Cerca de 10.500 familias que habitan en viviendas sociales desde hace más de 25 años podrán acceder a la propiedad de sus casas con una serie de condiciones establecidas en un nuevo decreto que regula las medidas de acceso y se regula el procedimiento para su calificación. A este decreto podrán acogerse las familias que viven en viviendas públicas en dos casos: el primero aquellas que estén en régimen de arrendamiento en una casa adjudicada antes del III Plan de Vivienda (1996-1999), y el segundo, que estén en régimen de compraventa anteriores al I Plan de Vivienda (1988-1991). Este decreto afectará a todas las viviendas calificadas como de protección oficial antes de 1996.
Gran Canaria es la isla con más viviendas susceptibles de pasar a propiedad de sus moradores con 5.611 pisos, seguida de Tenerife con 3.464. A continuación figuran La Palma, con 554 casas; Lanzarote, con 355; Fuerteventura, con 345; La Gomera con 84 viviendas y El Hierro, con seis.
Mediante este decreto el Gobierno ofrecerá en venta viviendas protegidas de promoción pública, tanto del Instituto Canario de Vivienda (Icavi) como de la empresa pública Visocan, al precio de referencia que tuvieron las viviendas en el momento de la adjudicación. Además, se ofrece a los inquilinos una bonificación del 50% sobre ese precio de referencia y del restante 50% que deben de pagar los inquilinos se descontarán todas las rentas ya pagadas.
El Ejecutivo bonifica el 50% del precio de referencia de los pisos cuando se adjudicaron
Al procedimiento de adquisición de las viviendas sociales que se prevé en el decreto podrían acogerse unas 10.500 familias que ya han abonado al menos el 35% de las rentas para aquellos que están en régimen de alquiler y que fueron calificadas como protegidas antes de 1996, o la mitad del precio de la vivienda que han ido abonando mensualmente en el caso de los que estén en régimen de propiedad.
Además, los que quieren acceder a la propiedad deberán demostrar que ocupan de forma habitual y permanente la vivienda de la que es adjudicataria, que ninguno de los miembros de la unidad de convivencia sea propietarios de ninguna otra vivienda, estar al corriente en la cuota aprobada por la junta administradora relativa a los gastos comunes del edificio, y que la vivienda se encuentre asegurada con un seguro multirriesgo del hogar.
Accesos en 2013
El último acceso a la propiedad de viviendas de protección oficial se produjo hace cerca de diez años, en 2013, señaló ayer el portavoz del Gobierno, Julio Pérez, y con este decreto se impulsa de forma decisiva un proceso que antes de ese año posibilitó que miles de familias se convirtieran en propietarias de sus viviendas, que habitaban desde los años 70 y 80 en barrios populosos de las dos capitales canarias y de otros municipios de las Islas.
Las 3.000 viviendas de Visocan entran en la nueva norma tras varios años de reivindicaciones
Uno de los problemas que también se intenta solventar con este decreto es la situación de las más de 3.000 viviendas de la empresa pública Visocan, cuyos moradores llevan años demandando tener el mismo derecho que el resto del parque de casas públicas para acceder a la propiedad, algo a lo que la empresa se había negado hasta ahora.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, Sebastián Franquis, afirmó que con este decreto se cumple uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno a través del Pacto por la Vivienda Digna y en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, que es facilitar a las familias la adquisición de la propiedad de las viviendas que están habitando desde hace más de 25 años, ya sea en régimen de arrendamiento como de compraventa.
