Sebastián Quintana, ‘alma mater’ de la asociación ‘1.500 km. de costa’, lamenta que haya ayuntamientos que no tengan todavía planes de seguridad para las zonas de baño cuatro años después de la aprobación del decreto, que ahora el Gobierno aplaza. No cree que la norma sea tan exigente y advierte que los ahogamientos son la primera causa de muerte por accidente en las Islas y duplican la mortalidad del tráfico.
¿El litoral de Canarias es inseguro?
Hay 13 instituciones y ONG que velan por la seguridad de los bañistas en el espacio acuático de las Islas y el 112 tiene un prestigio internacional de primer nivel. El litoral no es inseguro, los inseguros y peligrosos somos nosotros. Lo que está sucediendo en las costas es que la gente no está guardando las medidas de seguridad necesarias porque de cada 10 ahogados ocho murieron cuando las condiciones del mar eran adversas. En Canarias tenemos 700 puntos en la costa donde nos podemos bañar.
¿La seguridad puede llegar a todos los rincones de la costa canaria?
Es imposible porque no se puede poner un socorrista en cada una de las calas, por eso la clave está en la autorresponsabilidad. No hay suficiente cultura de la seguridad acuática porque muchos se meten en el agua en zonas de riesgo y peligrosas donde no hay equipamiento ni vigilancia. La desinformación y el desconocimiento provoca dos efectos: ser negligente y ser imprudente.
¿Cómo fueron los orígenes del decreto de playas de 2018 que ahora ha generado esta polémica?
En 2017 participé en una comisión del Parlamento para explicar las estadísticas de la siniestralidad acuática en Canarias, lo que generó un debate entre los grupos y, a partir de ahí, se reactivó el decreto de seguridad en la costa que ya tuvo un intento en 2002, pero que no llegó a entrar en vigor. Este nuevo decreto se aprobó en 2018 y durante este tiempo mantuve varias reuniones con técnicos de seguridad y emergencias aportando humildemente mis criterios y conocimientos sobre este asunto. El decreto fue avalado por unanimidad en el Parlamento y una vez que se publica es cuando empiezan los ayuntamientos a poner el grito en el cielo.
¿El decreto es demasiado exigente?
La primera causa de muertes por accidentes en Canarias no es el tráfico sino los ahogamientos, que duplican el numero de fallecidos que en accidentes de tráfico. Esa realidad se sigue silenciando y se mira para otro lado. Por eso creo que el decreto es un texto perfectamente acorde con la realidad, una realidad que la ONU hace ocho meses, con el respaldo de 179 países, insta a los Estados a crear normativas, generar leyes y lanzar campañas de prevención para evitar los ahogamientos. La OMS señala que el ahogamiento es un problema de salud pública mundial y lo clasifica como la tercera muerte traumática del mundo. No se trata solo de un problema de Canarias.
¿Aquí colisiona la realidad costera de las Islas con los problemas administrativos y financieros de las instituciones?
Es la falta de voluntad política. Me he reunido en varias ocasiones con el Diputado del Común, que ha abierto una investigación de oficio para conocer qué ayuntamientos tienen elaborados los planes de seguridad en las playas y zonas de baño. Más de un año después de entrar en vigor el decreto apenas un 15% de los municipios contaban con planes de seguridad, con lo que la inmensa mayoría no estaban haciendo los deberes. Cuando los ayuntamientos pusieron el grito en el cielo el Gobierno también aprobó un fondo de compensación con una partida de 1,8 millones para destinarlos a aquellos ayuntamientos con menos recursos para financiar la elaboración de los planes de seguridad. En esos momentos descubrí que hay municipios que en sus presupuestos anuales no destinan fondos para la seguridad en las playas o las partidas están infradotadas.
«El enfado de los alcaldes es porque la mayor parte del presupuesto se va en contratar personal»
¿Cuáles son las quejas de los municipios en su opinión?
El decreto no exige que haya la misma vigilancia en una playa concurrida que en otra donde va poca gente. De los 700 puntos de la costa 360 son los que tienen una afluencia de personas que requieren un dispositivo y un plan de seguridad, pero no todos de la misma dimensión. Los medios van proporcionados a las características de cada playa ¿Cuál es el enfado de los alcaldes? Que la mayor parte del presupuesto de los planes de seguridad se va en recursos humanos y contratación de personal porque hay que tener una plantilla que, por cierto, en el caso de los socorristas tienen una precariedad laboral importante.
¿La prórroga en la aplicación del decreto decidida por el Gobierno retrasa disponer de más seguridad en las zonas de baño?
Evidentemente. No tener aprobado un plan de seguridad significa que no se cuenta con todos los elementos y requisitos que me pide el decreto y eso merma la calidad de la seguridad. Somos un destino turístico de referencia mundial, el 80% de los ahogamientos son turistas y tener un turismo seguro es garantizar también nuestro futuro y parece que no somos conscientes. Todavía queda un camino largo para la cultura de la prevención en algunas corporaciones locales. La realidad no se puede esconder y nos debemos preocupar del bien primordial que es la vida. Han pasado cuatro años, había dos años de plazo para elaborar los planes de seguridad y otros dos para aplicarlos. Estos plazos han pasado y no todos han hecho los deberes y me pregunto: si saben desde el minuto uno que no tienen presupuesto o no se ha aprobado una ficha de gasto para los planes y su posterior dotación de medios, ha habido tiempo para comunicarlo al Gobierno.
¿Canarias se ha quedado atrás en relación con otras comunidades en dotar de más seguridad a las zonas de baño?
Solamente dos comunidades tienen un decreto que regula la seguridad en las costas, Baleares y Canarias. Sin embargo, Baleares no tiene ni un solo problema como el que se ha suscitado aquí, los municipios en ningún momento denunciaron y está funcionando muy bien y es un ejemplo a nivel internacional ¿Por qué nosotros no? Allí también habrá municipios con pocos recursos y no hay que olvidar que Baleares se copió del decreto canario. Somos pioneros en ser sensibles ante esta situación porque nuestro turismo es de playa y sol y no le podemos seguir dando la espalda. No podemos seguir sin una norma seria reguladora, algunos cargos públicos municipales de Canarias tienen una visión muy corta de lo que significa prevenir y del precedente que estamos sentando a nivel internacional.
