El Ayuntamiento de La Laguna exigirá a la Iglesia la restitución de los bienes de los que se apropió en el municipio. El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), indicó ayer que la Junta de Gobierno abordó una propuesta para llevar el asunto a pleno y que se proceda a «la reversión de esas inmatriculaciones que ellos mismos reconocen que son no conformes a derecho». Además, manifestó que el objetivo de la iniciativa plenaria es que todas las formaciones políticas que quieran se sumen a la exigencia de restitución de esas propiedades a sus dueños.
Sede del Obispado de Tenerife y con un casco histórico que mantiene un vínculo estrecho con las tradiciones religiosas, La Laguna es el municipio más afectado del Archipiélago por registros de propiedades por parte de la Iglesia de los que no se ha podido confirmar que fueron correctamente realizados. Así se desprende del informe sobre la aplicación de la Ley Hipotecaria, que se conoció el lunes y en el que la Conferencia Episcopal Española explica que ha revisado la titularidad de 532 bienes en las Islas, de los que ha podido verificar la adecuada inmatriculación de 412, mientras que hay 17 expedientes duplicados y 32 en los que falta información para identificarlos con exactitud. La práctica totalidad de esos casos se encuentran en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y entre ellos hay 15 en el municipio de La Laguna.
El primer teniente de alcalde de La Laguna y líder de la coalición de izquierdas Unidas se Puede, Rubens Ascanio, expresó ayer que desde esta formación política y desde el gobierno local han dado pasos para hacer posible la recuperación de los bienes incorrectamente registrados por la Iglesia católica. Una de las principales actuaciones se produjo el 17 de febrero del pasado año, cuando dirigió al alcalde un escrito solicitando «a la mayor brevedad posible» la elaboración de un informe por los servicios jurídicos municipales sobre la potestad del Ayuntamiento para realizar «averiguaciones» e «impugnaciones» ante las «inmatriculaciones de posibles bienes públicos por parte de la Iglesia Católica».
En este sentido, el Obispado de Tenerife expresó ayer que «la Iglesia no tiene ningún interés en apropiarse de lo que no es suyo». Y añadió en la misma línea: «Las incidencias detectadas por el informe publicadas por la Conferencia Episcopal Española, referidas a 32 casos en la Diócesis, se refieren a inmuebles de los que no se pudo comprobar íntegramente si existían títulos anteriores que aportaran garantías sobre la propiedad. Aun así, seguimos dispuestos a la realización de cualquier verificación».
En otros municipios tinerfeños como Los Realejos, el portavoz del grupo de gobierno municipal, Adolfo González, señaló que «no hemos detectado ningún inmueble que forme parte del patrimonio municipal que esté afectado por esta situación, así que en Los Realejos no tenemos ningún conflicto con la Iglesia respecto a bienes inmatriculados y tampoco tenemos conocimiento de que exista conflicto con vecinos de la localidad».
Por su parte, en San Juan de la Rambla su alcalde, Ezequiel Domínguez, indicó que «este asunto se limita a las dos principales iglesias, la de San José y la del casco de San Juan, así que, evidentemente, la propiedad de estos dos templos no está en discusión ni tenemos discrepancias ni debates. Ningún vecino nos ha hecho llegar tampoco que existan más quejas».
