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El Senado reclama el reparto de los menores no acompañados entre todas las comunidades

Aprobada una moción del PSOE, con el único voto en contra de Vox, que evita hablar de “solidaridad obligatoria”

Un inmigrante desembarca en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, tras su rescate

El Senado vuelve a poner el foco sobre la crisis migratoria de Canarias y ha reclamado hoy al Gobierno que “tome la iniciativa” para facilitar algún tipo de acuerdo para el reparto solidario entre todas las comunidades autónomas de los menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias por su condición de territorio de primera entrada a través de la ruta atlántica. La comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aprobó una moción del senador socialista canario Santiago Pérez que fue apoyada por todos los grupos salvo Vox, en la que también se pide, gracias la aceptación de una enmienda del senador grancanario del PP Sergio Ramos, que dicha iniciativa por parte del Ejecutivo central busque también un acuerdo en el mismo sentido en el seno de la Unión Europea.

El texto final de la moción también incluye dos aportaciones del senador de CC, Fernando Clavijo, para la puesta en marcha del mecanismo previsto en la ley de Extranjería sobre el establecimiento de convenios con organizaciones no gubernamentales fundaciones e instituciones dedicadas a la protección de menores, así como la posibilidad de explorar las alternativas de acogimiento familiar en Europa. Además, se insta al cumplimiento del acuerdo adoptado el pasado 25 de mayo en el Consejo Territorial de Derechos Sociales para presentar en ese mismo marco en el plazo de dos meses la estrategia para la integración de los niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, en especial para “impulsar la atención de menores migrantes no acompañados” que se encuentran en Canarias, que acoge en este momento a más de 2.500, y en Ceuta.

Sin embargo, el autor de la moción rechazó una propuesta del senador de ASG, Fabián Chinea, que buscaba un mayor compromiso por parte del Gobierno central y reclamaba que dicho acuerdo para la distribución entre todas comunidades autónomas se concrete a lo largo de este año y que, además, se promoviera la “reforma legal pertinente para garantizar la solidaridad obligatoria”. Es decir, que el reparto no quede al albur de la voluntad política de los distintos gobierno regionales, sino que haya un marco legal que las obligue a ello.

Santiago Pérez, justificó el rechazo a esta enmienda de Chinea, al que sí se le aceptó otra para cambiar la nominación de “menores migrantes no acompañados” por la de “niñas, niños y adolescentes no acompañados”, porque “el Gobierno de España no puede imponer (la medida) ni a través de una ley ni de una decisión política, hay que hacerlo a través de la coordinación”. “El deber de acoger obligatoriamente habrá que, en su día, convocarlo en el marco constitucional como ocurre en la UE con los Estados miembros en el Tratado de Funcionamiento de la UE, donde sí se establece un deber jurídico”, asegura. Entre tanto, añade, “hay que tomar medidas de acuerdo con la lógica del Estado de las Autonomías y eso pasa por el acuerdo entre territorios liderado por el Gobierno central”.

Tanto Chinea como Clavijo lamentaron esta posición del PSOE. Chinea expresó su sorpresa al no aceptarse la inclusión de esta enmienda “porque la ‘solidaridad obligatoria’ es una reivindicación que ha planteado en reiteradas ocasiones el presidente de Canarias en los últimos meses ante la ausencia de acuerdo y voluntad para solucionar este asunto”. Por tanto, insistió, “siendo coherentes con el discurso de Ángel Víctor Torres, esperaba que esta enmienda fuese incorporada en el texto”.

Críticas de CC y PP

Clavijo, por su parte, considera que “esto es una mera declaración de intenciones que no obliga al Gobierno a hacer determinadas acciones como convocar la comisión de la infancia, hacer caso de las recomendaciones del Defensor del Pueblo o hacer modificaciones legislativas para que al margen de la voluntad de las comunidades autónomas de acoger o no a estos niños y niñas que llegan a Canarias, tengan que hacerlo de manera obligatoria”. El senador de CC añadió que “el PSOE no lo ha aceptado pero hemos apoyado la moción porque poner el foco de atención en el grave problema que está teniendo Canarias con la tutela en solitario es siempre bueno, pero cualquier intento de poner plazos y obligar al Gobierno de España que actúe de manera determinante, el PSOE no lo acepta”.

Sergio Ramos, por el PP, denunció por su parte la “actitud sectaria” del PSOE por no haber apoyado hace unas semanas una moción similar presentada por los populares también en el Senado. En todo caso, Ramos reprochó al Gobierno central que no hiciera caso de ninguna de las mociones que aprueba el Senado en relación con esta materia. “Esto es una gran mentira y un fraude porque no se lleva a cabo nada de lo que aprueba esta Cámara. Ustedes dicen que esta haciendo un esfuerzo en la acogida de menores migrantes no acompañados, pero ¿dónde está el esfuerzo para evitar la llegadas, que es lo que hay que hacer? Según él, el Gobierno central no ha pedido aún de manera oficial a las comunidades autónomas que acogieran menores migrantes no acompañados.

Pese a todas estas críticas de los otros grupos, el socialista Santiago Pérez resaltó el valor del apoyo logrado a su moción señalando además que “este asunto hay que mantenerlo en el debate para acabar resolviéndolo equitativamente”. “Canarias está cumpliendo con mucha delicadeza y sentido sus deberes estatutarios y acogiendo a los menores no acompañados proporcionándoles los mismos servicios de escolarización y atención que a los menores canarios, pero no puede resultar al final que Canarias asuma una carga que debe ser equitativamente repartida entre todas las comunidades autónomas”, subrayó antes de considerar que, “en el fondo, el voto en contra de Vox enaltece el sentido de la moción y creo que este acuerdo de impulso político va en la buena dirección”.  

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