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Crisis migratoria

Canarias, sede del primer centro nacional de estudio sobre migraciones

El gobierno regional y el Poder Judicial trabajan para recopilar, analizar y 'exportar' la experiencia de las Islas | Casa África y Cruz Roja participan en el pionero proyecto

José Segura, Carla Vallejo y José Naranjo en la mesa redonda. Andrés Cruz

La migración corre por las venas de Canarias. La historia de las Islas se desarrolla de la mano de este fenómeno que durante los últimos años viene azotando fuertemente al Archipiélago. En lo que va de 2021 ya han llegado a las Islas más de 19.000 personas, y un total de 23.023 lo hicieron durante el pandémico 2020. Toda esta experiencia acumulada dejará de caer en saco roto y podrá ser aprovechada por el resto de territorios nacionales a partir del próximo año gracias a la creación en Canarias del primer centro permanente de estudio, análisis y formación del fenómetro migratorio. Así lo anunció ayer Carla Vallejo, viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, en el foro Derechos Humanos e Inmigración, un evento que organiza el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) junto a ejecutivo autonómico en Maspalomas y que se prolongará hasta mañana.

Álvaro Cuesta (CGPJ): «Las condiciones en los CIE son peores que en la cárcel»

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Priorizar la defensa de los derechos humanos; analizar los perfiles vulnerables; preparar una buena respuesta en el destino; o el respeto al proyecto migratorio; son solo algunas de las cuestiones que sentarán las bases de esta iniciativa. "Ya estamos trabajando con el CGPJ en la elaboración del convenio que sirva de marco jurídico para llevar a cabo este trabajo, esperamos tenerlo en los próximos meses", apuntó Vallejo, quién aseguró que el proyecto contará no solo con el respaldo y sabiduría de magistrados y jueces, sino también con la participación de otras instituciones como Casa África, Cruz Roja o la Organización Internacional de Migraciones. De forma que la información que se recopile en el nuevo centro permanente abordará el fenómeno desde diferentes perspectivas. "Es un problema que afecta cada día a muchos juzgados de toda España, tener un centro de referencia sería muy positivo", añadió sobre la cuestión Juan Luis Lorenzo Bragado, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Y a su entusiasmo se unió Álvaro Cuesta Martínez, vocal del CGPJ y encargado de inaugurar las jornadas formativas.

Peor que la cárcel

Durante la primera sesión del foro se alabó la experiencia de las Islas pero también se pusieron sobre la mesa las vergüenzas de la gestión de la crisis migratoria en Canarias. A Cuesta no le tembló la voz- quizás porque previsiblemente le quedan quince días en el cargo- , y aprovechó la coyuntura para reclamar una reforma de la Ley de Extranjería que acabe con muchas de las situaciones que viven los migrantes detenidos por una infraccón administrativa -traspasar las fronteras sin permiso no está tipificado como delito en España-. El vocal del CGPJ afirmó que las condiciones en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son "peores" que en la cárcel y recordó que quien está en un CIE solo ha perdido uno de sus derechos, el de la libre deambulación por el territorio, pero debe conservar todos los demás. Cuesta reclama, además, una mejora en los sistemas de acogida y confía en el Plan Canarias del Ministerio de Migraciones tras haber aprendido de los "errores que se cometieron a principios de 2020". Precisamente ayer el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, celebró una rueda de prensa en la que aseguró que existe “capacidad y protocolos” suficientes para responder al repunte migratorio de estos días y los centros no están saturados, a pesar de la llegada de 589 personas desde el sábado.

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, también afirmó ayer que en esta frontera sur de la Unión Europea (UE) se responde ahora "con más dignidad" al repunte migratorio, respecto a lo que ocurría hace un año, si bien sigue siendo urgente que las autoridades comunitarias obliguen al resto de países a ser solidarios con los adultos y menores que arriban a ella en pateras y cayucos. Una idea con la que coincidió Rafael Yanos, Diputado del Común, quién aseguró ser partidario de la imposición por ley de la "solidaridad interterritorial obligada" con los menores que llegan a las costas canarias. También comparten esta postura, José Segura, director de Casa áfrica, y José Naranjo, periodista independiente, quienes fueron los protagonistas de la primera mesa redonda de las jornadas organizadas por el CGPJ: La inmigración desde una perspectiva sociológica.

Yanes exige solidaridad interterritorial obligada en la acogida de menores

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El que fue delegado del Gobierno en España durante la crisis de los caucos insistió en la importancia de retomar el diálogo entre la UE y la Unión Africana en una etapa en la que el continente europeo está sufriendo una "preocupante involución" en la que los derechos humanos quedan arrinconados frente al avance de la política de defensa de fronteras. Por su parte, Naranjo remarcó que el fenómeno migratorio es estructural y beneficioso y animó a las instituciones a buscar alternativas como explorar vías legales, la posibilidad de una migración de ida y vuelta o la idea de llenar pueblos de la espacia vaciada con migrantes.

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