improvisar como lo están haciendo», añade.

El dirigente sindical lamenta que el actual equipo rector de la Consejería no informe a los representantes de los trabajadores y que no haya una negociación para que el nuevo personal sea optimizado en sus funciones. «No solo se trata de saber bien dónde se ponen los recursos sino en qué espacio porque ni siquiera eso se ha hecho», cuestiona Baute. El representante de CCOO teme que la renta ciudadana suponga nuevos problemas para los técnicos que se ocupan de la PCI, que son auxiliares que están realizando labores de administrativos sin que se les esté reconociendo al ser un trabajo de una categoría superior a su contrato.