Canarias amenaza con puentear al Estado si no es solidario con los menores

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, insiste en reclamar «corresponsabilidad» al Gobierno central y las comunidades autónomas con las derivaciones de menores migrantes ni acompañados porque «no es sostenible» que el Archipiélago tenga unos 2.700 bajo tutela. Delgado avisa de que puentearán al Estado si no es solidario con el reparto de niños y adolescentes migrantes. Si España no nos hace caso, nos dirigiremos a Europa», señaló en el transcurso de una mesa debate sobre migración y asilo enmarcada en las Jornadas Conecta. Canarias-Europa, organizadas por el Parlamento regional.

La consejera apuntó que España «tiene que legislar» para que la derivación «sea obligatoria» y además de la mano de los técnicos, las entidades del tercer sector y de los propios migrantes porque de lo contrario, «sería darnos de bruces con las paredes». Detalló que ya han abierto nueve centros nuevos para atender a más menores migrantes y aunque ha reconocido las dificultades con la última ‘oleada’ este verano en El Hierro, aseguró que hay niños integrados en clubes de lucha y equipos de fútbol y se estudia hacer programas de formación con empresarios de la isla con vistas a un futuro laboral.

«No quiero que salga ni un niño con la mayoría de edad de un centro sin sus papeles, es un compromiso personal», aseguró, al tiempo que lamentó que se tarda mucho tiempo en hacer las pruebas de reconocimiento de edad y cuando se realizan, se ocasiona «un perjuicio» porque el supuesto menor debe salir de los centros.

CEAR rechaza un pacto migratorio que precarice los derechos de las personas

Con todo, apuntó que el objetivo del Gobierno canario es «construir una Canarias de acogida» como «puerta de entrada» a Europa y en la que los migrantes «tengan sus oportunidades de vida, formación, y espacios de convivencia intercultural». «Hay mucho que trabajar y seguir haciendo, vamos a hacer todo lo posible e imposible por que la atención sea integral», remarcando que hay que evitar que haya «migrantes de primera y segunda», en referencia al diferente trato que reciben los refugiados africanos con respecto a los ucranianos.

El presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, aseguró que una de las soluciones para afrontar la presión migratoria es la creación de un mecanismo europeo de salvamento y rescate que coordine los esfuerzos en el mar y sea respetuoso con el derecho internacional. El eurodiputado del PSOE se mostró crítico con el pago de «cientos de millones» a países que no respetan los derechos humanos, como Túnez, para contener en sus fronteras a los migrantes.

López Aguilar habló de la necesidad de que el músculo diplomático europeo «tenga mecanismos de repatriación dignos», a la par que ha pedido «cambiar la mirada» sobre el hecho migratorio. «La migración no es una amenaza a nuestra identidad. Puede y debe ser gestionada a escala europea respetando el derecho internacional de refugio», expresó el eurodiputado, que criticó el posicionamiento de gobiernos extremistas, como los de Hungría y Polonia, y, especialmente, Italia, «que niega la colaboración con los equipos de salvamento».

Para López Aguilar, el nuevo pacto de migración y asilo y el espíritu europeo se debe sustentar en la responsabilidad compartida y la solidaridad vinculante. «El modelo actual supone una sobrecarga para los países de primera linea como España. Se trata de sustituir las reglas actuales con más solidaridad, con un realojamiento ordenado que sea obligatorio para los estados miembros, sin solidaridad a la carta, que sea creíble, efectiva y vinculante», aseguró el eurodiputado.

Cruz Roja reclama a la administración programas de ayuda a migrantes que duren más de un año

El coordinador territorial en Canarias de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Juan Carlos Lorenzo, destacó que no es aceptable un pacto migratorio europeo que «precarice» los derechos de las personas. También auguró que los procedimientos acelerados para conceder asilo «pueden suponer una merma de derechos» para quienes no procedan de una zona en claro conflicto. Lorenzo defendió que esos procedimientos podría traer consigo la creación de espacios «para retener y retornar personas» y ha aseverado que no es posible hablar de «retorno digno».

Lorenzo llamó a no mercantilizar los derechos de las personas pobres «pagando a terceros países que no respetan los derechos humanos para externalizar las fronteras europeas», y lamentó la «práctica ausencia» de vías legales y seguras. El coordinador territorial de CEAR se mostró crítico con los protocolos con menores extranjeros no acompañados, que «no funcionan» porque, entre otros motivos, hay una «intervención mínima» en su proyecto educativo y de integración social. «Para Canarias, asumir la tutela de 2.600 niños es inviable. Es imposible hacer un trabajo medianamente interesante con ese volumen, lo que nos lleva a desaprovechar el talento y capacidad de estos jóvenes, y se traduce en una política pública nefasta», reflexionó.

Las ONG que atienden a personas migrantes en Canarias reclaman un itinerario integral, desde el momento de la acogida hasta su plena inclusión social, y evitar lo que sucede hasta ahora, que tengan que ir «de puerta en puerta», con el riesgo de que se acaben «cayendo» en el proceso. José María Zarraluqui, coordinador autonómico de Cruz Roja Canarias, ha advertido de uno de los mayores hándicap a los que se enfrentan las ONG que atienden a personas migrantes es que los programas suelen estar «temporalizados en un año, lo que dura una convocatoria de ayudas». Sin embargo, «las personas precisan de procesos más largos de lo que la administración realiza», subrayó. Además, indicó que Cruz Roja se ha visto obligada a renunciar a pedir subvención para determinados programas porque no se ven capaces de ejecutarlos «en tiempo y con la calidad» exigida.