Entrevista | Ángel Víctor Torres Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática

Ángel Víctor Torres: «Hay menos conflictos con Cataluña que cuando gobernaba el PP, eso es un éxito»

Ángel Víctor Torres (Arucas, 1966) es el nuevo ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Quienes lo conocen lo definen como un «hombre de consensos», cualidad que deberá explotar para capear con los pactos con los soberanistas en materia territorial y el frente del PP espoleado desde sus bastiones autonómicos.

El ministro Torres, en los pasillos de la Delegación del Gobierno.

El ministro Torres, en los pasillos de la Delegación del Gobierno. / José Carlos Guerra

Iván Gil

¿Cuándo recibió la llamada del presidente del Gobierno y qué le trasladó?

Lo primero es agradecer su confianza al presidente Pedro Sánchez. Había salido en algunos medios que estaba en las quinielas, pero todo se cerró el último fin de semana. Tuvimos varias conversaciones y finalmente me ha entregado la responsabilidad. Haber sido presidente, además de una comunidad ultraperiférica, puede dar un mensaje extender al conjunto del Estado la política como la entendemos en Canarias. Me explico. En las Islas nunca ha habido una mayoría absoluta, siempre ha sido necesario acordar y eso es lo que quiero trasladar también al conjunto del país. La voluntad de llegar a acuerdos, a consensos, a agotar siempre la posibilidad de llegar a puntos en común; ese será mi empeño. En Memoria Democrática, me tocó siendo alcalde iniciar los procesos para recuperar a los represaliados que habían perdido la vida en el municipio, los llamados pozos del olvido y, por tanto, desarrollaré la ley, que debe también amoldarse al presente. Y además, se me añade el Comisionado de La Palma, cosa que también agradezco porque ha sido una situación que se ha sufrido y que ha hecho que todo el país haya estado al lado de esa isla. 

¿Ha podido tener algún primer contacto con los partidos soberanistas o con los presidentes autonómicos?

Han pasado pocos días, pero ya les he enviado una carta en la que me pongo a su disposición como ministro de Política Territorial. Conozco a muchos de ellos, del PP, de otras formaciones políticas y también socialistas, porque han renovado como presidentes autonómicos, y creo que eso es bueno. Pronto tendremos reuniones, pero ya hemos tenido trato con todos ellos.

¿Cómo se pueden concretar los pasos para el reconocimiento nacional de Cataluña y Euskadi recogido en los pactos?

Con el diálogo que marcan la Constitución Española y los estatutos de autonomía, para que dentro de su encaje caminemos en las modificaciones que sean necesarias. Por tanto, voy a hablar mucho con ellos. Hay acuerdos programáticos y también de investidura y haremos frente a esas propuestas y a esas posturas. 

¿Dentro del marco de la Constitución cabría reconocer la plurinacionalidad del Estado como pide el lehendakari Urkullu?

Repito que quien hace un planteamiento y quien lo recibe saben que tiene un marco que es absolutamente imprescindible respetar, la Constitución. Lógicamente, habrá que tener en cuenta los propios estatutos, que tienen también cobertura constitucional. En cualquier caso, soy una persona que creo que me he definido siempre por escuchar al máximo y hacer entender también que todos los acuerdos tienen que tener el visto bueno de la realidad jurídica y constitucional. 

No sé si sus explicaciones serán suficientes para tranquilizar a los barones autonómicos, tanto del PP como alguno del PSOE. ¿Se corre el riesgo de crear asimetrías o se avanzará en un nuevo café para todos?

Soy consciente de que todo presidente autonómico, y es su obligación, defiende lo mejor para su territorio. También hay que entender que existen las comisiones bilaterales, las comisiones mixtas u órganos como la propia Conferencia de Presidentes para dirimir, despejar y aclarar cuestiones. Yo tengo que reconocer que en los últimos años, y lo digo también como presidente de una comunidad autónoma, hemos ido reduciendo la litigiosidad. Hay también mecanismos cuando esa litigiosidad no se termina de despejar, como el propio Tribunal Constitucional. Voy a agotar todas las vías para aclarar todas las divergencias entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Puedo asegurar que en eso, porque he estado al otro lado de la mesa, pondré el máximo de mi esfuerzo. Entiendo a los presidentes autonómicos y estoy convencido de que ellos también me van a entender como ministro de Política Territorial. Creo que eso los puede tranquilizar, como me ocurre a mí. 

Los presidentes autonómicos del PP han remitido una petición conjunta para que se reúna la Conferencia de Presidentes de manera inmediata. ¿Cuándo se convocará? ¿Y garantiza que se puedan debatir en ese foro la afección de los acuerdos de investidura y el modelo de financiación?

Hay órganos que tienen sus especificidades. Si hablamos de economía, está el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Luego hay otros, como la Conferencia de Presidentes, que quien más veces la ha convocado ha sido Pedro Sánchez. Durante la pandemia celebramos muchas en las que primaba el ponernos de acuerdo, la ayuda mutua. En la Conferencia de Presidentes de La Palma, con la presencia de todos los presidentes autonómicos, hubo unanimidad para adecuar el reglamento y los procedimientos, su orden del día, a mecanismos reglados, entre ellos uno para establecer acuerdos. Quienes han solicitado una convocatoria urgente espero que lo hayan hecho para el consenso y no para el disenso, y que la petición sea para los ámbitos competenciales que tenemos, no para otras cuestiones. Será el presidente del Gobierno, que es el responsable máximo de esa conferencia, quien concretará como proceda su celebración.

Esa reforma reglamentaria a la que hace referencia también establece que al menos se celebren dos reuniones al año. La última fue en marzo de 2022.

Estoy convencido de que se van a celebrar muy pronto. Acabamos de constituir el Gobierno, hemos estado en funciones, antes ha habido una investidura fallida... Por eso el máximo responsable de ello es fundamentalmente el PP. Esas conferencias siempre han sido, desde el punto de vista de la colaboración, ejemplares. Se ha convocado a todos los presidentes, nos hemos escuchado, nos hemos ayudado entre todos y, por tanto, pronto se harán.

Hace énfasis en que a la última reunión acudieron todos los presidentes autonómicos. ¿Espera que en la siguiente también lo hagan, incluidos Pere Aragonès e Iñigo Urkullu?

Me gustaría. Lo tengo que decir con claridad. Yo era presidente de Canarias [cuando se celebró la última Conferencia de Presidentes] y agradecí personalmente a todos que vinieran ante una situación de tragedia material tremenda como fue la erupción volcánica, y que se lanzara un mensaje institucional unánime de que ahí estaban todos ante esa desgracia. Espero, y haré un esfuerzo al respecto, que puedan estar todos los presidentes en la próxima. 

La quita de deuda a Cataluña ha sido criticada por el PP. ¿Cómo puede afectar al resto de comunidades autónomas?

Lo primero, desde la rigurosidad, no se aprueba, aunque es un acuerdo entre partidos, solo para una comunidad. El documento firmado dice claramente que es extensible a todas las demás comunidades. Y no solamente al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), sino también a la deuda con terceros. Es una medida que beneficia a todos los gobiernos autonómicos. Estamos hablando de acceder a una quita de deuda, que permitirá a cada gobierno autonómico desarrollar esos fondos en aquellos fines que le sean propios. Ante todo lo que se está leyendo y se está informando por distintos órganos, lo más importante es que desde el Ministerio de Hacienda se trasladen en su momento las cantidades y los porcentajes a cada uno de los territorios. Creo que es importante que todos los sectores entiendan que estamos ante una situación que beneficia a todos los territorios sin excepción.

¿Se mantendrá el plan para descentralizar entes públicos de Madrid?

Fue un acierto tomar la decisión de territorializar y descentralizar entidades, entes u organismos. Y junto a ello, con criterios objetivos y técnicos, decidir cuáles eran las ubicaciones más idóneas para cada área y sede que se quería potenciar. Vamos a continuar con ese trabajo, indudablemente, en los próximos años. 

¿Descartando por el momento que se pueda descentralizar algún ente ya existente?

No querría avanzarlo hasta que no vayamos viendo qué entes y en qué medida. 

Desde la oposición también se teme que esta legislatura desemboque en un referéndum de independencia en Cataluña.

Ese documento firmado por dos partidos políticos deja bien claro desde el principio que hay cuestiones divergentes. Es un acuerdo en el que tanto Junts como el Partido Socialista también exponen sus puntos de no acuerdo en algunas cuestiones determinadas. Eso también es importante que lo podamos decir. También creo que cualquier alusión que se haga en un acuerdo firmado por parte de partidos, como en este caso Junts, que aluden a la Constitución, es positivo. Positivo porque todo acuerdo que se tome solo tiene cabida dentro del marco de la Constitución del 78. 

Con lo cual no es descartable esa vía dentro del artículo 92.

Solo es posible si la Constitución lo permite.

¿Cuándo se pondrá en marcha la comisión bilateral de traspasos con el Gobierno vasco? ¿El Régimen Económico de la Seguridad Social es una de las competencias a transferir?

Son cuestiones que tienen que ver con cada uno de los territorios. En los últimos cuatro años hubo transferencias a distintas comunidades. Sé de lo que hablo porque una de las competencias que se terminó salvando fue la de Costas entre el Gobierno de España y el de Canarias. Tiene alguna cuestión que no fue acordada, pero se produjo la transferencia y por tanto puede ser incluso mejorado. Y lo vemos ahora con todas las comunidades. Puede haber peticiones que han hecho comunidades diversas y que finalmente ambas partes han tenido que culminar con un documento cediendo uno u otro dentro de lo que es el ámbito de las transferencias. De acuerdo a los informes jurídicos de cada una de las administraciones. Mi labor será culminar los procesos en esas comisiones bilaterales, que son muy importantes y que y que son órganos básicos. 

Ponía énfasis en la Seguridad Social porque el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido que sin el traspaso de esta competencia el Gobierno tendrá una vida corta.

Mi labor es la de trabajar para evitar conflictos y buscar puntos en común. Y estoy convencido de que lo mismo opina Ortuzar. 

La amnistía parece que acaparará todo el foco en los primeros compases de la legislatura. ¿Comparte la impresión del ministro de Transportes de que no se promovería si no necesitasen los votos de Junts?

La política y la historia son cambiantes. Hoy tenemos una realidad que nada tiene que ver con la de la Transición y los años posteriores. Lo importante es que caminemos en la convivencia y la pluralidad. Hoy, los sentimientos independentistas y los conflictos con Cataluña son mucho menores que los que había cuando gobernaba el PP y eso es un éxito; el de la convivencia, sin ninguna duda. Apelo a que veamos esto con el rigor del presente y mirando hacia el futuro. En estos momentos hay una proposición de ley que ha sido calificada y ahora ya entra el que los distintos partidos políticos hagan sus aportaciones. Soy de los que firmemente está convencido, absolutamente convencido, de que la política y la vida pasan por caminar mirando hacia el futuro. No significa dar la espalda al pasado, pero sí se hace necesario superar contiendas, enfrentamiento y ausencia de convivencia para entender la realidad distinta. Lo digo desde el Archipiélago, tengo una manera de hablar distinta a la que tienes tú y una idiosincrasia distinta, pero ambos somos españoles. Entendemos España a nuestra manera propia, pero formamos parte del mismo país. Con esa ley de amnistía estoy convencido de que se va a caminar en una convivencia mucho mejor y el tiempo me dará la razón. 

Su cartera incluye también las competencias de Memoria Democrática. ¿Tiene previsto acelerar los decretos pendientes para su desarrollo?

Indudablemente, la Ley de Memoria Democrática va a ser impulsada. Durante estos años de recuperación de la democracia hemos ido dando avances y pasos para que sea una ley lo más justa posible para la restitución de una etapa determinada de nuestra historia. Yo soy de los que afirman con contundencia que en un país demócrata, un país libre, que ha recuperado la libertad, no tienen cabida los vestigios de la dictadura, de una etapa oscura de nuestro pasado. No la podemos olvidar para que no se repita, pero fundamentalmente nos tenemos que vanagloriar y tenemos que enfatizar todo aquello que simbolice el uso de la palabra, el uso del diálogo, de la convivencia pacífica y, por supuesto, todo lo contrario con los golpes de Estado, las dictaduras y el totalitarismo. 

¿Con lo cual esta legislatura veremos a la Fundación Francisco Franco extinguida?

Esa es la voluntad que se enmarca en lo que es la propia Ley de Memoria Democrática en vigor. Lo que no es discutible es que Francisco Franco, durante 40 años, fue quien impuso una dictadura atroz que fue abandonada por todo el ámbito internacional y tenemos que decir las cosas con absoluta claridad.

Hay quien lo ve ya como un puente entre Canarias y Madrid para facilitar el cumplimiento de la agenda canaria firmada entre el PSOE y CC. ¿Será puente o secante para evitar dar protagonismo a los nacionalistas? ¿Cuáles serán sus prioridades con las Islas a corto y medio plazo?

Yo soy miembro de un Gobierno que firma con distintos partidos políticos acuerdos que va a cumplir. Estando en el Consejo de Ministros se garantiza el cumplimiento también de la Agenda Canaria, porque fue firmada por el actual Gobierno de España. En este caso por el Partido Socialista y por Coalición Canaria. Conozco bien la realidad de Canarias, he sido presidente, sé cuáles son sus problemas, también conozco los de otros territorios. No seré ningún elemento secante ni para Canarias ni para ninguna comunidad, sino para avanzar en un país que tenga más justicia social, más igualdad, menos pobreza, más empleo y más futuro. 

¿Qué impronta quiere dejar a su paso por el Gobierno de España en relación a ministros canarios anteriores? ¿Usted es de los que creen que la presencia de un ministro canario facilita las cosas a las Islas?

Espero hacer las cosas de la mejor manera posible, con errores que seguro voy a cometer, y hacer honor a todos los que me han precedido. Estoy convencido de que todos los ministros canarios que me han precedido estarían conmigo en que haga honor al tremendo y magnífico legado insuperable de Jerónimo Saavedra, que recientemente se nos fue. Fue un gran padre del derecho autonómico y del autogobierno de los territorios. Defendió como nunca la singularidad de su comunidad, pero también supo dar impronta a lo que era una visión del conjunto del Estado. Seguiré su modelo y su ejemplo, porque fue uno de los grandes padres constructores desde la Transición del país que tenemos y de los pilares del Estado del bienestar que por fortuna tiene nuestro país. 

¿Qué papel va a jugar Canarias en esta nueva etapa política donde la controversia territorial va a ser tan fuerte? ¿Se recogerán las peticiones del Archipiélago en asuntos como la condonación de la deuda o el nuevo sistema de financiación autonómica? Fedea calcula que una aplicación con equidad de la quita con respecto a la prevista para Cataluña supondría para las Islas el 64%, unos 4.400 millones de euros.

Estamos asistiendo a presentaciones de informes, documentos diversos, opiniones y estudios económicos. Lo importante al final es que se va a aprobar esa quita de la deuda que será para todas las comunidades y también para Canarias. El ministerio lo va a explicar con luces y taquígrafos. Desde ese punto de vista estoy convencido de que los territorios tienen que estar tranquilos porque el Gobierno lo hará como tiene que hacerlo, con rigor y coherencia.

¿El pacto en el Ayuntamiento de La Laguna entre PSOE y Coalición se extenderá a otras instituciones canarias? ¿Podría llegar al Gobierno de Canarias?

Ahora hablo como secretario general del PSOE de Canarias. Lo que tenemos es un alcalde que ha ganado las elecciones, pero no tiene mayoría suficiente y, por tanto, tiene la obligación de conseguirla. Es en lo que estará trabajando la dirección local. No forma parte del acuerdo programático entre Coalición Canaria y Partido Socialista, pero la obligación es dar estabilidad. Por ejemplo, para sacar los presupuestos del año 2024. La dirección local lagunera tiene el apoyo del secretario general para tomar la mejor decisión posible.

¿En qué momento se encuentra el Plan de Recuperación de La Palma? Aún están pendientes de transferir a la Comunidad Autónoma los 100 millones comprometidos en los PGE de 2023 para la recuperación de la isla y además el acuerdo de legislatura hasta 2027 convierte esa cantidad en anual. ¿Cuáles son los planes al respecto?

El acuerdo no dice lo de los 100 millones anuales, lo que sí dice es que hay una reducción del IRPF de un 60% en cuatro años para La Palma y luego, de acuerdo a lo que diga la AIReF. Lo que ocurrió en la isla de La Palma ha sido la desgracia material más grande que ha tenido Canarias en su historia. El Gobierno de España ha dado una cantidad económica fundamental: planes de empleo extraordinarios, ayudas a las empresas, ayudas al sector primario, actuaciones cuando el volcán estaba vivo haciendo infraestructuras viarias que hoy están en la isla de La Palma. También hidráulicas, para salvar las plantaciones. Ayudas europeas para el sector de la platanera y todas las comunidades también apoyando a la isla de La Palma. Esos 100 millones están en el presupuesto del año 2023. Estamos ya en los últimos meses de este año y se van a transferir con absoluta seguridad. Está comprometido con firma y no va a ser fácil una recuperación de una isla que precisa de años, pero que tiene el compromiso absoluto del Gobierno de España de hacer lo máximo para esa recuperación de la isla de La Palma.