La consejera de Derechos Sociales en el Gobierno canario, Noemí Santana, prevé que la renta canaria de ciudadanía para ayudar a personas en exclusión social pueda llegar a los solicitantes en el segundo semestre del próximo año. En comisión parlamentaria, Santana resaltó ayer la importancia de que en los presupuestos del Archipiélago estén contemplados los recursos suficientes para implantar la medida con garantías desde un primer momento y no generar falsas expectativas, como ocurrió en el caso del ingreso mínimo vital.
Según Santana, «nos hubiera gustado» que la medida entrara en vigor con más agilidad, pero recordó que hay que cumplir con «los pasos regulados por la Ley». El Consejo de Gobierno aprobó esta semana la remisión de dicho proyecto al Consejo Consultivo de Canarias, lo que supone uno de los últimos escalones antes de que el documento llegue al Parlamento autonómico para su aprobación definitiva. En palabras de la consejera, la iniciativa ha sido refrendada por los informes del Consejo Económico y Social y del Consejo Municipal, además de que fue sometida a un amplio debate con colectivos del Tercer Sector, la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y la Federación Canaria de Cabildos (Fecai).
La consejera culpa al rigor de la Ley de la lentitud en la puesta en marcha del nuevo subsidio
La diputada socialista María del Pino González se congratuló por que la renta de ciudadanía será una prestación destinada a personas o unidades de convivencia en exclusión social, que tendrá un carácter subsidiario y complementario a otras ayudas. González aclaró que se mantendrá mientras dure el periodo de exclusión de los beneficiarios, se equipara al ingreso mínimo vital y se pretende una simplificación de los trámites, con el objetivo de que pueda cobrarse desde el mismo momento en que se solicite. Entre los potenciales destinatarios se contempla a ciudadanos que tengan un trabajo, pero que necesitan un complemento cada mes para salir de la situación de exclusión.
En la Comisión parlamentaria también se abordó el futuro Catálogo de Servicios Sociales, que debe dar contenido a la Ley autonómica aprobada en el 2019. La presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, María Candelaria Delgado Toledo, intervino para explicar que echa en falta un mayor debate de este documento con colectivos del tercer sector y con los órganos de los trabajadores sociales. En su opinión, dicho catálogo marcará el modelo de atención social pública de las Islas en el futuro por lo que entiende que este se debe concebir como un sistema, no como la mera suma de recursos. También propone que prevalezca la gestión directa, en vez de delegar en exceso en las onegés.
Delgado criticó el proyecto del Catálogo se haya elaborado sin la celebración de comisiones y grupos de trabajo entre los redactores del plan y organizaciones especializadas en atención o los trabajadores sociales para consensuarlo. Manifiesta que en el documento no están definidas con claridad algunas competencias de los cabildos y el Gobierno canario. Para Delgado, el proyecto no incluye algunos servicios que ahora prestan las corporaciones locales, ni queda completamente definida la financiación. El Colegio Oficial de Trabajo Social apuesta por analizar el texto para que no se reduzcan los servicios ni haya pérdida de empleo.
En La Palma hay un centro de acogida de 18 plazas
Noemí Santana también habló de menores inmigrantes no acompañados en La Palma a instancias de PP. Dijo que hay un recurso alojativo de 30 plazas para los adolescentes hasta que cumplen los 18 años y no hay más. Admitió que, a veces, en estos recintos los menores conviven con adultos. Cuando las pruebas óseas confirman que estos últimos tienen más de 18 años se les traslada a otros centros para proteger a los niños. Además, Santana valoró el trabajo del Gobierno central, al desarrollar una ley que es «garantista» con los menores para que cuando cumplan la mayoría de edad tengan su situación regularizada. La diputada del PP Lorena Hernández citó los problemas de documentación que tienen estos niños, muchos sin pasaporte e incluso sin partida de nacimiento, para acceder a un puesto de trabajo cuando cumplen la mayoría de edad. Sin papeles y sin trabajo «intentan sobrevivir como pueden», alertó, al tiempo que pidió al Gobierno que les garantice un recurso de vida en España si no quieren volver a sus países o seguir su viaje. | Efe
