El Juzgado de Instrucción Nº 4 de Santa Cruz de Tenerife ha acordado no admitir a trámite la querella presentada por la asociación Liberum contra el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa a raíz del acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de julio del año pasado por el que se exigía 'certificado Covid', prueba negativa o haber pasado la enfermedad a los usuarios de hostelería, restauración, actividad cultural, física y deportiva.

El auto, del pasado 17 de enero y hecho público este jueves, ha sido recurrido por la asociación y expone, entre otras cosas, que la presentación de la documentación no vulnera el derecho de igualdad porque no discrimina entre vacunados y no vacunados, según jurisprudencia del Tribunal Supremo.

La magistrada sostiene también que no se vulneran ni el derecho a la intimidad ni la protección de datos dado que la información sobre la vacunación es "pieza básica" para tratar de contener la pandemia y no hay posibilidad de recoger los datos ni crear ficheros.

Asimismo, apunta que no es una medida arbitraria porque se toma para evitar la propagación del virus y se entiende que no cabe el delito de prevaricación porque el querellado es presidente de una institución y toma la decisión con los datos proporcionados por las autoridades sanitarias.

El auto descarta también el delito de coacciones porque el decreto no obliga a las personas a vacunarse dado que daba alternativas para acceder a los locales, lo mismo que el delito de odio, pues presentar el certificado no implica una campaña de odio contra los no vacunados.