Fermín Delgado, viceconsejero de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos, valora la nueva estrategia de la Comisión Europea para las Regiones Ultraperiféricas, una ‘hoja de ruta’ menos paternalista y cuya puesta en práctica exige la implicación del Gobierno central.
Decía la comisaria Elisa Ferreira que las políticas europeas, «todas», ya tienen en cuenta las singularidades de Canarias, pero matizó que en adelante la tendrán «aún más en cuenta». ¿La nueva estrategia para las Regiones Ultraperiféricas (RUP) es el primer paso?
La nueva estrategia responde a una solicitud de la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas de mediados de 2020. Se puso sobre la mesa la necesidad de actualizar la estrategia ante los efectos del covid y las debilidades que este ha puesto en evidencia. La idea era poner el acento en medidas para la recuperación económica, la recuperación del empleo y el mantenimiento de la cohesión social. La novedad es que se pone a la gente en primer lugar, se incide mucho en la lucha contra la pobreza, en la igualdad, en la inclusión... Y luego se exponen las potencialidades de las RUP en ámbitos como los de la I+D+i, la economía verde y azul, la sostenibilidad, la acción contra el cambio climático, la economía circular y la transición digital. Básicamente los grandes ejes de la nueva política europea, que se plantean como oportunidades.
Da la sensación de que en esta nueva ‘hoja de ruta’ la Comisión Europea de algún modo les pide a las RUP una actitud más proactiva.
Esa es la novedad. Ahora en lugar de recomendaciones se insiste de alguna manera en decir oiga, utilicen ustedes esas potencialidades, la pelota está en su tejado; son ustedes, Regiones Ultraperiféricas, y ustedes, Estados de esas RUP, los que deben concretar la estrategia. Porque la estrategia, al fin y al cabo, es un paraguas en el que no se definen acciones concretas. Somos nosotros quienes mejor conocemos nuestros problemas, nuestras dificultades y nuestras prioridades, de modo que lo que nos pide la Comisión Europea es que seamos nosotros los actores relevantes, que seamos quienes propongan las acciones concretas para que luego Europa busque las herramientas para ayudarnos. Se huye de una visión digamos más paternalista. Aquí juegan un papel importante las nueve regiones RUP pero también los tres Estados a los que pertenecen, porque al final los interlocutores oficiales son los Estados.
Entonces en la medida en que Canarias sea capaz de concretar su propia estrategia Bruselas incluso podría adelantar determinados fondos comunitarios.
Sí, en esa acción como RUP y como Estado cabe priorizar. Ellos siguen insistiendo mucho en la colaboración con otras regiones europeas, en el programa Interreg y en la cooperación con la Europa global. Es decir, que al margen de los asuntos internos intentan fomentar la relación de las RUP con su contexto territorial. En nuestro caso, junto con Madeira y Azores, estamos en el Interreg MAC, donde ahora tenemos proyectos con siete países africanos. Eran tres y ahora se incorporan cuatro más: Gambia, Ghana, Costa de Marfil y Santo Tomé y Príncipe. Y ya estaban Mauritania, Cabo Verde y Senegal. Se trata de que Canarias apoye su desarrollo también en esos países y a la vez contribuir a su desarrollo. Es una relación bilateral de beneficio mutuo que en nuestro caso tiene especial importancia también por el fenómeno migratorio.
Volviendo al asunto de los fondos comunitarios, que al final son los que financiarán la ejecución de la estrategia, Bruselas suele tener en cuenta a las RUP en el reparto de los dineros, mientras que España no muestra deferencia con su única RUP, Canarias, cuando es el Estado el que distribuye los fondos.
La Unión Europea modula los fondos comunitarios en virtud del artículo 349 del Tratado de funcionamiento, y siempre coloca una dotación adicional para las RUP. En el Feder, en el programa operativo 2021-2027, y al margen de la cantidad que le toque a cada territorio en función de que sea objetivo 1 o el que sea, pues como RUP tenemos, tal como establece el reglamento, alrededor de 600 millones adicionales. Lo mismo con el Fondo Social Europeo Plus, donde por primera vez nos colocan en el nuevo programa operativo 70 millones como dotación RUP para Canarias. Pero voy ahora al programa NextGeneration. Recuerde que había dos fondos, el del React-EU y el del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el MRR. En el primer caso es la Unión Europea la que determina su reparto de acuerdo con el reglamento, que establece que debe haber una dotación RUP específica que, creo recordar, es de 40 euros por persona, unos 70 millones de euros. De modo que cuando Canarias recibe 630 millones, una parte de la cantidad adicional a la que nos correspondería por nuestro peso se debe a esa dotación por la condición de RUP. Ahora bien, en el MRR, los fondos los distribuye el Estado. Europa se los da al Estado español y le dice repártalos usted como quiera. Pues bien, en el reparto que España hace de los fondos del MRR, que como sabe es la parte del león, donde hay más dinero, nunca tiene en cuenta la dotación RUP para Canarias. En absoluto. ¿Son fondos europeos?, sí; ¿los pone la Unión Europea?, sí... Pero como en este caso se le dice a España repártalos como quiera, pues no hay dotación RUP.
Esto refuerza la percepción generalizada de que Bruselas continúa teniendo una mayor sensibilidad hacia Canarias que la propia España.
Sin duda ninguna. La Unión Europea siempre modula las políticas comunitarias atendiendo al 349, mientras que en las políticas económicas españolas cuesta mucho que se modulen específicamente para Canarias como RUP. Lo normal es que nos den un tratamiento bastante similar que al resto. Eso sí, también debemos ser justos y recordar que en los 1.144 millones se tuvo completamente en cuenta a Canarias no ya como RUP, sino como región más dañada, junto con Baleares, por el covid. Ahí sí es verdad que el Gobierno español se portó. Pero con criterio general sobre la distribución de fondos, le digo que cuando el reparto está establecido en los reglamentos europeos, los fondos tienen una dotación RUP; y cuando los distribuye el Gobierno español, no la tienen.
También es cierto que la desconsideración al estatus de RUP en el reparto de los fondos comunitarios no condicionados desde Bruselas es algo que viene de lejos. Es decir, no es solo achacable al Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Es así?
Viene de atrás. Hombre, no en el caso del MRR, porque antes no lo había, claro, pero en general viene de atrás. Todos los Gobiernos de España tienen una sensibilidad sobre este tema que... En fin, siempre hay que recordarles nuestra situación, mientras que en la Unión Europea hay una práctica, hay una política común, hay un artículo 349 y, como usted bien sabe, hay una sentencia, la Sentencia Mayotte, que deja claro que hay que modular las políticas. El caso es que no tenemos un artículo como ese, como el 349, en el marco constitucional español. No existe, así que el Gobierno de España no está incumpliendo nada, lo que no quita que sea verdad que la sensibilidad que demuestra es inferior a la de la Unión Europea cuando reparte, insisto, los fondos comunitarios.
Vamos, que lo del estatus de RUP se entiende en Madrid tan bien, o tal mal, como se entiende el Régimen Económico y Fiscal (REF). ¿No siente que a veces se predica en el desierto?
Es un poco fuerte esa formulación, pero en general siempre hay que recordarles a los Gobiernos del Estado nuestras especificidades. Ya le digo: como no tenemos un artículo de ese rango en la Constitución, pues no tenemos el marco o la percha jurídica, por así decirlo, para exigir, no al menos para exigir más allá del ámbito de la política. En el REF no es así porque sí hay una ley.
Pero no me refería tanto al cumplimiento como al entendimiento.
Efectivamente hay una continua necesidad de explicar nuestras especificidades en el marco fiscal y en el marco de las compensaciones a Canarias, que, en fin, no son un privilegio, sino un instrumento económico-fiscal necesario para igualarnos al resto de la población continental o a las empresas continentales. Esa necesidad de explicación continua es el día a día de las relaciones con el Estado. Con este Gobierno y con el anterior.
Por cierto, cuesta imaginar al Estado francés, alemán o luxemburgués, si lo prefiere, olvidando solicitar que se exceptúe a uno de sus territorios de una medida comunitaria que cuestione su singularidad. Lo digo por lo de la tributación mínima en el Impuesto sobre Sociedades.
En primer lugar hay que decir que la tributación mínima es un avance muy importante para luchar contra la elusión fiscal de las grandes multinacionales. Nuestra satisfacción por la aprobación en la OCDE y por el hecho de que la Unión Europea lo intente aplicar para el conjunto de Europa, y también en Canarias, es total. Lo que ocurre es que nosotros tenemos unos instrumentos e incentivos fiscales autorizados por la misma Comisión Europea desde hace muchísimos años, y ahora viene una directiva que intenta, la primera directiva que lo intenta, homogeneizar la imposición directa. Pues bien, lo que pretendíamos y defendemos es que se respete la cuota que resulte en la liquidación del Impuesto sobre Sociedades, aunque sea inferior a ese mínimo del 15%, en el caso de aquellas empresas que aun facturando más de 750 millones se acojan a la Reserva para Inversiones en Canarias, a la Deducción por Inversiones en Canarias... En absoluto estamos pidiendo que Canarias se quede fuera sin más. Solo en el caso de aquellas empresas que acudan a los instrumentos fiscales que son buenos para Canarias. Dicho esto, es verdad que el director general de Fiscalidad, Benjamin Angel, nos ha dicho con claridad meridiana que ningún país de Europa ha planteado ninguna excepción a esta directiva. Así de claro lo ha dicho. Tenemos el reconocimiento por parte del director general de Fiscalidad de la Comisión Europea de que España no ha presentado una propuesta concreta de excepción. Y eso es bastante decepcionante... No haber hecho una propuesta de excepción es decepcionante. Tú puedes hacer una propuesta de excepción y que finalmente no salga adelante, porque al fin y al cabo Europa son 27, pero si no haces la propuesta es imposible ganarla. Si no la planteas, no se discute; y si no se discute, no la puedes ganar. Siempre poniendo en valor que la medida es muy importante para el conjunto de los ciudadanos de Europa, de España y de Canarias. De hecho nosotros somos los que estamos a la cabeza de esta reivindicación, porque las multinacionales tienen que pagar en el país donde obtienen sus beneficios, por eso estamos completamente de acuerdo con la medida de carácter general, pero queremos una excepción.
Que España no hiciera esas alegaciones, que no pidiera esa excepción, no tiene nada que ver con que el Gobierno de Canarias no informara o presionara lo suficiente en Madrid, ¿verdad? Y otra cosa, ¿han podido hablar con el Ministerio estos días?
Lo segundo no y lo primero sí. La directiva se pone en marcha, se aprueba, en diciembre de 2021, y nosotros, tras estudiarla, enviamos en febrero de 2022 la primera carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y luego otra a la ministra de Economía, Nadia Calviño, que es quien negocia en el Ecofin. Y mandamos otra carta al secretario de Estado para la Unión Europea, que es el único que nos contestó diciendo que había transmitido la solicitud a los dos Ministerios. Se lo transmitimos también a los dos eurodiputados canarios, a Gabriel Mato y a Juan Fernando López Aguilar... Todo eso lo hizo la Consejería de Hacienda, pero también el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, dirigió una carta a la ministra de Hacienda, el 1 de abril, en el mismo sentido. Es decir, el Gobierno de Canarias ha cumplido su papel. No obstante, hay que recordar que este es un tema excepcional que afecta a pocas empresas. De hecho nuestra defensa es más por el fuero que porque la afección sea grande, que no es muy grande. Pero claro, en la medida en que empiezas a no defender cosas relacionadas con nuestras especificidades, entras en un camino que no nos gusta: el de abdicar de la defensa de nuestras singularidades.