Las expectativas creadas en el conjunto de comunidades autónomas para la reforma del sistema de financiación se han visto en su mayor parte frustradas tras conocer hace solo diez días la propuesta realizada por el Ministerio de Hacienda de acuerdo con el informe previo elaborado por el Comité de Expertos creado en el seno del departamento que dirige la ministra María Jesús Montero. La reacción de la mayoría de los gobiernos regionales ha sido de cautela ante la falta de datos definitivos sobre el sistema de reparto, el único que aborda la propuesta del ministerio, pero predominando en todo caso el recelo y una crítica de fondo sin entrar en muchos detalles.
Ninguno de los tres grandes grupos de comunidades con intereses comunes se ha dado por satisfecho, y considera que hay elementos en la propuesta que, o les perjudica, o no atiende suficientemente a sus necesidades de financiación. Canarias, única comunidad del régimen común que no pertenece a ninguno de esos grandes grupos, es la que peor parada sale, según un informe del centro de análisis económicos Fedea, porque la insularidad pierde peso frente a la despoblación como corrector del criterio principal de reparto, el de población ajustada, y se plantea batallar por salir del régimen común y apostar por una financiación singular similar a la de los regímenes forales, País Vasco y Navarra.
Canarias es la región peor parada porque la insularidad pierde peso ante la despoblación
A partir de ahí, hay análisis para todos los gustos pero con una conclusión final indiscutible para el conjunto de regiones: la propuesta no contenta a nadie en particular y es vista con recelo por la mayoría, cuando no rechazada abiertamente, a la espera en todo caso de conocer todos los datos. Se trataría pues de una propuesta “entre regular y mala”, aunque se abre ahora un periodo hasta final de enero para hacer aportaciones y correcciones antes de abordarlo en el seno del CPFF (Consejo de Política Fiscal y Financiera) para alcanzar un acuerdo entre comunidades autónomas y el Estado, y posteriormente un acuerdo parlamentario en el Congreso para llevar a cabo la pertinente reforma de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas). Un escenario donde todos tendrán que ceder y nadie parece estar dispuesto a hacerlo.
Una de las razones por las que ese recelo y esas dudas siguen marcando el proceso de revisión del sistema es que no se sabe nada sobre uno de los pilares de nuevos sistemas, el que tiene que ver con el volumen de los fondos a repartir y el conjunto de recursos que entran a formar parte del sistema. Es decir, hasta ahora solo se ha hecho una propuesta sobre cómo repartir, pero no sobre qué repartir, asunto sobre el que el Estado tendrá que aclarar si está dispuesto a incrementar su aportación, bien con fondos directos o cediendo parte de la tributación que aún mantiene. Según diferentes cálculos, contentar a todas las regiones en términos similares a los que plantean sus respectivas peticiones de reforma costaría al Estado en torno a 18.000 millones. Sin esa cifra adicional sobre la mesa, alcanzar un acuerdo será muy difícil, como han reconocidos distintos dirigentes regionales.
El Archipiélago canario perdería un 2,9% de recursos con respecto al modelo vigente
Canarias ha sido una de las comunidades donde más rechazo ha provocado la propuesta de financiación realizada por Montero, primero porque no aclara si excluye los recursos del REF del conjunto del sistema, y porque incluir la despoblación como corrector de la población ajustada ‘castiga’ el criterio de insularidad, sin que se introduzca otros elementos que favorecerían a las Islas como las tasa de paro y pobreza o el de renta regional per cápita.
Según Fedea, Canarias perdería un 2,95 % respecto al modelo en vigor, que está prorrogado desde 2014. Pero son muchas otras comunidades las que cuestionan, en muy distintos sentidos, la propuesta ministerial.