«Colapso absoluto» en la red que atiende a los menores migrantes

«Colapso absoluto». Son las palabras que utilizó ayer el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para describir la situación en la que se encuentra el sistema de acogida que el Gobierno autonómico ha puesto en marcha para atender a los menores migrantes que han llegado al Archipiélago a bordo de embarcaciones. «Ahora mismo tenemos una situación de colapso absoluto de las ONG y de los recursos para poder atender a niños y niñas», reconoció el líder del Ejecutivo regional tras apuntar que ya son casi 4.800 los menores que tutela la comunidad autónoma.

Las derivaciones exprés a la Península que se están produciendo en el caso de los adultos y están «descongestionando» la red de acogida en las Islas no se están produciendo en el caso de los jóvenes, que depende de la comunidad autónoma. Por ello Clavijo insistió ayer en la necesidad de modificar la ley del menor, ya que en su momento esta fue creada para «situaciones extraordinarias de la retirada de la tutela a unos padres por desatender al menor». 

El nacionalista consideró que en el caso de la migración, que es «competencia exclusiva del Estado», lo que tiene que prevalecer es el derecho del menor y recalcó que la norma «no está prevista» para situaciones como la que existe en las Islas actualmente. Clavijo pidió ayer un cambio normativo para que el Estado asuma la competencia y pueda darse un reparto entre comunidades para que Canarias no tenga que «soportar esa carga». Uno de los motivos que empujaron al presidente a insistir en la petición es que, según apuntó, con estas cifras de menores en el Archipiélago «no se puede garantizar» que se «atienda bien» a los chicos que desembarcan en las Islas. 

Desde la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, reconocen que los recursos de acogida están «tensionados», ya que todos los centros que se abren se llenan en cuestión de horas ante el intenso flujo de llegadas. Pero la saturación no impiden que, según apuntan desde el departamento responsable, todos los menores que llegan «cuentan con un espacio». El Ejecutivo regional se ha visto obligado a abrir en los últimos tres meses –desde el 1 de agosto– más de 20 nuevos dispositivos de emergencia para poder hacer frente al ritmo de llegadas que en octubre llegó a establecerse en 100 jóvenes diarios. Actualmente, el Archipiélago cuenta con 58 recursos. 

Justamente ayer el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera decretó la cesión temporal de las instalaciones del Albergue de Vegaipala a la Consejería de Bienestar Social para acoger a menores migrantes no acompañados. La alcaldesa del municipio, Angélica Padilla, apuntó ayer que «la solidaridad que se pide desde Canarias al resto de comunidades autónomas debe quedar patente también dentro del Archipiélago, respondiendo con premura y sin doblez a las necesidades derivadas de la crisis humanitaria que se afronta en este momento». Así, el albergue de Vegaipala se pone a disposición de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias mientras que la gestión directa le corresponde a la Asociación Coliseo, entidad colaboradora del Gobierno de Canarias.

Sin modificación de la ley del menor, la responsabilidad sigue en manos del Gobierno autonómico que solo «libera» plazas a través de la solidaridad del resto de comunidades autónomas. Por el momento, ese «apoyo» se ha quedado corto, ya que el acuerdo al que se ha llegado solo incluye el traslado a la Península de 347 jóvenes. 

El presidente canario afirmó ayer «no haber percibido falta de solidaridad» tras haber tenido contacto telefónico con algunos presidentes regionales y con otros, a través de WhatsApp. En estas conversaciones, los responsables autonómicos sí le trasladaron al canario quejas por la «falta de información» por parte del Gobierno central. Además, compartieron la necesidad de celebrar una comisión sectorial para exponer lo que cada uno puede asumir y reclamar los fondos porque «detrás tiene que haber una financiación». El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, confirmó el lunes que este encuentro finalmente se producirá el próximo 20 de noviembre. 

«Yo no noto esa falta de solidaridad, es decir, todos al final, de alguna manera, dicen oye que mal lo estás pasando Fernando, cómo va la cosa, lo que si en este caso me transmitían y se quejaban era de la falta de información», insistió ayer Clavijo, quien afirmó que la cantidad de traslados pactada con las comunidades «es absolutamente insuficiente». 

De ahí la insistencia por parte del Ejecutivo autonómico de que se aborde una modificación legislativa para que la distribución de los menores no acompañados se puede hacer en torno a «criterios de territorio, de producto interior bruto de la comunidad autónoma, de población» para que puedan estar entendidos «de manera adecuada». Clavijo recordó que se trata de personas a las que hay que «escolarizar, enseñar un idioma y atender» las 24 horas del día. 

Otra de las cuestiones que preocupan al Ejecutivo canario es el colapso en las pruebas de determinación de la edad tras el intenso flujo de llegadas en octubre que provoca que existan adultos ocupando las limitadas plazas de la red de acogida para menores. Según los datos de la consejería, son unas 2.000 las pruebas de determinación de edad pendientes aunque insisten en que no todos los casos requieren «el examen óseo». 

El Gobierno autonómico llegó hace dos semanas a un acuerdo con la Fiscalía para incrementar el número de fiscales, médicos forenses y número de pruebas óseas semanales que se realizan a los menores que están en centros de las Islas. «En siete días se han hecho 201 pruebas y se ha determinado que 142 son mayores», afirmó ayer la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez. Estos datos reflejan que siete de cada diez migrantes a los que se realiza las pruebas resultan ser mayores de edad, lo que permite liberar plazas y «descolapsar» la red de acogida. «Esto nos permite dar una correcta atención, trabajar con ellos y que se respeten sus intereses superiores», añadió Rodríguez. 

Hasta el momento, el Ejecutivo canario no tiene noticias de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, Ione Belarra, sobre cualquier cuestión relacionada con el fenómeno migratorio. «A ella sería quien le compete un poco atender y colaborar en la atención de estos menores no acompañados, pero no hemos podido ni hablar», recordó ayer Clavijo quien insistió en la petición de «implantar un mando único que coordine a todos los actores implicados» para evitar este tipo de problemas.  

El presidente canario afirmó ayer en la sesión de control del Pleno del Parlamento que el esfuerzo del Ejecutivo central para hacer frente a la «avalancha» de inmigrantes no es suficiente. «No estamos satisfechos», añadió el nacionalista, quien explicó que solo hay «respuestas aisladas» de algunos ministerios cuando hay «grandes problemas» que fueron avisados por su Gobierno. El jefe del Ejecutivo canario sí destacó la «sensibilidad» mostrada por el ministro José Luis Escrivá. Sobre el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, admitió que tuvieron al principio sus diferencias, si bien ahora afirmó que están «colaborando estrechamente».