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Los municipios tiran de la obra pública con la mayor inversión en doce años

Las entidades locales del Archipiélago licitan proyectos por una cuantía inédita desde los tiempos del ‘Plan E’ de José Luis Rodríguez Zapatero

Trabajos en la carretera de Melenara, en el municipio de Telde. | | ANDRÉS CRUZ

Ayuntamientos y cabildos han puesto en práctica una política keynesiana para contrarrestar la crisis económica. «Los gobiernos deben estar dispuestos a invertir en obra pública con el fin de reactivar el crecimiento», decía John Maynard Keynes en la década de los treinta del siglo pasado. Casi cien años después, las entidades locales de las Islas le están haciendo caso: en lo que va de 2021, las corporaciones municipales e insulares han licitado proyectos por el mayor importe en doce años. Hay que remontarse así a los tiempos del polémico Plan E del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero –un ambicioso programa de inversiones también heredero de la teoría keynesiana– para encontrar el último ejercicio en que consistorios y cabildos promovieron obras por mayor cuantía que este año.

La suma de los trabajos licitados por ayuntamientos y cabildos duplica la de los Gobiernos

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A 31 de agosto, según los datos suministrados por Seopan –la patronal de las grandes constructoras del país–, las entidades locales del Archipiélago ya habían licitado obras públicas –asfaltado de carreteras, rehabilitación de edificios municipales, construcción o remodelación de locales para la prestación de servicios, mejora de caminos o senderos...– por un montante de 417,2 millones de euros. ¿Mucho o poco? En realidad, muchísimo.

Esos 417,2 millones de los contratos de obras adjudicados hasta agosto por la Administración local son un 73% más que en el mismo período del año pasado. Es verdad que 2020 fue un ejercicio de profunda crisis por la pandemia, que también ralentizó la contratación pública, pero no es menos cierto que 2019 sí fue un año de normalidad económica y que entonces las licitaciones de cabildos y ayuntamientos –siempre tomando como referencia los ocho primeros meses de cada ejercicio– sumaron 278,5 millones de euros, 138,7 millones menos que este año, un 33% menos.

Para darse cuenta de hasta qué punto las corporaciones municipales e insulares están siendo las dinamizadoras de la inversión pública basta con apuntar que en ninguno de los años de bonanza (2015-2019) tras la crisis financiera se llegó, ni de lejos, a esos 417 millones de 2021. El máximo fueron los 309,6 millones de euros de 2018, una cantidad considerable pero que está más de cien millones por debajo de la del actual ejercicio. Antes, en los años más duros de la larga crisis financiera, es decir, de 2010 a 2014, las licitaciones de las entidades locales de la región habían tocado fondo en 2013, cuando hasta agosto no llegaban ni a 77 millones. De hecho, la apuesta de cabildos y ayuntamientos por la inversión pública está siendo tan decidida que el importe de los contratos tramitados de enero a agosto de este año, esos 417,2 millones de euros, ya supera el montante anual de 2020 y de 2019. En otras palabras: en ocho meses se han sacado adelante más proyectos que en los doce meses de los dos anteriores ejercicios. En definitiva, hay que remontarse a 2009 para dar con cifras similares a las de este año.

El Ejecutivo regional aún está por debajo de las cifras de 2020 y muy lejos de las de antes de la crisis

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De enero a agosto de 2009, la Administración local canaria sacó obras a subasta o concurso por una suma de 475,8 millones de euros. Pero se trata de una cantidad que tiene trampa. ¿Por qué? Porque 2008 y 2009 fueron los años en que el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero puso en práctica el Plan español del estímulo de la economía y el empleo, el Plan E, que supuso la transferencia de fondos del Estado a las arcas de las entidades locales para impulsar la obra pública y con ella el empleo. La posterior fiscalización del Tribunal de Cuentas descubrió que el Plan E no había servido ni para crear puestos de trabajo ni, en la mayoría de los casos, para promover nuevas inversiones, pero sí es la razón de que el volumen de la licitación municipal fuera entonces tan elevado. Quitando las cantidades del bienio 2008-2009 por el dopaje del Plan E, no hay precedentes de un año en el que cabildos y ayuntamientos hayan licitado proyectos por una cuantía tan alta como la de 2021.

En cuanto a los Gobiernos, el central y el autonómico, el primero mejora las cifras del año pasado –lo que resulta lógico por la pandemia– y recupera los números de 2019, el último ejercicio precrisis, mientras que el Ejecutivo regional no solo no ha recuperado los guarismos de antes de la crisis, sino que ni siquiera llega a las cifras de 2020. El Gobierno estatal y sus organismos dependientes en el Archipiélago han licitado proyectos de obra en lo que va de año por un importe de 114 millones de euros, frente a los 89,4 millones de 2020 y los 107 de 2019. En cambio, el Gobierno regional ha sacado trabajos a subasta o concurso por 74,5 millones, 90 millones menos que el año pasado y hasta 294 menos que en 2019. Entre los dos Ejecutivos no llegan ni a la mitad de los cabildos y ayuntamientos.

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