Ángel Víctor Torres: Comodín para asuntos autonómicos, ‘paladín’ contra los vestigios franquistas

El nombramiento de Ángel Víctor Torres como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática pone en manos del que fuera presidente de Canarias algunas de las materias más sensibles de la agenda del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, más allá de su relevancia política. Es la primera vez que las dos áreas que dan nombre a esta cartera ministerial se funden en un solo departamento al salir del entorno de Moncloa la segunda de ellas, hasta ahora en manos del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El ministro canario se convierte así en el ‘comodín’ del Ejecutivo para asuntos autonómicos, y en el encargado de ‘enterrar’ las secuelas de la guerra civil y de la dictadura con la tarea fundamental de aplicar la ley de la controvertida ley Memoria Democrática aprobada en octubre del año pasado.

El propio Torres está convencido de que su perfil político ha tenido que ver con este encargo por parte de Sánchez, tanto el relacionado con su bagaje en política territorial en el primer caso, gracias a su condición de expresidente de Canarias, como, en segundo término, el de dirigente político que fue pionero desde un puesto institucional, el de alcalde Arucas en 2003, en dar cobertura a las asociaciones de memoria histórica que querían recuperar los restos de sus familiares víctimas del franquismo. En los dos planos integrados ahora en su ministerio, Torres tiene por delante una tarea compleja en un contexto político adverso.

El enfrentamiento entre el PP y el PSOE en política territorial por los acuerdos de Sánchez con los partidos nacionalistas y soberanistas, con la mayoría de las comunidades autónomas en manos de los populares (11 de 17), y el rechazo de populares y de Vox, así como de los territorios e instituciones que gobiernan, a la propia ley de Memoria Histórica, van a suponer serios hándicap para el encargo que tiene por delante el dirigente socialista canario. Él ha asumido la cartera convencido, sin embargo, de que su capacidad de negociación, así como la interlocución previa con la mayoría de dirigentes autonómicos, darán sus frutos a lo largo de la legislatura.

Tendrá implicarse a fondo en las materias pactadas con CC para desarrollar el Estatuto , así como revisar la de gestión del litoral transferida hace casi un año pero sobre la que la comunidad autónoma no está conforme.

En materia de Política Territorial, Torres tiene como primera prioridad, además de desarrollar los Estatutos de Autonomía de todas las comunidades reformados en los últimos años, facilitar el cumplimiento de los acuerdos que en esta materia ha alcanzado con los socios parlamentarios del Gobierno, fundamentalmente ERC, PNV y CC, los partidos que más asuntos han incluido en sus acuerdos que afectan a su ministerio. Son sobre todo traspasos a Cataluña, País Vasco y Canarias de competencias estatales que aunque están integradas en otros ministerios, es el de Torres el departamento que tramita ese proceso a través de la Comisión Bilateral entre el Estado y las respectivas comunidades autónomas y de la Comisión Mixta de Transferencias también entre ambos niveles administrativos. De una u otra manera, el ministerio de Torres participará por ejemplo en el traspaso de Cercanías a Cataluña y el de la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco, las dos principales cuestiones de este tipo pactadas por el PSOE con ECR y PNV, respectivamente.

También en el caso de Canarias Torres tendrá implicarse a fondo en las materias pactadas con CC para desarrollar el Estatuto y el traspaso de más de una decena de nuevas competencias ahora estatales recogidas en él, así como revisar la de gestión del litoral transferida hace casi un año, pero sobre la que la comunidad autónoma no está conforme. De hecho, el Ministerio de Política Territorial tendrá que abordar de forma inmediata la solicitud de Canarias de convocar de nuevo la Comisión Bilateral con Canarias para esta cuestión tras la negativa del Ministerio de Transformación Energética, anterior titular de las competencias en Costas, a ampliar las condiciones de esa transferencia a las Islas, a las que apela para mantener aún la capacidad de intervenir en los expedientes abiertos a determinadas instalaciones hoteleras y el control sobre el dominio marítimo-terrestre del litoral.

El ministro canario pretende mantener en esta legislatura la dinámica de reducción de los conflictos competenciales entre el Estado y las comunidades autónomas y resolver las discrepancias por la vía de la negociación

Torres intervendrá asimismo en otros aspectos de las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas como la reforma de la financiación autonómica, sobre la que ha reconocido dificultades de llevar a cabo por el ambiente político estatal, y participará en las Conferencias de Presidentes que se convoquen de forma directa por el jefe del Ejecutivo central. Varias comunidades ya lo han solicitado de forma urgente para clarificar la situación tras los acuerdos con los nacionalistas. Pese a que formalmente estará también involucrado en las negociaciones con los independentistas catalanes para abordar el conflicto político en Cataluña y el conjunto de los acuerdos con ERC y Junts, así como las cuestiones políticas más directas sobre el País Vasco con PNV y Bildu, es evidente que esta faceta la llevara directamente el ministro Bolaños, así como el propio Sánchez. Pero el ministro canario sí pretende mantener en esta legislatura la dinámica de reducción de los conflictos competenciales entre el Estado y las comunidades autónomas y resolver las discrepancias por la vía de la negociación sin necesidad de acudir al Tribunal Constitucional.

Memoria Democrática

En materia de Memoria Democrática, el nuevo ministro tiene ante sí el reto de poner en marcha y aplicar todo el conjunto de medidas incluidas en la ley en vigor desde octubre de 2022, con una serie de hitos que tienen por objetivo superar las secuelas de la guerra civil y del franquismo más allá de los pasos que se dieron en este ámbito en la ley de Memoria Histórica de 2008. Una agenda que se enfrenta a la amenaza de algunas comunidades autónomas para derogar la normativa estatal. Uno de los asuntos fundamentales que tendrá que impulsar Torres ahora es el de convertir al Estado en parte activa de la apertura de fosas y búsqueda de restos de los asesinados y desaparecidos durante la conflagración civil, así como la realización de una auditoría y de un inventario por parte del Estado de los “bienes expoliados” entre 1936 y 1939 y durante toda la dictadura de Franco. También tendrá que completar el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria, y cambiar el nombre de siete pueblos españoles con nombres franquistas y la extinción de entidades franquista como la Fundación Francisco Franco, aunque desde el Ministerio alegan que medidas de este tipo requieren actuaciones de carácter normativo o bien de intervención judicial.

Tendrá que completar el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria, cambiar el nombre de siete pueblos y la extinción de entidades franquista como la Fundación Francisco Franco

Especialmente sensible desde el punto de vista político para los nuevos responsables de esta cartera ministerial va a ser la creación de una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983, uno de los asuntos de la ley que generó más polémica, ya que se incorporó al texto tras una enmienda pactada entre el anterior Gobierno y EH Bildu, que pretendía poder abordar el inicio de la actuación de los GAL. La ley establecía un año de plazo para su creación, pero Bolaños le ha pasado la cartera a Torres sin haberlo logrado. Desde Moncloa se asegura que en la actualidad se está avanzando en el análisis de los perfiles más adecuados para esta comisión, pero que el despliegue de esta y otras medidas de la ley se ha visto afectado por las diferentes convocatorias electorales y por el periodo de gobierno en funciones.

El equipo de Torres también tiene por delante avanzar en aspectos de la ley como la presentación en las Cortes de un proyecto de ley para modificar la Ley sobre Secretos Oficiales, con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a los archivos del Estado sobre la guerra civil y la dictadura; y el impulso de modificación de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación, para incluir como causa de disolución la apología del franquismo. También tendrá que afrontar Torres la situación creada tras la anulación por parte del Tribunal Supremo del nombramiento de Dolores Delgado, exministra de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez, como Fiscal de Sala, pues, como consecuencia de ese sentencia, queda en el aire su actual cargo de Fiscal de Memoria Democrática, puesto para el que se exigía previamente la titularidad de una fiscalía de Sala.