Parlamento de Canarias| Presentación del informe anual 2022 de la Diputación del Común

El diputado del Común insta a prohibir la venta de vivienda pública de alquiler

Canarias necesita alrededor de 33.000 pisos protegidos para cubrir la demanda para arrendar pero la oferta no llega a la mitad y las quejas aumentan un 64%

Gustavo Matos y Rafael Yanes en el Parlamento ayer. | | / MARÍA PISACA

Santa Cruz de Tenerife 14 FEB 2023 0:01

El diputado del Común, Rafael Yanes, solicitó este lunes, 13 de febrero, la aprobación de una Ley que prohíba la venta de vivienda pública en régimen de alquiler a los inquilinos. Según explicó, en estos momentos en Canarias existe un parque público de viviendas en alquiler de 16.200 unidades, pero la demanda total se sitúa en unos 33.000 domicilios de este tipo en las islas; es decir, otras 17.000, más del doble de las actuales.

Para Yanes, uno de los problemas en la Comunidad Autónoma se produjo en la década de los 90 del pasado siglo, cuando desde la administración se vendieron unas 20.000 casas de protección pública en régimen de alquiler a sus inquilinos. Sin embargo, las instituciones con competencias no han construido desde entonces un número similar de nuevos inmuebles de esas características para responder a las necesidades de una parte de la población de las islas.

Rafael Yanes entregó ayer al presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, el informe anual de la Diputación del Común correspondiente a 2022. En ese documento se refleja que, en el apartado de las quejas nuevas presentadas por ciudadanos el pasado año, el apartado que más crece es, precisamente, el relacionado con vivienda. De forma concreta, suben más de un 64 por ciento. "Esto quiere decir que es una gran preocupación de la ciudadanía canaria y es el motivo por el que hemos iniciado varias actuaciones de oficio para recopilar datos de cara a un próximo informe extraordinario sobre esta materia", expuso Yanes.

En el resumen de las actuaciones de esta institución del pasado ejercicio se deja claro que hubo 215 quejas nuevas relacionadas con vivienda, frente a las 131 que se contabilizaron en 2021. De esa cifra total, 112 fueron a instancias de parte y 103 correspondieron a investigaciones de oficio abiertas por la propia Diputación del Común. De estas últimas, nueve se dirigieron al Gobierno de Canarias, siete a cabildos y 88 a ayuntamientos. Cabe recordar que en 2021 no se inició ninguna línea de trabajo de oficio en este ámbito. De las 112 quejas planteadas por particulares, 31 fueron inadmitidas, una remitida al Defensor del Pueblo y 83 quedaron admitidas.

¿De qué se quejan los ciudadanos ante la Diputación del Común en el citado apartado? Hubo 22 escritos por disconformidad con las ayudas al alquiler, 21 por necesidad de una vivienda protegida, nueve por desahucios, siete por rehabilitación de casas, tres por el uso lucrativo de una vivienda de promoción pública, otras tres por ocupación ilegal de viviendas protegidas; 12 por silencio de diferentes órganos administrativos a las peticiones ciudadanas, dos por solicitud de subrogación de la adjudicación de vivienda protegida por fallecimiento del anterior adjudicatario, un par de casos de disconformidad con la modificación de las cláusulas del arrendamiento, un desacuerdo con el sorteo de viviendas de promoción pública y una solicitud de certificado de descalificación de un inmueble como de promoción pública.

Quejas

Tenerife aglutinó gran parte de las quejas por vivienda que llegaron a la Diputación del Común a instancia de parte, con 81 casos. En Gran Canaria hubo 52; 23 en Lanzarote, 20 en La Palma, ocho en Fuerteventura, siete en La Gomera y otras tantas en El Hierro. A 31 de diciembre de 2022 quedaron en trámite 170 quejas. Del pasado año y ejercicios anteriores, quedaron cerrados 149 casos.

En 2022 llegaron a la institución liderada por Rafael Yanes 2.925 quejas nuevas. Y a estas hay que añadir las más de 4.000 que quedan "vivas" de años pasados. Eso implica que hubo 606 quejas nuevas menos que las interpuestas en 2021, cuando se logró el récord de los últimos 12 años. Las vías más utilizadas para presentar reclamaciones son la página web (1.142), la entrega en mano (863) y por correo electrónico (385).

Las quejas presentadas por los afectados por la erupción del volcán de La Palma llegaron a 86, aunque varias de ellas corresponden a colectivos muy amplios de ciudadanos, señaló Rafael Yanes en la Cámara regional.

Al igual que en años pasados, el área que concentra más quejas totales es la dependencia, con una gran diferencia respecto al resto. En el informe se refleja que por este asunto hubo 498 reclamaciones, unas 277 menos que en 2021 (una bajada de casi el 36%). En el ámbito de la discapacidad, la Diputación del Común recibió 274 protestas, unas 66 más que en 2021 (un 31,75% de subida).

Otros ámbitos en los que subieron las quejas nuevas fueron la demanda de más seguridad pública (un 8,45%); Educación (25,6%); Cultura (53,85%), y Turismo y Transportes (28,57%).

De los expedientes cerrados, el 67 por ciento fueron favorables a las demandas de los ciudadanos. Y el dato negativo lo aportan las administraciones públicas, que incumplen de forma reiterada los plazos establecidos en la Ley del Diputado del Común. Por ese motivo, Yanes firmó 75 recordatorios de deberes legales y 149 advertencias de declaración de obstruccionismo, aunque ninguna de ellas llegó a ratificarse.

[object Object]

Además de aportar datos, Rafael Yanes solicitó una reflexión sobre la atención a la ciudadanía, pues aseguró que la "cita previa obligatoria es un abuso intolerable de la administración pública". El diputado del común aclaró que no puede tener carácter obligatorio este sistema porque las dos vías para solicitarla no están garantizadas: ni la telefónica, "que es deficiente", ni la telemática, "que no está al alcance de todos". En el caso de las llamadas por teléfono, apuntó Yanes que su deficiencia radica en que no responde nadie a la llamada, en unos casos, y, en muchos otros, atiende una máquina que, en lugar de ayudar "al ciudadano, lo que hace es confundirlo en la maraña administrativa". Respecto al acceso a internet, la Federación Canaria de Municipios (Fecam) afirmó que en el Archipiélago el 64% de los ayuntamientos admite que varios núcleos de población de su territorio carecen aún de acceso a la red. Y a esta circunstancia hay que añadir que en Canarias existen 66.000 personas de avanzada edad que viven solas y no tienen las habilidades necesarias para solicitar la cita previa. A juicio de Yanes, la mencionada cita previa "no puede ser obligatoria; será preferente, es aconsejable, es buena que la ciudadanía para recibir atención puntual". Aclaró que resulta inadmisible que un vigilante de seguridad impida a las personas acceder a un organismo público por no tener cita previa. Y en este caso mencionó, de forma concreta, a la Administración de la Seguridad Social. Sobre este aspecto, explicó que ha trasladado el problema al Defensor del Pueblo con el objetivo de que se lo plantee al ministro, José Luis Escrivá. Además, en opinión de Yanes, este modelo de la cita previa no tiene, por ahora, cobertura legal alguna.

Suscríbete para seguir leyendo