Canarias avisa a Torres que será beligerante en el traspaso total de las competencias en Costas

El consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, se ha rebelado contra las recientes manifestaciones del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres sobre las transferencias en Costas, y le lanzó un mensaje claro y contundente: "no vamos a desistir en conseguir que las competencias sean tal y como se recogen en nuestro Estatuto de Autonomía".

"Canarias es mayor de edad y no renuncia a todas sus competencias estatutarias", insistió Rodríguez.

Como se recordará, el ministro Torres afirmó el jueves que la transferencia de Costas por parte del Estado se hizo de la "mejor forma posible" y consideró complicado que se desbloqueen las cuestiones que mantienen enfrentados al Gobierno central y al autonómico, llegando incluso a sugerir que el Gobierno canario renunciara a las competencias adquiridas para "empezar de nuevo" una negociación.

"No vamos a renunciar a nada", fue la respuesta taxativa de Rodríguez al ministro Torres.

Declaraciones decepcionantes

Para el titular de Obras Públicas, departamento que en esta legislatura lleva el timón de todo lo relativo a gestión del litoral a través de la Dirección General de Costa y Gestión del Espacio Marítimo canario, "resulta decepcionante, cuando no sorprendente, el cambio de posición del ministro Torres respecto a cuando era presidente del Gobierno o líder de la oposición".

Por ello, recuerda que el ministro «amenazó con llevar al Estado al Tribunal Constitucional» por los expedientes de dos hoteles en Corralejo, en Fuerteventura, y que la transferencia total de Costas forma parte de la agenda canaria que firmó el PSOE con CC para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

"Vamos a poner en valor los derechos de los canarios recogidos en el Estatuto de Autonomía", reiteró Rodríguez antes de insistir en que "se reúna de forma urgente la comisión bilateral para que las competencias se ejerzan desde Canarias de forma más eficiente, más cercana y con más sensibilidad".

El Estado transfirió unas competencias que el Gobierno canario afirma que están «tuteladas»

Fue en agosto de 2022, con Torres presidiendo el Gobierno del pacto de las flores, cuando el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto por el que se traspasaron funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación y gestión del litoral.

Enero de 2023

A partir del 1 de enero de 2023, en virtud de esa norma, se traspasaron a Canarias las autorizaciones de usos de temporada en las playas y en el mar territorial (zonas de fondeo, pantalanes flotantes y usos análogos); autorizaciones de actividades en las que concurran circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad, y autorizaciones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre con instalaciones desmontables o con bienes muebles.

También se traspasaron las autorizaciones en zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar; las concesiones demaniales a las que se refiere el artículo 64 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, incluidas su gestión, registro, la emisión del informe previo a su rescate, y la potestad sancionadora en lo que se refiere al incumplimiento de las condiciones de otorgamiento de las concesiones demaniales, explica el Gobierno central.

Asimismo, son competencia de Canarias las obras y actuaciones en el litoral canario que no sean de interés general, y la participación en la planificación y programación de obras de interés general en el litoral canario, mediante la emisión de informes y su ejecución y gestión en los términos del convenio suscrito con el Estado.

Pablo Rodríguez recuerda que esta exigencia se incluye en la agenda canaria que firmó el PSOE

En cambio, continuaron en el Estado la función de emitir informe preceptivo, especialmente en relación con la garantía de la integridad física y del uso público del dominio público marítimo-terrestre; las funciones de fijar el importe de los cánones de ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre y de ejercer la titularidad sobre los derechos económicos devengados por la utilización o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, sin perjuicio de la competencia de Canarias para establecer otros gravámenes.

El Estado sigue ejerciendo, asimismo, la función de rescate de las concesiones demaniales cuando la presencia de una razón de interés general vinculada a su ámbito de competencias así lo exija.

Sin tutelas

Por todo ello, y aunque el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo venía avisando desde septiembre, el pasado 18 de diciembre anunció formalmente que solicitaba al Estado la convocatoria urgente de la comisión bilateral para proceder a renegociar la transferencia de Costas para que sus competencias estatutarias dejaran de estar "tuteladas". Una reunión que, según afirmó el consejero Rodríguez ayer mismo, «aún sigue sin fecha porque no hemos tenido más respuesta que la decepcionante del ministro Torres» el jueves.

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