El Tribunal de Cuentas ‘abronca’ a las entidades locales canarias por ‘ocultar’ 69 convenios

El Tribunal de Cuentas (TCu) amonesta en su último Informe de fiscalización del sector público local a los cabildos y ayuntamientos canarios por el incumplimiento generalizado de la obligación legal de remitirle los expedientes de los convenios de más de 600.000 euros. En el informe se analizan los contratos y convenios suscritos en 2021, antes, por tanto, de los cambios o renovaciones de los gobiernos insulares y municipales tras las elecciones del pasado mayo. Durante su investigación, el TCu detectó hasta 69 acuerdos de corporaciones locales isleñas con entidades públicas o privadas de los que no constan los expedientes a pesar de que todos superan los 600.000 euros. Un límite que superan, además, con creces, ya que esos 69 convenios con empresas, oenegés u otras instituciones para la prestación de servicios –ayuda a domicilio, formación, comedores, limpieza, seguridad...– suman 665,9 millones.

Es la Ley 40/2015, de 1 de octubre y de régimen jurídico del sector público, la que establece en su artículo 53 las obligaciones de la Administración local, es decir, ayuntamientos y cabildos en el caso del Archipiélago, en lo relativo a la remisión de los convenios de mayor cuantía al TCu. El primer punto de ese artículo reza: «Dentro de los tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros, estos deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda». El órgano externo en las Islas es la Audiencia de Cuentas de Canarias. El caso es que el incumplimiento de este precepto es algo generalizado en las instituciones locales de toda España, con lo que se entorpece así la labor de fiscalización del TCu. Sin embargo, el nivel de incumplimiento entre los cabildos y ayuntamientos de la región es tan grosero que el tribunal los amonesta de forma específica en el informe, algo que el órgano fiscalizador se reserva para contadas ocasiones.

Los ayuntamientos y cabildos isleños son el 1,2% del sector local pero el 15% de los casos detectados

Los técnicos de Cuentas exponen en su análisis que las entidades locales de todo el país obviaron la Ley de régimen jurídico del sector público, en lo relacionado con los convenios, en 460 ocasiones. No en vano, no hay ni rastro de los expedientes de esos 460 acuerdos en las carpetas remitidas al TCu por los ayuntamientos, cabildos, diputaciones provinciales y demás entes de la Administración local. Se trata de convenios que suman la friolera de 2.378,15 millones de euros, de los que 1.410 millones corresponden a los compromisos asumidos por corporaciones municipales, insulares y provinciales, esto es, a los compromisos asumidos con dinero público. Pues bien, es aquí donde el órgano estatal resalta, para mal, al Archipiélago. «Destacan, en especial, las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Canarias», expone el informe, que «representan un 15% del total y el 28% del importe de los compromisos asumidos por las entidades firmantes en los expedientes pendientes de remitir». En otras palabras: de esos 460 acuerdos y casi 2.400 millones de euros de los que no se enviaron los expedientes en tiempo y forma, 69 convenios por un montante de prácticamente 666 millones son de cabildos y municipios de la región. Para ilustrar el grado de incumplimiento de la Administración isleña basta con recordar que sus 95 entidades –siete cabildos y 88 ayuntamientos– apenas representan un 1,16% de las alrededor de 8.200 corporaciones locales repartidas a lo largo y ancho de España. De modo que un exiguo 1,16% de todas esas instituciones es el responsable de hasta un 15% de los 460 casos de omisión de información al Tribunal de Cuentas. «En un total de 460 convenios se incumplió la obligación de remitir el expediente, al superar el importe de los compromisos adquiridos por todas las entidades firmantes la cuantía de 600.000 euros, correspondiendo el 15% de los convenios a entidades locales de la Comunidad Autónoma de Canarias», insisten los técnicos del órgano presidido por Enriqueta Chicano.

Con todo, también es posible encontrar datos positivos de la gestión de la Administración local isleña en el informe del TCu. De hecho, el gran lunar es ese masivo incumplimiento en la remisión de los expedientes de los grandes convenios, ya que, por lo demás, los cabildos y ayuntamientos del Archipiélago no salen mal parados. Más bien al contrario.

Lo positivo

En el ámbito de la contratación, los municipios canarios son, junto con los valencianos, los más cumplidores del país. Todos y cada uno de los 88 ayuntamientos de la región le remitieron al tribunal la información relativa a los contratos celebrados en 2021. Es más, las instituciones locales de la Comunidad Autónoma también cumplieron muy por encima de la media la obligación de enviarle al TCu la relación de los convenios suscritos ese año. Hasta un 98% de las corporaciones de las Islas respetó la ley en este punto, de nuevo el mayor nivel de cumplimiento del país, y en este caso en solitario. El problema es que al margen de la relación de los convenios firmados durante el ejercicio, los ayuntamientos y cabildos deben adjuntar, cabe insistir, los expedientes de aquellos acuerdos que superen los 600.000 euros, y esto es lo que faltó en los 69 casos ya reseñados.

Los convenios de los que no se envió la información al tribunal suman 666 millones

Peor, eso sí, es el grado de cumplimiento de la obligación de rendir la cuenta general de la institución. La cuenta general es una serie de documentos y estados contables que el ayuntamiento, cabildo, consejo o diputación debe elaborar una vez finalice el ejercicio de que se trate. Sirve, y le sirve al Tribunal de Cuentas para su preceptiva fiscalización, para conocer la situación financiera y patrimonial de la entidad. En Canarias hay 106 instituciones obligadas a rendir la cuenta general ante el TCu: las 95 corporaciones municipales e insulares y 11 mancomunidades. Y resulta que solo 49, un 46% –menos de la mitad–, cumplieron en plazo esta obligación legal. Más aún: a 31 de diciembre de 2022, que es el día hasta el que abarca la fiscalización del organismo estatal pese a que se centre en la información contable y financiera del ejercicio de 2021, aún faltaban 24 entidades del Archipiélago por informar de su cuenta general, o lo que es lo mismo: por cumplir la ley. Entre ellas, el TCu destaca el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, uno de los únicos nueve del país con más de 100.000 habitantes que al cierre del año pasado aún seguían sin cumplir. E igual les ocurrió a dos de los siete cabildos: los de Lanzarote y Fuerteventura.

Los ayuntamientos de Moya, San Bartolomé de Tirajana, Guía, Tinajo, Valleseco, Valsequillo, Adeje, Alajeró, El Tanque, Icod de los Vinos, La Matanza, Santa Cruz de La Palma y Tacoronte son, junto con el de la capital grancanaria, los que no remitieron a su debido tiempo la cuenta general.

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