Ocurren con bastante frecuencia en las Islas, sobre todo en las de mayor desnivel, pero es difícil detectarlos –suceden generalmente en lugares remotos– y mucho más presagiarlos. Los desprendimientos de rocas son uno de los riesgos naturales más recurrentes de Canarias –se calcula que se produce uno de ciertas dimensiones cada semana– pero no tienen planes específicos, ni estadísticas, ni estudios sobre su evolución, ni siquiera sistemas de control. O al menos las Islas no los tenían hasta que ha llegado la primera red de vigilancia. La Universidad de La Laguna, el Instituto Geológico Minero de España (IGME-CSIC) y La Palma Research Centre han creado el primer Observatorio Ciudadano de Desprendimientos de Rocas y sus Desencadenantes de Canarias.
Cerca de 250 isleños han participado en las actividades del Observatorio o colaborado con unos 70 avisos. Se trata de una red que no solo monitorea y estudia los desprendimientos para crear una base de datos, sino que también prepara planes de prevención, divulga su actividad y las características de estas caídas de rocas, y desarrolla herramientas para canalizar las informaciones que recibe de los isleños. Una de sus investigadoras, Isabel Montoya, del IGME-CSIC, explica desde la sede del Instituto en Las Palmas de Gran Canaria que «los ciudadanos son nuestros mejores ojos en todos los rincones de las Islas». «De no ser por ellos, y las imágenes y detalles que aportan, no se podría hacer este seguimiento».
Financiación de Europa
El Observatorio Ciudadano de los Desprendimientos de Canarias cuenta con financiación europea, a través del programa Interreg Espacio Atlántico. En esta fase inicial se centra en tres puntos del Archipiélago, aunque su ámbito de actuación es regional. Estas tres zonas son los municipios de La Laguna, en Tenerife, San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, así como toda la isla de El Hierro. Isabel Montoya, que es doctora en Geología, admite que es «sorprendente» que Canarias no hubiese desarrollado antes una herramienta de este tipo ante uno de los riesgos de origen natural, climático y humano más presentes en la historia de las Islas.
La mayoría de derrumbes que se producen en acantilados y laderas ni siquiera se detectan ni tienen serias consecuencias sobre las personas y sus bienes, al producirse en lugares alejados de las poblaciones, pero ha habido excepciones trágicas. El antecedente más relevante ocurrió el 1 de noviembre de 2009, cuando dos mujeres, una turista británica y una española residente en Arona, murieron al caer sobre ellas piedras de gran tamaño, desde 40 metros de altura, mientras disfrutaban de un día de descanso en la playa de Los Guíos, en Los Gigantes. La zona, un enclave turístico del municipio de Santiago del Teide (Tenerife), estaba bastante concurrida debido al tiempo veraniego que hacía aquel día de otoño. Un mes antes se habían producido otras caídas de piedras en este mismo punto que llevaron a la Policía Local a instalar balizas en la playa.
Antecedentes trágicos
Juan Gorrín, alcalde de entonces de Santiago del Teide, y varios técnicos municipales tuvieron que enfrentarse a un largo proceso judicial acusados de homicidio imprudente. La razón: se investigó al Ayuntamiento por no tomar medidas contundentes –como el cierre de la playa– ante el peligro de nuevos desprendimientos. El regidor y dos funcionarios fueron condenados en primera instancia a un año y medio de cárcel y cinco de inhabilitación. Sin embargo, la Audiencia Provincial los absolvió en julio de 2020, así como eximió de indemnizaciones por responsabilidad civil al Ayuntamiento, la aseguradora y Costas, al entender que no se podía presagiar que el talud se iba a venir abajo, como sucedió aquel fatídico día de hace 13 años.
El siguiente episodio mortal se produjo el 26 de octubre de 2015, también en Tenerife, cuando una turista alemana de 62 años falleció al caerle piedras de gran tamaño en una ladera del Barranco del Infierno, en el municipio de Adeje, mientras hacía senderismo. El Ayuntamiento cerró el espacio, acometió trabajos para reforzar los puntos con más peligro y volvió a abrir la Reserva Natural Especial el 15 de febrero de 2016. Las cosas han cambiado mucho desde entonces. De hecho, los resultados de este centro de vigilancia comienzan a llegar. Ahí está el registro de los tres desprendimientos de importantes dimensiones que se han producido este verano en Tenerife, el 7 de agosto otra vez en los acantilados de Los Gigantes, el 26 de julio en la costa de Icod de los Vinos y el 17 de junio en la cara norte del Teide. Todos ellos se pudieron constatar gracias a vídeos enviados por ciudadanos y también gracias a la colaboración de científicos de otras entidades, como el sismólogo Itahiza Domínguez, del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Isabel Montoya añade un cuarto derrumbe en el municipio de Candelaria cuya localización está por concretar. Gracias a la información recabada y a las señales captadas por los sismógrafos del IGN, el Observatorio de Desprendimientos de Canarias pudo determinar que estos episodios no guardan ninguna relación con los enjambres sísmicos que se registraron en el Parque Nacional del Teide el 10 de junio y el 13 de julio.
Los desprendimientos son frecuentes en el Archipiélago debido a sus características geológicas y geomorfológicas, a su origen volcánico y a factores desencadenantes como la lluvia, el viento, la erosión, la desertización y la acción humana. Saber dónde y cómo han ocurrido ayuda a los investigadores a conocer el proceso, el tipo de roca, el tamaño habitual de los bloques, la cantidad de lluvia o intensidad de viento que provoca los derrumbes o las zonas donde más frecuentemente se dan, y así ayudar a reducir el riesgo. De ahí surge el Observatorio, así como también «para cubrir ese vacío» de la falta de planes específicos, puntualiza Montoya.
La influencia de los volcanes
El ADN volcánico del Archipiélago también tiene que ver. Incluso los terremotos volcánicos de mayor intensidad –no suelen pasar de los 5 grados en la escala Richter– que se producen en los días anteriores y durante una erupción pueden provocar desprendimientos, como ocurrió con el volcán Tajogaite, en La Palma (19 de septiembre-13 de diciembre de 2021). En el artículo científico Los desprendimientos en Canarias, publicado en el Anuario de Estudios Atlánticos, Hans M. Hausen recuerda la presencia en las Islas «de grandes masas de rocas blandas, de tobas y aglomerados, que alternan con rocas duras de lavas y diques». «En general se puede decir que las capas volcánicas descansan en posiciones suaves, con cierta inclinación hacia las costas. Las sucesiones de capas volcánicas alcanzan grandes espesores a partir de la orilla del mar o de los fondos de los barrancos. Estas acumulaciones presentan gran inestabilidad, en muchos casos especialmente cuando las tobas o los aglomerados alcanzan espesores considerables. Las capas de lavas están, en general, rotas por fisuras que forman pilares, y los diques son en muchos casos seccionados por fisuras transversales». Esto explica la inestabilidad de muchas laderas.
Todas las Islas, en especial las de mayor relieve –Tenerife, La Palma, El Hierro, La Gomera y Gran Canaria–, poseen innumerables zonas por toda su geografía con riesgo de caídas de rocas, que se acentúa cuanto mayor es el desnivel y más inestable es el terreno. Esto ha obligado a las administraciones públicas a invertir millones de euros para reforzar los desniveles con mallas metálicas de protección, sobre todo en puntos donde las piedras pueden caer a las carreteras o zonas pobladas.
Mallas de protección
La costa norte de Tenerife es un buen ejemplo de actuaciones para minimizar el peligro, con protecciones en puntos como la playa de El Pris (Tacoronte), la ladera de Martiánez (Puerto de la Cruz) o los vertiginosos acantilados de la Punta de Teno (Buenavista del Norte). O ahí están las instaladas en la autopista del sur de Gran Canaria (GC-1), la carretera de La Aldea o las actuaciones que desarrolla este año el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para revestir diferentes laderas y muros con riesgos de desprendimientos a fin de elevar la seguridad, con una inversión global 1 ,7 millones de euros, y que se repiten todos los años. Incluso hay zonas donde se desaconseja el baño por este peligro –playa de El Arenal, en La Laguna (Tenerife)– o poblaciones afectadas por una orden de desalojo, como es el caso del pequeño enclave de Las Bajas, en la costa de Güímar (Tenerife).
El Observatorio Ciudadano de Desprendimientos de Canarias tiene un intenso trabajo por delante: analizar los eventos, crear una base de datos, mejorar la capacidad de resistencia de instituciones y población, incrementar la percepción ciudadana del riesgo, ayudar a reducirlo... También hay que enriquecer los sistemas de gestión ante emergencias y reforzar los puentes entre los científicos y la sociedad.
Mucho trabajo por delante
Consciente del desafío, el Instituto Geológico Minero de España, perteneciente al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y los organismos colaboradores despliegan desde 2020 una gran actividad que ha hecho que el Observatorio ya sea una realidad. Lo detalla la investigadora Isabel Montoya: «Mantenemos reuniones con las administraciones y los diferentes equipos de prevención y seguridad –bomberos, protección civil, técnicos...–, realizamos actividades en los centros educativos para concienciar a los alumnos, organizamos reuniones con entidades sociales –como asociaciones de vecinos, equipos deportivos–, tenemos un contacto permanente con otros equipos científicos y áreas concretas como Costas o Carreteras...». Un riesgo que siempre ha estado ahí, pero que Canarias no ha tenido muy en cuenta, pasa a acaparar el protagonismo que se merece.
