La Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público ha sido aprobada por el Senado lo que implica que la norma obtiene su visto bueno definitivo y concluye por tanto su trámite en las cámaras tras haber logrado su aprobación también en el Congreso de los Diputados el pasado 2 de diciembre. La ley tiene su origen en el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, aprobado en el Consejo de Ministros, texto que se convalidó en el Congreso de los Diputados el 21 de julio.
El objetivo de la ley que se ha aprobado hoy en el Senado es reducir la temporalidad del conjunto de las administraciones por debajo del 8%. Éste es, a su vez, un compromiso que adquirió el Gobierno central con la Unión Europea a través de las reformas contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la recepción de los fondos europeos.
Esta ley afecta a más de 25.000 empleados públicos canarios si se incluyen a sanitarios y docentes, además del personal que trabaja para los ayuntamientos y los cabildos.
Las Administraciones Públicas deberán ofertar, antes del 1 de junio de 2022, las plazas de trabajadores temporales que están actualmente ocupadas. Los procesos selectivos deberán finalizar antes del 31 de diciembre de 2024. Un proceso de concurso-oposición será el que dará acceso a estas plazas. La fase de concurso ponderará un 40% y la experiencia será el elemento determinante en la valoración. Los ejercicios de la fase de oposición podrán considerarse no eliminatorios. Asimismo, las diferentes Administraciones podrán adaptar el temario y el tipo de pruebas para la estabilización del empleo, según consideren más apropiado para cada ámbito. Las plazas que hubieran estado ocupadas con carácter temporal de manera ininterrumpida desde antes del 1 de enero de 2016 se convocarán por el sistema de concurso de manera excepcional.
