El Gobierno acelera para estabilizar a 20.000 empleados públicos en un año

El tiempo se echa encima de los procesos para estabilizar a los empleados públicos interinos de las administraciones canarias. El plazo impuesto por el Estado es el 31 de diciembre de 2024, es decir, en un año tiene que reducirse la tasa de interinidad en Canarias al 8% y consolidar en la Comunidad Autónoma a unos 20.000 trabajadores de Administración General, Sanidad, Educación y Justicia, además de las plantillas de los siete cabildos y los 88 ayuntamientos de las Islas. La preocupación cunde en el Gobierno ante la posibilidad de que no se llegue a tiempo para cumplir con los plazos, por lo que se mantiene la puerta abierta a la opción de solicitar una prórroga al Estado, que por ahora no se ha pronunciado, por lo que a día de hoy es de obligado cumplimiento llegar a finales del próximo año con todos los procesos finalizados.

El Ejecutivo convocó ayer a todos los implicados en estos procesos: las consejerías y departamentos afectados, la Federación Canaria de Municipios (Fecam), los cabildos y los cinco sindicatos con representación en la función pública. La principal conclusión del encuentro fue la de intensificar el trabajo para acelerar los trámites y que la opción de ampliar el plazo sea el último recurso que se utilice. Unas administraciones van más avanzadas que otras y los procesos marchan de forma irregular en función de los ámbitos y las áreas de las que se trate, por lo que en la segunda quincena de enero se constituirá una comisión de trabajo específica a petición de los sindicatos con el fin de impulsar y acelerar los procedimientos allí donde sea necesario.

La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, admitió que el plazo del 31 de diciembre de 2024 «nos preocupa mucho» ante las «carencias de personal» para afrontar la tramitación y finalización de los procesos. Barreto explicó la «compleja situación» que afronta la Dirección General de Función Pública y reprochó al Gobierno anterior que alargara durante 16 meses la fase inicial de presentación de solicitudes y que no tomara ninguna medida organizativa para que Función Pública contara con más medios humanos y materiales para afrontar el trabajo extra que supone sacar adelante 187 convocatorias para estabilizar a 3.499 plazas. Por ello se pretende incorporar personal de refuerzo en 2024 y al menos hasta febrero no se podrán publicar las listas definitivas para dar inicio a las pruebas y a la valoración de los méritos presentados.

Barreto reprocha al Gobierno anterior demoras en el proceso y que no reforzara el personal

Barreto informó también que Función Pública ha detectado, además, un fallo en la Oferta Extraordinaria de Estabilización aprobada por el anterior Gobierno en mayo de 2022, ya que se dejó fuera de este proceso a un importante número de plazas dentro de 13 categorías laborales diferentes.

Listas definitivas

Justicia, Educación y Sanidad también pusieron al día la situación de sus respectivos procesos. En Educación se han presentado 27.000 solicitudes para 1.145 plazas convocadas, mientras que para el concurso de méritos ya se han publicado las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos.

En Sanidad la consejera Esther Monzón aseguró que el proceso de estabilización en el Servicio Canario de Salud (SCS) va a buen ritmo y cumpliendo los plazos. Hay 12.428 plazas a estabilizar, de las que 9.867 podrán acceder directamente por concurso de méritos. Se han presentado para este proceso nada menos que 160.000 solicitudes y la previsión es la de publicar de manera escalonada los listados con los admitidos y excluidos de cada categoría hasta el próximo mes de enero.

Los sindicatos mostraron su disposición a respaldar la agilización de los procedimientos para cumplir con el plazo sin necesidad de solicitar una prórroga al Estado. El secretario general de Sepca, Manuel González, indicó que habrá que hacer frecuentes reuniones de seguimiento el próximo año para acelerar los procesos y evitar pedir la ampliación del plazo, por lo que demandó reforzar con personal aquellas áreas que acumulen más atrasos en la resolución de los baremos y expedientes. «Los sindicatos le hemos ofrecido al Gobierno nuestra colaboración con gente para la tramitación administrativa y los tribunales», añadió.

En enero se creará una comisión de trabajo específica para impulsar los procedimientos

Por su parte Francisco Bautista, de UGT, indicó que todas las partes reunidas «nos emplazamos a reunirnos en enero para saber qué plan de estabilización llevan todas las corporaciones locales, los 88 municipios de Canarias, qué ayuntamientos están cumpliendo con la propia ley, qué ayuntamientos no han cumplido con la ley, además de los cabildos insulares. También la situación que tenemos en la Administración autonómica, en la Sanidad, la Educación y en Justicia», detalló.

La Consejería de Administraciones Públicas ha realizado un sondeo en las últimas semanas entre las comunidades autónomas para comprobar la situación de los procesos de estabilización en las diferentes regiones. Las situaciones son diferentes ya que hay comunidades que van cumpliendo los plazos, pero hay otras que se encuentran en un momento comprometido para llegar a tiempo. Por ahora el Estado no se ha pronunciado sobre la opción de flexibilizar la ley 20/2021 de reducción de la temporalidad en el empleo público, aunque Canarias no descarta unirse a otras comunidades llegado el caso para demandar una ampliación del plazo más allá de 2024.

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