La Audiencia de Cuentas ve mejoría en el nivel de inversiones de la Comunidad Autónoma en 2020, un año marcado por la pandemia de covid, y que se situó en el 65,39%, aunque aún «lejos» de una «ejecución normal», en torno al 90%.

Esa fue ayer una de las conclusiones del presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, en su comparecencia en comisión parlamentaria, en la que resaltó que, a pesar de esa mejoría frente a pasados ejercicios, en los que hubo cifras «paupérrimas» en algunas consejerías, los porcentajes siguen siendo bajos.

En la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos el grado de ejecución en inversiones reales fue ese año del 56,34%; en Obras Públicas, Transportes y Vivienda, del 58%; en Educación, Universidades, Cultura y Deportes, del 64%; y en Agricultura, Ganadería y Pesca, del 68%.

Pacheco deslizó que «sería interesante» que la Audiencia pudiera elaborar un informe singularizado para ver «qué cuellos de botella hay» y si es una cuestión de falta de personal, de planificación o de terrenos para el caso de infraestructuras fijas.

Uno de los aspectos en los que se detiene el informe del órgano fiscalizador del ejercicio de 2020 es el de las cantidades pendientes de cobro, algo que es «repetitivo» en los últimos años y que «de alguna manera demuestra una pasividad» por parte de la administración. Abundó en que hasta la fecha «se ha hecho poco» por corregir esa situación, que va camino de convertirse en «añeja», y en que debe haber un proceso que dé garantías de que los derechos reconocidos se dan de baja de una manera justificada y de que se pida responsabilidades en el caso de que existieran.

Y dentro de este epígrafe se detuvo en el «elevado importe» de subvenciones pendientes de justificar, de las cuales el 94% corresponden al Instituto Canario de la Vivienda y el Servicio Canario de Empleo, con una antigüedad superior a cinco años. A cierre de 2020 apenas un 5,5% de estas subvenciones tenían pendiente una resolución de reintegro por incumplimiento de justificación. El resto, por 515 millones de euros, estaban pendientes de comprobación y no figuran en las cuentas generales como pendientes de cobro.