Canarias quiere poner coto al gasto sin control de las regiones incumplidoras

El Ejecutivo, en línea con el Banco de España, ve pertinente incluir en el sistema de financiación autonómica una cláusula de ‘no rescate’ a quienes se salten las normas

Matilde Asián conversa con Manuel Domínguez momentos antes de un pleno del Parlamento de Canarias.

Matilde Asián conversa con Manuel Domínguez momentos antes de un pleno del Parlamento de Canarias. / Carsten W. Lauritsen

M. Á. Montero

Canarias peleará en las negociaciones para la reforma del sistema de financiación autonómica por que cada comunidad se responsabilice de la gestión de sus presupuestos y sus finanzas. Mejor dicho: para que cada una se responsabilice de las consecuencias de su gestión presupuestaria y financiera. El Ejecutivo regional se alinea así con el gobernador del Banco de España (BdE), Pablo Hernández de Cos, que apuesta por aprovechar la próxima modificación del sistema –la última reforma se hizo en 2009, hace ya 14 años– para que una vez se consiga el acuerdo entre los distintos Gobiernos autonómicos, se incluya una cláusula de no rescate. Es decir, una cláusula que deje bien claro que el Estado no asumirá el coste de los desmanes que puedan cometerse en los territorios; que deje bien claro que la Comunidad Autónoma que se salte a la torera los principios de la sostenibilidad financiera y presupuestaria deberá asumir el coste de su incumplimiento y, en última instancia, dar la cara sin excusas ante sus ciudadanos y aplicar las medidas correspondientes para volver a la senda del rigor. En definitiva, se trata de que no vuelva a ocurrir lo sucedido durante los duros años de la Gran Recesión (2008-2014), cuando hubo regiones que cumplieron el mandato de Bruselas y controlaron la deuda y el déficit, como Canarias, y otras que continuaron gastando a espuertas con la excusa de estar infrafinanciadas, como Cataluña. Con esa cláusula de no rescate se evitarían situaciones como la actual, con el Estado presto para asumir 15.000 millones de euros de la deuda pública catalana –en virtud, además, de un acuerdo político entre el PSOE y Esquerra– mientras a las comunidades que en su día sí se apretaron el cinturón se les queda cara de tontas y no tienen más remedio que esperar a ver cómo se las compensa por el agravio comparativo. Es lo que el Gobierno de Canarias no quiere que vuelva a pasar en el futuro, y por ello peleará en las negociaciones para la reforma del sistema.

La idea es que las autonomías no tengan la excusa de la infrafinanciación para despilfarrar

El vicepresidente del Ejecutivo regional, Manuel Domínguez, que también es el responsable del área de Economía, avanzó que en el Gobierno están, «sin duda», en sintonía con esa idea de incluir en el sistema de financiación una cláusula de no rescate, de compromiso de gestión o de asunción previa de responsabilidades, una cláusula que, más allá del nombre o de cómo se formule, garantice que, llegado el caso, cada Comunidad Autónoma asumirá las consecuencias de sus desmanes. Que acabe al fin con la excusa de que el déficit y la deuda se descontrolaron porque la región equis está infrafinanciada, con lo que el Estado acudirá al rescate para asumir un débito disparatado e injustificado, ya que el argumento de la infrafinanciación, máxime si se tira del histórico, pueden esgrimirlo todas las autonomías. Incluida, por supuesto, Canarias, que no logró que se desvincularan los fondos compensatorios del REF de los dineros ordinarios del sistema hasta 2018. Hasta entonces, a las Islas se les restaba de las transferencias de la financiación el equivalente a los fondos del Régimen Económico y Fiscal, con lo que por un lado se compensaban la lejanía, la fragmentación territorial y la pequeña dimensión del mercado interior –por eso existe el REF– y por otro se descompensaban. Un sinsentido que, cabe insistir, perduró hasta 2018. De modo que si la Comunidad Valenciana, Murcia o Cataluña achacan a la infrafinanciación el extraordinario incremento que experimentó su deuda pública en aquellos infaustos años de crisis financiera, Canarias bien podría haber empleado la misma justificación. Sin embargo, el Ejecutivo canario mantuvo a raya el déficit y la deuda, y lo sufrieron sus ciudadanos en forma de recortes. Y resulta que ahora, nueve años después de acabar la Gran Recesión, el Gobierno central prepara una quita sin precedentes en favor de una de las autonomías –Cataluña– que más han disparado el debe público. Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez insisten en que se condonará deuda en igual medida a todas las demás regiones –algo que no puede ser de otra forma porque lo contrario supondría un agravio difícilmente justificable–, pero lo cierto es que la medida, esta macroquita, se llevará a cabo por conveniencia de Cataluña y porque el endeudamiento de Cataluña, que no de Canarias, Madrid o Galicia, es insostenible.

Un débito disparatado

Todo esto es lo que se evitaría en el futuro con esa cláusula de no rescate. «Es hora de aprender, de una vez por todas, que las normas están para cumplirlas», ahondó el vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno isleño, que no solo coincide en la necesidad de buscar una fórmula para que cada Comunidad Autónoma asuma las consecuencias de su gestión financiera, de tal forma que no paguen justos por pecadores, sino que incluso va un paso más allá. Domínguez entiende que no estaría de más plantear que se reconozca de alguna manera a las regiones que «lo hacen bien». Y los números evidencian que hay quienes lo han hecho bien y quienes lo han hecho mal.

«Es más, a las comunidades que lo hacen bien habría que reconocérselo»

Manuel Domínguez

— Vicepresidente del Gobierno de Canarias

En 2007, el ejercicio que marcaría el antes y el después de la Gran Recesión –fue en octubre de ese año cuando se produjo el caos de las hipotecas basura en los Estados Unidos y se inauguró así la crisis financiera–, la deuda de Canarias ascendía a 1.562 millones de euros, el equivalente al 3,8% del PIB regional. Ahora, a fecha del pasado 30 de junio, que es hasta donde abarcan los últimos datos oficiales, el débito público autonómico alcanza ya los 7.049 millones, el 14,1% del PIB. Así que el peso de la deuda en relación con el Producto Interior Bruto ha aumentado en el Archipiélago en más de diez puntos, lo que da una idea de hasta qué niveles se tuvo que echar mano de la financiación externa para sobrevivir a los rigores de la crisis y de una Unión Europea (UE) que apostó entonces por el recorte del gasto público para hacerle frente. Con todo, Canarias es hoy, junto con Madrid, la comunidad menos endeudada de España. En el otro extremo está Cataluña, que en 2007 tenía un débito público de menos de 16.000 millones –7,8% de su PIB– y que hoy acumula una deuda de 86.800 millones de euros, la friolera del 32,4% de su Producto Interior Bruto. Y no es la peor, ya que este dudoso honor lo luce la Comunidad Valenciana, cuyo debe equivale ya al 43,5% del PIB.

Será la consejera de Hacienda Matilde Asián la que se batirá el cobre en Madrid para defender los intereses del Archipiélago en la reforma del sistema. Una Asián cuyo perfil técnico y ortodoxo está de sobra demostrado y que también apuesta por esa cláusula de no rescate que descarte la posibilidad de que a la Comunidad Autónoma se le vuelva a quedar cara de tonto por cumplir lo que otros incumplen sin consecuencias, y eso cuando no son directamente premiados.

Fondos suficientes y compromiso ‘por escrito’

La consejera Matilde Asián coincide en sus argumentos con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Por un lado, en que es necesario, de una vez por todas, un sistema de financiación autonómica que dé a cada región lo suyo, que acabe así con los desequilibrios fiscales y que, en definitiva, esté «completamente cerrado»; y, por otro, en que debe haber «incentivos para un comportamiento prudente», es decir, para que los gestores de las respectivas haciendas territoriales no cometan desmanes. Y es aquí donde entraría esa cláusula de no rescate, de modo que si todos tienen suficientes recursos, se establezca una garantía por escrito, por decirlo de algún modo, en virtud de la cual no será posible esgrimir el argumento de que la deuda y el déficit públicos se han descontrolado porque la región, la que sea, está infrafinanciada. Hasta que eso no se consiga, fórmulas como las quitas no serán más que un parche. Y eso según De Cos, ya que economistas como Ángel de la Fuente, director de Fedea, son si cabe más rotundos al sostener que la condonación «incondicionada» que prepara el Gobierno central es una «pésima idea». «Puestos a incentivar la irresponsabilidad fiscal, el acuerdo [PSOE-Esquerra] es difícilmente superable», sentencia De la Fuente.

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