Los acuerdos para la investidura de Sánchez | Repercusiones en la Comunidad Autónoma

Tratar a Canarias como a Cataluña implica condonar el 62% de la deuda

La fundación Fedea calcula que aplicar con equidad la quita que Sánchez les ha prometido a los independentistas rebajaría el débito de las Islas en 4.400 millones

Archivo - La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros celebrado tras el final del estado de alarma, en Madrid (España), a 23 de junio de 2020.

Archivo - La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros celebrado tras el final del estado de alarma, en Madrid (España), a 23 de junio de 2020. / EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press

El Gobierno de Pedro Sánchez debe condonarle a Canarias hasta el 64% de su deuda. Un porcentaje inferior supondría tratar de manera desigual a isleños y catalanes. Así se desprende de los cálculos que el profesor y economista Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), ha hecho para el informe El contenido de los pactos de investidura.

El voto favorable de los diputados de Esquerra a la investidura de Pedro Sánchez le costó al PSOE el compromiso de condonarle a Cataluña 15.000 millones de euros de su astronómica deuda, que a 30 de junio de este año, hasta donde abarcan los datos del Banco de España (BdE), ya iba camino de los 87.000 millones. Esa quita de 15.000 millones de euros en favor de la región mediterránea supone que se le perdonen 1.980 euros a cada catalán. Los socialistas, primero, y el Gobierno central, una vez constituido, repiten por activa y por pasiva que la medida se aplicará en todas las Comunidades Autónomas –algo impepinable por cuanto no hacerlo significaría un agravio comparativo sin precedentes–, pero no aclaran cuál será la fórmula para llevar a cabo esa condonación masiva.

Los 15.000 millones de Cataluña equivalen a alrededor del 20,5% de todo su debe público, pero el Ejecutivo estatal no puede limitarse a perdonar ese mismo porcentaje a todas las demás comunidades. Sería poco menos que una broma para los Gobiernos autonómicos, incluido el canario. No en vano, mientras que hubo Ejecutivos regionales que se apretaron el cinturón en los duros años de la crisis financiera, algo que sufrieron los ciudadanos de sus respectivos territorios en forma de recortes, otros continuaron gastando a espuertas y se saltaron a la torera las directrices europeas sobre el control de la deuda y el déficit públicos.

El ‘think tank’ cree que la fórmula «más razonable» para que no haya agravios es una quita per cápita

En el Archipiélago se dio el primer caso; en Cataluña, el segundo. Por eso el debe de las Islas es de 7.049 millones de euros –una suma equivalente al 14,1% del PIB de Canarias– y el de la comunidad levantina roza los 87.000 –la friolera del 32,4% de su Producto Interior Bruto–. Y por eso condonarle al Archipiélago el mismo porcentaje –20,5%– que a Cataluña no solo supondría una quita muy inferior, de apenas 1.445 millones, sino que sería de todo punto injusto.

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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, pidió ayer a las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP que aparten las cuestiones «partidistas» por la condonación de parte de la deuda a Cataluña y se sienten a hablar para negociar sobre el asunto, incidiendo en que la medida es extensible al resto de territorios y beneficiará «a toda España». En una entrevista con Antena 3, el ministro de Política Territorial remarcó que el acuerdo del PSOE con los partidos independentistas catalanes es «extensible» a todos los territorios, y que el Ministerio de Hacienda explicará a cada comunidad «todos los pasos a dar». «Ahora es el momento de sentarnos institucionalmente, lo haré con todos los presidentes, muchos de ellos son de PP y Vox, y también les pediré lo mismo que yo haré, que es que pongamos el rigor de apartar las cuestiones partidarias y saber que estamos en una mesa dos instituciones para llegar a acuerdos», explicó el expresidente del Gobierno de Canarias, que hizo un llamamiento a rebajar «el ruido». | EP

Ese entuerto es el que debe resolver el Gobierno de Sánchez, y para hacerlo con equidad no parece tener otro camino que tomar como referencia los 1.980 euros que en términos per cápita le perdonará a cada catalán. Partir de la cuantía por ciudadano cumple la premisa de tratar por igual a todos los españoles, «y dado que, además, todas las Comunidades Autónomas se vieron afectadas de manera similar por la Gran Recesión», puntualiza el informe, esa sea, si no la única, sí al menos «la forma seguramente más razonable de extender la medida a otros territorios».

Situar en pie de igualdad a canarios y catalanes llevará la deuda isleña a mínimos de 14 años

Pues bien, en tal caso, Canarias se quitará de encima unos 4.400 millones, un montante que equivale al 62,4% del total de su deuda pública. Una quita de ese importe en favor del Archipiélago respetaría la premisa de la equidad entre ciudadanos y llevaría el debe de las Islas a unos 2.650 millones, la menor cantidad desde 2009.

Eso sí, a De la Fuente –uno de los mayores expertos del país en financiación pública y autonómica– no le gusta la condonación «incondicionada» de deuda. Primero porque traslada a los Gobiernos regionales el mensaje de que pueden endeudarse a espuertas, que ya vendrá el Estado a asumir el coste; y segundo porque desincentiva las políticas de ahorro de las comunidades de cara a futuros períodos de estrecheces. «Puestos a incentivar la irresponsabilidad fiscal, el acuerdo [PSOE-Esquerra] es difícilmente superable», sentencia.

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Ni merma en las arcas públicas de la Comunidad Autónoma, ni fórmula preestablecida, ni un número definitivo de potenciales beneficiarios. La eventual rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) vinculada al Régimen Económico y Fiscal (REF) no implicaría -no al menos necesariamente- ninguna de esas tres cosas. Tal como ya adelantó este diario, los técnicos del comisionado del REF del Gobierno de Canarias, cargo que desempeña José Ramón Barrera, estudian la posibilidad de aplicar en favor de los asalariados y autónomos del Archipiélago una rebaja en el IRPF, es decir, en la declaración de la renta, justificada en el carácter compensatorio del REF, cuyo objetivo es paliar las desventajas inherentes que sufren las Islas respecto de las regiones de la Europa continental por su fragmentación territorial, la pequeña dimensión de su mercado interior y, sobre todo, su lejanía. Pero ni está definida la fórmula para la materialización de esa compensación fiscal -reducción, bonificación...- ni mucho menos quiénes o cuántas personas se beneficiarían de la misma, esto es, si sería para todos los contribuyentes o se ajustaría en función de los distintos niveles de renta.

Además, Barrera explicó ayer que en ningún caso se reducirían los ingresos públicos de la región, básicamente porque la rebaja tributaria, cabe insistir, estaría blindada en el REF, y los fondos del REF se desvincularon de los dineros de la financiación autonómica en 2018. En definitiva, no habría merma alguna en las transferencias estatales para sufragar los servicios públicos, como tampoco en las cantidades que acaban en las arcas de los cabildos y ayuntamientos. Por eso la consejera de Hacienda del Ejecutivo canario, Matilde Asián, subrayó el martes en el Parlamento autonómico que, en última instancia, la medida exigirá la «generosidad del Estado». Una generosidad que tendrá que ser también normativa, ya que el margen de maniobra del Gobierno regional en el IRPF es más bien escaso, casi nulo.

El comisionado del REF expuso que, al fin y al cabo, lo que se intenta es que el fuero beneficie de manera directa a los ciudadanos, darle una orientación más «social», ya que en la actualidad se centra en la inversión y, por tanto, en la empresa. M. Á. M.