El Gobierno de Canarias recalcó ayer que la querella presentada por la Fiscalía de Las Palmas en relación con un centro de acogida de menores migrantes habilitado en unos apartamentos en Puerto Rico, en el sur de Gran Canaria no está relacionada con ningún empleado público. La querella se dirige contra seis responsables y trabajadores del centro –ya cerrado– por abandono de familia, omisión del deber de impedir la comisión de delitos y lesiones leves.
El portavoz del Ejecutivo canario, Julio Pérez, señaló que durante el Consejo de Gobierno, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, recalcó que la acción penal no se dirige contra personal de la Consejería y que «ningún empleado público» es objeto de la misma, a pesar de que en el trámite de diligencias la fiscal llamó a declarar en calidad de investigados a varios empleados públicos.
Santana también subrayó que, en su momento, a raíz de unas denuncias, la Consejería inició «un procedimiento interno de investigación» que posteriormente trasladó a la Fiscalía. Por ello, apuntó Pérez, «aparentemente» la Consejería de Derechos Sociales, sin ánimo de «devaluar los hechos», actuó de una forma que «no merece reproche de la Fiscalía», pues «se movió» para recabar información y trasladar lo que sabía al Ministerio Público.
La querella de la Fiscalía ha sido presentada en los Juzgados de San Bartolomé de Tirajana, a raíz de la denuncia que cursó el 15 de junio de 2021 la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, después de recibir un correo electrónico anónimo de trabajadores del centro de menores por supuestos casos «de agresión sexual, prostitución, violencia física y otras».
El decreto de la Fiscalía por el que se formula la querella se señala que en el centro se producían «continuas fugas, autolesiones de los menores, problemas de convivencia con los vecinos de la zona, menores que se sentían totalmente desprotegidos y temerosos y una sospecha de agresión sexual a un menor que no se puso en conocimiento de las autoridades» y que ya ha sido puesta en manos de los juzgados por el Ministerio Público.
