Las negociaciones entre el comité de huelga del personal interino de la Administración autonómica y el Gobierno regional continúan en caminos divergentes y suben el tono al rojo vivo. El comité de huelga, que integran los sindicatos mayoritarios en este sector Sepca, Intersindical y Cobas, acuden a la vía judicial. En los próximos días interpondrán una demanda ante los tribunales por el incumplimiento del acuerdo al que se había llegado con el Gobierno regional en abril y donde se establecía que había que garantizar la permanencia laboral de todo personal abusado de temporalidad -4.000 en la Administración General-, y como mecanismos fijaba dos grupos de trabajo para realizar este proceso.
El acuerdo, un documento "con validez jurídica", precisan, establecía como "fecha tope el verano" para definir qué se haría a fin de garantizar la continuidad en los empleos de estos trabajadores que llevan años en la Administración pero siguen siendo eventuales.
El tiempo ha pasado y la voluntad de negociación del consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, y del viceconsejero Manuel Martínez "es cero", sentencian los representantes del comité de huelga. En el caso de este último piden, incluso, su cese por desconocimiento e incapacidad en este proceso negociador. Por ello, exigen paralelamente la mediación del presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, al que emplazan a que convoque al comité de huelga a una reunión y firme él en persona un compromiso por la permanencia de esos empleados que llevan, en muchos casos, 20 años en la Administración sin que se les garantice su empleo. "Después de varias veces en que ha intentado engañarnos y darnos largas, ya no nos vale como interlocutor el consejero Julio Pérez", condena Manuel González, dirigente de Sepca (Sindicato de Empleados Públicos de Canarias).
El comité de huelga de los interinos rechaza además el acuerdo rubricado el pasado jueves por el PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV para que el trabajador interino de las administraciones públicas que lleve cinco años de antigüedad pueda acceder a un concurso de méritos para consolidar su condición de fijo.
Para los representantes del comité de huelga aún "hay que ver la letra chica" y además Canarias va por delante en los acuerdos -el Supremo establece tres años de temporalidad- y "no se puede ir para atrás en las leyes". Asimismo, sostienen que ese acuerdo que todavía está por perfilarse y adoptarse genera "inseguridad jurídica y es muy flojo". "Solo habla de funcionarios interinos y no laborales interinos, deja fuera a personal sanitario y docente , y dan a entender que hacen fijos si llevan cinco años pero no es así, será un concurso de libre concurrencia", sostiene Manuel González. Estos sindicatos auguran una lluvia de demandas porque la ley es básica, no obliga a las administraciones y "las comunidades deberán ponerle el punto, coma y la letra".
"Va a recibir reclamaciones hasta en el carné de identidad", afirman, porque cualquier afectado puede impugnarla así como los partidos y creen que en siete parámetros, que sepan, es inconstitucional . Hay comunidades que ya han hecho hecho concursos de estabilización con interinos abusados de temporalidad que se han quedado fuera. "¿Qué se les va decir a ellos", cuestiona Manuel González.
Desde CCOO que defiende junto a UGT procesos abiertos para la función pública aunque se cuenten los méritos de los interinos por el tiempo que llevan -es decir no apoyan la huelga de los trabajadores temporales- también creen que este acuerdo del Congreso "no está exento de recibir reclamaciones" y de generar inseguridad jurídica.
Según el consejero Julio Pérez el acuerdo de los partidos "es una noticia esperanzadora y se siguen abriendo oportunidades para que se encuentre una solución, pero son noticias aún periodísticas y lo importante es cómo quede redactado y tendremos una opinión". Pérez espera que los sindicatos acerquen posturas y se llegue a una solución intermedia entre los que defienden procesos de libre concurrencia para las oposiciones y entre quienes piden que los trabajadores que llevan años y años en la administración sean fijos sin oposición.
Pérez reconoció que su intención es acelerar el proceso "pero es complicado" y admitió que no tiene una respuesta a por qué la antigüedad para hacer fijos a los interinos se pone en cinco años -en ese acuerdo- y no en tres como pide Canarias y estaba pactado. En cualquier caso, afirma que sigue con la idea de buscar "una solución específica para Canarias" como se comprometió en el Parlamento. Asevera que quiere trabajar en dos líneas distintas: "aprovechar la oportunidad nacional, pues siempre se requerirá una ley estatal porque tiene más garantías jurídicas, y si hay alguna solución singular para Canarias que complemente intentaremos avanzar en ella". Para el comité de huelga estas manifestaciones del consejero son "un brindis al sol" y vacuas de un contenido claro que cumpla con el acuerdo alcanzado en abril. Creen que hay "mala fe negociadora del Gobierno de Canarias" en sus relaciones con los afectados, porque, si bien "tiene en sus manos solucionar el conflicto", no lo ha hecho sino que, por el contrario, "intenta dilatarlo de forma intencionada" con el propósito de dejar en manos del Estado la decisión de qué pasará con esos empleados, afirmó hoy lunes otra portavoz del comité de huelga y representante del sindicato Cobas, Delia Déniz.
Supone "una flagrante tomadura de pelo" del Ejecutivo a trabajadores a los que "sigue tratando con desprecio, sin tomarlos en serio, después de que llevan sirviéndolo años y años y acusan ya el desgaste de once meses de huelga" que han perjudicado a muchos, pues entre ellos "cada vez hay más casos de gente con depresión y otros problemas de salud" provocados por la inquietud en que viven, sostiene el portavoz Manuel González.
Sentencias
Por tanto, mientras el Ejecutivo canario está ganando tiempo hasta que el Congreso de los Diputados apruebe la nueva ley de reducción de la temporalidad en el empleo público, marco normativo básico para las comunidades autónomas, el comité de huelga exige una solución basada en el acuerdo alcanzado en abril e Canarias y en la primacía del Derecho europeo sobre el ordenamiento jurídico español a la hora de estabilizar al personal interino y garantizar su permanencia, sin que esté afectado por las ofertas públicas de empleo.
La más reciente jurisprudencia dictaminada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con el abuso de temporalidad en el sector público está ya provocando sentencias en diferentes juzgados españoles que fallan a favor de la supremacía del marco jurídico y legal de la UE sobre el español y declara la fijeza de diferentes empleados públicos que han recurrido a los tribunales para conseguir la estabilidad en sus puestos. En las últimas semanas dos sentencias en Madrid y una en Barcelona no solo dan la razón a los recurrentes, sino que recriminan a las administraciones públicas el abuso de la temporalidad con estos trabajadores, les homologa al mismo nivel de los funcionarios de carrera, aunque no sean tales, y argumentan los mismos razonamientos del TJUE en sendos fallos de 2020 y 2021 promovidos desde España.
