La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, negó tajantemente que su departamento haya cometido ningún tipo de fraude con respecto a la aplicación de la ley de dependencia, tal y como denunció la directora de la Asociación de cuidadores, familiares y amigos de personas con dependencia, alzheimer y otras demencias (Acufade), Elena Felipe, durante su participación en una comisión del Parlamento regional, y que CC y PP llevaron al pleno de la Cámara. La asociación señaló que la Consejería está priorizando la asignación de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar (Pecef), frente a las prestaciones de servicio, cuando esa opción debería aplicarse de manera excepcional.
Entre la espada y la pared
La consejera aseguró que esta vía se elige "después de escuchar a las familias" que optan por recibir una ayuda de 387 euros mensuales para atender a sus dependientes. El diputado del grupo popular Poli Suárez señaló que las familias, "que están entre la espada y la pared", eligen la prestación económica porque su única alternativa es esperar 1.080 días para recibir otro tipo de ayuda. Así, el diputado del PP acusó a Santana de utilizar las prestaciones económicas para "para maquillar su gestión" y contribuir a la rápida reducción de las listas de espera sin dar una verdadera respuesta a los dependientes y a sus familiares.
La diputada del grupo nacionalista Jana González acusó a la consejera de fomentar la asignación de Pecef porque es la solución más barata para la administración y recalcó que esta es una manera de "precarizar a las cuidadoras" a quienes se les pide que trabajen las 24 horas del día, los siete días a la semana, por 387 euros. La diputada de CC lamentó que las Pecef sean incompatibles con otras ayudas recogidas en la ley y apuntó que el exdirector general de Dependencia, Miguel Montero, abandonó el cargo porque se negó a acatar la orden de priorizar las ayudas familiares para resolver los expedientes.
Más recursos que nunca
Según reconoció la propia consejera, la prestación económica debe ser excepcional y apuntó que por este motivo "solo se utiliza cuando la situación lo requiere". Santana recordó que fue el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) el que redujo de 520 a 387 las ayudas a las familias, a lo que Suárez le respondió que su formación, que forma ahora parte del Ejecutivo central, ha tenido tres años para derogar las decisiones con las que no están de acuerdo.
González renunció a debatir sobre dependencia como si fuera una competición a ver quién hizo más o quién hizo menos, "tenemos que visualizar que a día de hoy existen más recursos económicos que nunca y la consejería de Derechos Sociales se aprecia desbordada y tomando decisiones que no están garantizando los derechos, en este caso, de las cuidadoras de las personas dependientes".
Santana repasó los datos de su gestión y las comparó con las de la legislatura anterior y recordó que en 2018, con CC en el Gobierno, cuatro de cada diez dependientes recibían una ayuda familiar, una solución que ahora critican. Además, puntualizó que otras comunidades autónomas como Castilla y León, Cataluña o Andalucía también fomentan la asignación de estas prestaciones.
Careta a los datos negativos
La consejera aseguró no entender las críticas de Acufade y se cuestionó por qué hace cinco o diez años no hacían ningún tipo de denuncia, cuando los expedientes se guardaban en los cajones y se aplicaban continuos recortes en los servicios sociales. Sobre esta acusación, Suárez apuntó que "el colmo de un político es criticar a una entidad del tercer sector" e invitó a la consejera a escuchar a quienes critican su gestión y no solo a quienes "le ríen la gracia".
El PP volvió a ofrecer al Gobierno la posibilidad de realizar un gran pacto por la dependencia. "Una vez más tiene nuestra mano tendida para trabajar, pero no para maquillar. No pongamos careta a los datos negativos, seamos transparentes y reconozcamos los errores", concluyó Suárez.
Santana finalizó su intervención asegurando que cuando logren eliminar la lista de espera de dependencia apostarán por incrementar la cuantía de las ayudas, ya que su prioridad es garantizar la atención de todos los solicitantes. Un objetivo que aseguró que se cumplirá a finales del año, si se continúa resolviendo expedientes al ritmo actual.
