El Gobierno central aprovechó ayer el real decreto mediante el que pone coto al precio del gas, y reducir así la factura de la luz, para matizar sobre la agilización de la entrada de este combustible en Canarias. Así lo demandó el Ejecutivo autonómico, que celebró una redacción que al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, sin embargo, no le basta.
El texto es «absolutamente confuso», según el mandatario insular, y «de una ambigüedad calculada». Por contra, para Torres queda definitivamente claro que la decisión sobre la planificación energética en la comunidad autónoma es potestad del Gobierno regional.
La disposición adicional cuarta del real decreto 10/22 bendecido el viernes por el Consejo de Ministros señala que la implantación de plantas regasificadoras sin necesidad de autorización administrativa «se aplicará conforme a los objetivos y fines en materia de transición energética que establezcan, para Canarias, la Administración General del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito de sus respectivas competencias».
«Ya dijimos, en su momento, que la planificación energética de Canarias establece que el uso del gas solo debe ser para las centrales térmicas, para su uso propio, y también para el suministro de buques en los puertos de las Islas», expuso el presidente canario.
«Ya no hay riesgo de que se abra la puerta a un mercado gasista»
El texto inicial, incluido en el decreto aprobado por Madrid para hacer frente a los problemas económicos derivados del intento de invasión rusa a Ucrania, dejaba abierta la puerta a interpretar que Madrid soslayaba las competencias del Archipiélago en lo que respecta al diseño de su transición energética. Estas tienen su encaje legal en el artículo 163 del Estatuto de Autonomía.
«Con la nueva redacción queda claro que en todo momento se debe tener en cuenta el marco competencial de ambas administraciones, la estatal y la canaria, y, por lo tanto, ya no existe riesgo alguno de que se implante una regasificadora que abra la puerta a alguna forma de mercado gasista sin el visto bueno del Ejecutivo regional, que debe tenerlo contemplado, en su planificación», apuntó el consejero canario de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena,
A esto añadió que ya no cabe la duda sobre la imposibilidad de vender gas natural en estado gaseoso y, por tanto, de generar una red de distribución que conduzca dicho combustible hasta las empresas y hogares como sucede en la Península. Llegará líquido a las centrales eléctricas, allí se regasificará y se quemará. Lo mismo en los puertos canarios, donde el destino final será el repostaje de los buques y embarcaciones en general. «Queda claro que no se podrá desarrollar la disposición final cuarta, mientras no se modifique la planificación energética de Canarias», subrayó Valbuena.
«El texto incorpora una inseguridad jurídica inaceptable»
¿Y si se modifica? Esa es la rendija que quiere ver cerrada del todo Antonio Morales. «Este texto incorpora una inseguridad jurídica inaceptable. Abre la puerta a todas las posibilidades», lamentó el presidente del Cabildo. En su opinión, solo la retirada de la disposición adicional cuarta garantiza la inexistencia de problemas.
Madrid quiere que se utilice gas en las centrales eléctricas de las Islas en la confianza de que el precio de este hidrocarburo vuelva a ser inferior al del petróleo. Además, Valbuena planteará a la ministra Teresa Ribera en unos meses la necesidad de sustituir los actuales grupos de generación que están obsoletos y son ineficientes de las centrales canarias por otros que permitan mayor flexibilidad en la operación eléctrica.
Hoy en día se paran parques eólicos por la imposibilidad de reducir la producción de los equipos por debajo de un límite demasiado alto. Hacerlo implicaría dificultades para poder poner a velocidad de crucero auténticos elefantes mecánicos que no tienen cabida en la lucha contra las emisiones.
