La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias trabaja en la actualidad en la tramitación, por la vía excepcional, de parques eólicos y fotovoltaicos correspondientes a los programas europeos de financiación Eolcan y Solcan. A lo largo de este mes de febrero se prevé que queden todos los expedientes resueltos. Hasta el momento se han autorizado o están listos para autorizar 16 parques y se han denegado cinco por no cumplir con los requisitos establecidos. El Departamento autonómico está dedicando todos los recursos humanos disponibles para solventar esta situación, indican desde la Consejería.
Esta vía extraordinaria, que requiere de aprobación por parte del Consejo de Gobierno, corresponde a la aplicación del Artículo 6 bis, un procedimiento para declarar las obras de interés general para el suministro de energía eléctrica y que permite su construcción eximiéndolas de un trámite municipal o licencia urbanística.
El Ejecutivo se ha visto obligado a recurrir a esta figura legal ante la falta de planificación energética que ha existido en el Archipiélago desde el extinto Plan Energético de Canarias (PCAN), que se aprobó en 2006 y caducó en el año 2015. Si hubiese existido esa planificación, este procedimiento no sería necesario, afirma la Consejería.
En este sentido, Transición Ecológica ya tiene redactado y listo para aplicar el Plan de Transición Energética de Canarias, el cual vendrá a solucionar esta problemática de tramitación y que se empezará a aplicar una vez se supere el trámite parlamentario de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
A pesar de que se está habilitado esta vía extraordinaria, la Dirección General de Energía debe analizar con detenimiento si estos proyectos van contra el planeamiento municipal ya que, de ser así, el Gobierno canario instaría al Ayuntamiento correspondiente a cambiar el Plan General del municipio para ajustarse a la obra que se autoriza.
El procedimiento de tramitación actual, que proporciona mayor garantía legal al proyecto, establece entre sus criterios la consulta a los cabildos insulares sobre la oportunidad e idoneidad de estas infraestructuras para su territorio. Esto supone un cambio respecto a la anterior legislatura, en la que se establecía un decretó único que eximía a estos proyectos del trámite previo ambiental.
Esta vía extraordinaria se llevando a cabo con proyectos de parques eólicos y parques fotovoltaicos. Estos últimos, correspondientes a la convocatoria Solcan, no existían en anteriores legislaturas por lo que conlleva una carga adicional respecto a anteriores legislaturas.
Voz de alarma
Los empresarios del sector de las energías renovables han lanzado la voz de alarma ante los retrasos que acumulan las autorizaciones administrativas que tiene que resolver la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno regional. La preocupación se centra sobre todo en proyectos que cuentan con financiación de fondos europeos, que se pueden perder si no están finalizados y en marcha antes del 31 de diciembre de este año. Por lo pronto, el primer compromiso del departamento que dirige José Antonio Valbuena para que las autorizaciones estuvieran antes de finalizar 2021 se ha incumplido y ya en febrero la situación se vuelve alarmante porque más demoras darían al traste con la planificación prevista, tanto en proyectos de energía eólica como fotovoltaica. Están en juego más de 40 millones de euros de fondos comunitarios.
Enrique Rodríguez de Azero, presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables, reconoce que la opción que le queda a los promotores es «presionar» para que el Gobierno «se ponga las pilas» y evitar un escenario «catastrófico» por la pérdida de fondos europeos destinados a Canarias a través de los programas Eolcan 2 y Solcan 1. «Muchos proyectos corren peligro, la buena voluntad no vale en estos casos, estamos muy preocupados por cómo van las cosas», lamenta Rodríguez de Azero.
Están en juego más de 47 proyectos entre eólicos y solares. En las últimas semanas los consejos de Gobierno han ido introduciendo en el orden del día los decretos para la ejecución de diversos parques eólicos y plantas fotovoltaicas pero «a cuentagotas», según el dirigente empresarial, que reclama más celeridad en las autorizaciones porque los promotores necesitan certidumbre y la ejecución de las infraestructuras no es ni fácil ni rápida y requiere sus tiempos.
En el caso de los programas Eolcan 2 y Solcan 1 se trata de un paquete de ayudas procedentes de la financiación del Fondo de Desarrollo Regional (Feder) que se elevan en conjunto a unos 42 millones de euros y que están gestionados a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Eolcan 2 prevé 16 proyectos eólicos de una potencia conjunta de 98 megawatios (MW) con unos 22 millones de ayudas.
El programa Solcan 1 sí es decisivo para incrementar notablemente la penetración de las energía fotovoltaica en las Islas. De hecho supondría el despegue de esta fuente renovable ya que cuenta con hasta 65 instalaciones y unas ayudas comunitarias de unos 20 millones de euros. La potencia casi se duplicaría según las estimaciones hasta los 350 megawatios. En ambos casos los proyectos tienen que ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2022.
Según los empresarios, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial se comprometió a tener las autorizaciones administrativas para los parques eólicos y proyectos fotovoltaicos de estas convocatorias de potencia con fondos Feder antes del 31 de diciembre.
