Consejo de Gobierno | Ordenación de las prestaciones sociales canarias

El Gobierno acelera para aprobar el catálogo de servicios sociales antes de las elecciones tras más de tres años de retraso

El proyecto de decreto determina y ordena las prestaciones sociales del sistema público de Canarias

Reunión del Consejo de Gobierno este jueves.

Reunión del Consejo de Gobierno este jueves. / Elvira Urquijo A./Efe

F. Marimón

A toda prisa. El Gobierno de Canarias acelera para aprobar el proyecto de decreto del Catálogo de Servicios y Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias tras más de tres años de retraso y ha acordado este jueves someterlo a información de los ayuntamientos y cabildos, y remitirlo, por la vía de urgencia, al Consejo Consultivo de Canarias, para recabar su preceptivo dictamen, con la intención de que esté listo antes de las elecciones de mayo.

Durante su elaboración recibió un aluvión de alegaciones y el rechazo frontal de colegios profesionales y asociaciones del sector que trabajan día a día con las personas que requieren este tipo de atención,

El portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, ha apuntado que tienen el "deseo y la esperanza" de que el catálogo se apruebe definitivamente antes de que culmine la legislatura.

Asimismo, preguntado por las críticas al contenido del catálogo de algunas organizaciones, ha señalado que en la gestación del proyecto ha participado una "lista muy larga" de entidades vinculadas al tercer sector. En su redacción, los colegios profesionales de Trabajo Social y Psicología y distintos colectivos manifestaron que no se les había hecho caso pese al importante esfuerzo que hicieron en ofrecer sus aportaciones. De hecho, calificaron el texto de «restrictivo, vacío de contenido y con vicios en los servicios esenciales». Posteriormente, algunas organizaciones que lo rechazaron lo han apoyado como Cermi Canarias y ha recibido el refrendo de los 88 ayuntamientos, siete cabildos, los sindicatos o la Plataforma del Tercer Sector.

Pérez mantiene el «deseo y la esperanza» de que el documento salga en esta legislatura

Según Pérez, no es previsible que se genere "especial oposición" al contenido porque ayuntamientos y cabildos son conocedores del catálogo.

"Hasta donde sé se ha tenido en cuenta las opiniones de un conjunto de organizaciones profesionales, técnicas y sociales", ha aseverado Pérez.

El proyecto de decreto tiene por objeto la aprobación del catálogo en cumplimiento a lo previsto por la Ley de Servicios Sociales de Canarias, así como determinar los requisitos y condiciones de acceso a los servicios y prestaciones del sistema y fijar el procedimiento de su actualización y revisión, detalla el Gobierno.

El catálogo constituye el instrumento que determina el conjunto de prestaciones y servicios del sistema público de servicios sociales de Canarias cuya provisión deberán garantizar las administraciones públicas competentes, y mediante el que se relacionan, ordenan y califican las prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública que tengan por objeto la cobertura de las necesidades de atención social a las personas.

El texto ha recibido duras críticas de asociaciones del sector y colegios profesionales

Según se contemplan en el proyecto de decreto, las prestaciones del sistema público de servicios sociales promoverán la autonomía y el bienestar de las personas y sus familias, asegurando su derecho a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida.

De esta forma, el Catálogo de servicios y prestaciones codifica el conjunto de prestaciones que integran el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de Canarias, al margen de que la titularidad de los servicios o equipamientos sea pública o privada, y que están destinadas a la atención de las necesidades personales y sociales de las personas y sus familias que residen o se encuentran en su territorio, con la finalidad de procurar su plena inclusión social o evitando que caigan en situaciones de exclusión social.

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  • El Ejecutivo ha destinado 6,5 millones al servicio de vigilancia de los centros de internamiento para menores que cumplen medidas judiciales, en la actualidad, 682 menores en las Islas.

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