La Comunidad Autónoma sufragó con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) decenas de contrataciones y compras de material sanitario para combatir la covid por un montante de 29,3 millones de euros. El Gobierno de Canarias recurrió al Feder para costear el transporte de material médico, para adquirir desinfectante, batas y respiradores y también para la compra, por cuatro millones de euros, de un millón de mascarillas FFP3 que nunca llegaron a los hospitales de las Islas. Los objetivos del Feder nada tienen que ver con el destino que se dio a esos dineros durante la pandemia, pero las autonomías echaron mano de ese fondo para salir del atolladero.
En Canarias se hizo en virtud de una resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud (SCS) que rectificaba, en junio de 2021, órdenes de pago anteriores para las compras centralizadas de material y equipamiento a fin de hacer frente al covid-19. La propia resolución señala que el cambio se realiza a instancias de la Consejería de Hacienda del Ejecutivo regional.
De carreteras a respiradores
El Feder pasó así de servir para financiar carreteras a sufragar la adquisición de respiradores. Pero una cosa es que Bruselas estuviera dispuesta a flexibilizar sus exigencias –el Parlamento Europeo y del Consejo aprobaron en abril de 2020 la modificación excepcional de los reglamentos para el uso de los fondos y permitió la cofinanciacion de actuaciones dirigidas a aumentar la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a la pandemia– y otra muy distinta es que fuera a mirar para otro lado ante un flagrante descontrol. Por eso la Fiscalía de Europa, al conocer la compra de ese millón de mascarillas que Aduanas en el aeropuerto de Gran Canaria tras comprobar que eran falsificaciones, ha decidido asumir el caso mascarillas que se instruía desde el Juzgado número 7 de Las Palmas de Gran Canaria .
La Fiscalía Europea tiene las competencias para investigar los delitos contra los presupuestos comunitarios y de actuar por vía penal contra sus autores. Desde su oficina en Madrid, ha decidido asumir e investigar lo ocurrido con ese millón de mascarillas que el SCS encargó a la empresa RR7 –que no tenía experiencia alguna en la importación de material sanitario– y con los 1,2 millones que un año después, en 2021, se le volvieron a encargar con cargo al dinero que ya había percibido por la frustrada primera compraventa. Esos 1,2 millones de tapabocas tampoco llegaron nunca al SCS. Al ejercer la Fiscalía de Europa su derecho de advocación, tanto el Juzgado de Las Palmas de Gran Canaria como la Fiscalía Anticorrupción, que impulsó la causa, deben remitirle los archivos de todas las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora sobre la presunta malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
Instrucción desde cero
El Ministerio Público comunitario reiniciará la instrucción desde cero y revisará toda la documentación sobre el caso mascarillas. Entre esa documentación que el juez y la fiscalía local deben enviarle está toda la información que la Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) recabó en su investigación sobre las contrataciones de la Comunidad Autónoma en lo peor de la pandemia.
El presidente de la ACC, Pedro Pacheco, explicó ayer que la institución remitió en su momento a la Fiscalía Anticorrupción toda la información con que trabajaba para la elaboración de su informe. De hecho fue la Fiscalía la que pidió a la ACC que le enviara la documentación cuando trascendió el caso de la frustrada compraventa encargada a RR7. La Audiencia de Cuentas le remitió entonces no solo la información relativa a este caso, sino, cabe insistir, toda la que entonces manejaba sobre todas las contrataciones fiscalizadas. Y lo mismo hizo con el Tribunal de Cuentas (TCu). Tanto este como el Ministerio Público manejan desde entonces –como también hará la Fiscalía Europea en cuanto le llegue el expediente– la documentación que dio como resultado un contundente informe de la ACC de 68 páginas que, sin embargo, no llegó a aprobarse.
Informe sobre la mesa
Hay que recordar que los miembros de la ACC son elegidos por el Parlamento de Canarias a propuesta de los distintos grupos políticos. El informe en cuestión se quedó sobre la mesa del pleno de la ACC celebrado el 22 de julio por una mayoría de tres votos frente a dos. Cuando esto ocurre, algo que ni mucho menos es habitual, la fiscalización sigue abierta, ya que para que esta se pueda finiquitar la ley exige su aprobación definitiva y que haya un posicionamiento de la ACC, lo que, a su vez, se produce cuando su pleno da el sí al informe y este se envía al Parlamento. Y esto, claro, no ha ocurrido. Se da así la circunstancia, hasta cierto punto paradójica, de que la Justicia dispone para su investigación de un informe que en realidad es un no informe.
Sea como sea, ese no informe abarca todas las contrataciones y compras covid, no solo el caso de RR7 –que es, cabe insistir, el que da pie a la intervención de la Fiscalía Europea por cuanto afecta a los dineros del Feder, si bien una comunicación de la Intervención General de la Comunidad Autónoma al juez que hasta ahora llevaba el caso asegura que esas mascarillass e pagaron finalmente con recursos propios–. Por tanto, queda pendiente de aclarar también el recorrido de las otras muchas irregularidades detectadas por la ACC, tanto en las compras los costeadas con el Feder como de las que no.
Responsables interinos
En aquel momento los responsables de la Sanidad pública en la región eran todos interinos. El presidente Ángel Víctor Torres ya había destituido a la consejera Teresa Cruz, a quien sustituyó de forma temporal el responsable de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, mientras el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, se hizo cargo, también temporalmente, del SCS. Además, Torres echó mano de Conrado Domínguez, que dimitió la semana pasada, como coordinador técnico del comité de gestión de la crisis sanitaria, a quien en septiembre de 2020 se le encomendó la dirección del organismo.
Según el informe que se quedó sobre la mesa del pleno de la ACC –también solicitó el juez que se identificara a los miembros del equipo encargado de la fiscalización–, las irregularidades son numerosas. El análisis de la Audiencia, avanzado este jueves por Radio Club Tenerife, detalla que en hasta 35 de los 106 contratos revisados «no consta ni la justificación del gasto a realizar ni tampoco la justificación de la tramitación de emergencia». Además, seis de las empresas contratadas por el SCS «carecían de capacidad de obrar con la Administración», y entre ellas están dos de las cuatro que generaron el mayor volumen de gasto al SCS, ya que «superaron los ocho millones». «Tales contratos», aclaran los técnicos de la ACC, «pudieran estar incursos en algunas de las causas de nulidad de pleno derecho».
