Sánchez le da a Baleares el incentivo a la inversión empresarial de Canarias

La disposición adicional sexagésima primera de los presupuestos presentados el jueves por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, define las particularidades del Régimen fiscal especial de las Illes Balears. En su cuarto punto, la ley establece que «los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades [...] tendrán derecho a la reducción en la base imponible de las cantidades que, con relación a sus establecimientos situados en las Illes Balears, destinen de sus beneficios a la reserva para inversiones». Es, casi palabra por palabra, el mismo párrafo que encabeza el artículo 27 de la ley del REF, el correspondiente a la RIC. Con todo, lo importante está en otro párrafo: «La reducción a que se refiere el número anterior se aplicará a las dotaciones que en cada período impositivo se hagan a la reserva para inversiones hasta el límite del 90 por ciento de la parte de beneficio obtenido en el mismo período que no sea objeto de distribución, en cuanto proceda de establecimientos situados en las Illes Balears». Salvo en la lógica alusión final a Baleares, aquí el párrafo sí es calcado del de la ley del REF. Las empresas del otro archipiélago del país tendrán desde el próximo 1 de enero el mismo límite –90%– que las de Canarias.

El malestar en la patronal de la región era ayer evidente. El presidente de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), Pedro Alfonso, aprovechó el encuentro con el ministro José Luis Escrivá para trasladarle su preocupación al Gobierno de Canarias. En primer lugar porque la patronal duda de que conceder a Baleares una reserva para inversiones en los mismos términos que la de una RUP tenga encaje en el reglamento comunitario de ayudas de Estado, un reglamento del que Canarias y las restantes Regiones Ultraperiféricas están exceptuadas –en líneas generales– justamente por sus singularidades y debilidades. Y en segundo lugar, ahondó el representante de la CEOE-Tenerife, porque aun cuando sea legal, se menoscaba el valor de la RIC, con lo que habría entonces que mejorarla para devolver a Canarias un mayor incentivo. «Si tuviera encaje jurídico, que está por ver, habría que modificar al alza el incentivo en Canarias», agregó Alfonso. Y no por capricho ni por agravio a Baleares, sino porque, de lo contrario, la agraviada sería la Comunidad Autónoma, expuso por su parte el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García. «Baleares no es una Región Ultraperiférica», insistió.

La cuestión de la RIC incluso dejó ayer en segundo plano el análisis de las distintas partidas de los presupuestos generales del Estado. No en vano, la concesión de Sánchez a Baleares se produce con Canarias aún esperando a que el Gobierno central atienda a sus demandas para la mejora del REF. Demandas que se plasmaron en el Manifiesto por Canarias: la adaptación fiscal del REF no puede seguir confinada, donde miembros de la Asociación Española de Asesores Fiscales, de la Cátedra del REF de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria o del Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife pidieron hace ya ocho meses la actualización de los incentivos y medidas del fuero autonómico –entre ellos la RIC– para que cumpla con mayor eficacia su objetivo: acercar todo lo posible a Canarias a los estándares sociales y económicos de la Europa continental. Es más, los promotores de este manifiesto en defensa del REF lamentaban ayer la rapidez con que se ha equiparado a Baleares con Canarias frente a la lentitud para mejorar el fuero regional, «algo que llevamos dos años pidiendo».

Lo cierto es que si la patronal nacional se despertó ayer con el disgusto de la subida de la base máxima de cotización hasta el 8,6% –tanto la CCE como la CEOE-Tenerife avisan que el tejido productivo regional va a sufrir más si cabe este incremento de costes–, la patronal isleña lo hizo con un disgusto por partida doble. O triple, porque al copia/pega de la RIC y a la subida del «impuesto al trabajo» se suma que el restablecimiento del comercio triangular como actividad bajo el paraguas de la Zona Especial Canaria (ZEC) –otro de los grandes incentivos del REF– no tiene carácter retroactivo. Es decir, que las empresas tendrán que tributar por el 25% –y no por el 4% que permite la ZEC– por las operaciones de 2022 y 2021. Salvo, claro, que se arregle en el trámite de enmiendas de los presupuestos.