Canarias busca una estrategia para entrar en la puja por sedes de organismos estatales

El Ejecutivo canario quiere tener mayor presencia en la Sociedad de Salvamento Marítimo

La intención del Gobierno central es la de ubicar las sedes de los organismos públicos de nueva creación fuera de la capital del Estado en el contexto de las políticas de lucha contra la despoblación de determinados territorios, o establecerlas en lugares muy vinculados a la función o actividad de las entidades que representen, pero descarta incluir en esta descentralización los organismos o entidades ya consolidadas. Esto impediría que Canarias pudiera hacerse con la sede del ente encargado de la vigilancia volcánica, el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que el propio Torres reclamó tres la erupción en Cumbre Vieja, en La Palma, en septiembre pasado.

El Gobierno central no quiere abrir el melón del traslado de sedes desde su ubicación actual, aunque sí establece la posibilidad de que “por razones especialmente motivadas” se pudiera contemplar algún caso puntual.  Un ejemplo de que habrá cambios de sede ya existentes es el previsto para llevar de Madrid a Soria el Centro de Datos de la Seguridad Social.

El Ejecutivo regional se aferra a este argumento e insistirá en la idoneidad y lógica de que el organismo científico que gestiona toda la investigación e información sísmica y vulcanológica se encuentre en el único territorio nacional donde recientemente se han producido este tipo de fenómenos. En todo caso, el Ejecutivo regional considera que si no es posible el traslado de la entidad en su conjunto o su sede, sí podría abrirse algún tipo de delegación o centro específicamente ligado a la vigilancia volcánica en Canarias, que coordinaría y complementaría la funciones del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) y del propia Plan de riesgos y emergencia volcánicas (Pevolca).

Canarias también apuesta en este marco por obtener una mayor presencia de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar, Salvamento Marítimo), que, como el IGN, depende del actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y los dos con sede central en Madrid. También podría optarse a la recepción del Observatorio de Política Medioambiental, o la de cualquier organismo gestor relacionado con el turismo, que sería complementaria a la de la Agencia Europea del Turismo en el ámbito de la UE que el Gobierno regional ha solicitado acoger.

El viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, aclara que lo que el Gobierno de Canarias ha hecho hasta ahora es “una reflexión de fondo sobre las diferentes áreas sobre las que podríamos plantear tener las sedes en Canarias”, pero que no hay ningún acuerdo no decisión tomada sobre cómo participar en este proceso. “Oficialmente no hemos llegado a planear nada, porque no sabíamos el marco en el que se va producir este proceso ni sus reglas de juego. No hemos podido ir más lejos”, afirma Olivera recordando que será hoy cuando se conozca el proyecto del Ministerio de Política Territorial.

 

Identificar opciones

“Tenemos interés en que aquellas cuestiones que tengan sentido impulsar porque encajen con nuestras singularidades puedan tener su sede en Canarias. Lo vamos a estudiar y en su caso reclamar alguna de esas sedes. Vamos a estar muy pendiente de lo que ya existe y de lo se pueda crear que tenga sentido que podamos reclamar”, señala Olivera. Reconoce que “tiene su lógica” que sólo se abra el proceso de descentralización a los organismos de nueva creación “porque un cambio administrativo que afecte a los empleados públicos es más difícil”, pero señala que “se puede plantear también un movimiento parcial de esas sedes para que todo el crecimiento a partir de ahora se pueda ir concentrando en otros territorios”. “Tampoco hay que desecharlo del todo el cambio de sede ya existente cuando tenga sentido. Queremos ver cómo se va a regular el proceso para identificar opciones”, afirma el viceconsejero.

La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, plantea en el proyecto que se aprobará hoy un proceso “objetivo, transparente y competitivo” con el objetivo de “potenciar el papel vertebrador de las instituciones públicas en el conjunto del territorio”. Las comunidades autónomas podrán proponer candidaturas de localidades donde ubicar la nuevas sedes de todas los organismos públicos, agencias, autoridades independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones y fondos carentes de personalidad jurídica, que se vayan a constituir en el futuros. Uno de los criterios de baremación será la tasa de desempleo de los municipios que se postulen como sedes, aunque también elementos como la situación de la vivienda o el número de instituciones del Estado presentes en esa región.

El Consejo de Ministros aprueba hoy el proceso para la ubicación de futuras entidades

En todo caso, se tendrá en cuenta la capacidad de las administraciones públicas de la región o localidad que se postule para ofrecer medidas de apoyo, cesión de inmuebles o asunción del coste del personal que pudiese ser trasladado. El proyecto gubernamental prevé la creación de una comisión consultiva entre los ministerios afectados para elaborar un informe con los criterios a que deben atenerse las candidaturas para cada uno de las sedes que salgan a concurso, mientras que una persona de Política Territorial redactará un dictamen con las candidaturas presentadas que servirá de base para que el Consejo de Ministros adopte la decisión final en cada caso.