Canarias es la única región que no engorda su deuda desde el fin de la crisis financiera

Cuando un alumno va mal en clase, suele ponérsele tarea extra. Deberes de refuerzo para tratar de que coja el ritmo de sus compañeros. Lo extraño sería encargarles trabajos extraordinarios a los alumnos aventajados, a esos que no van a tener problemas para pasar de curso. Un sinsentido que, sin embargo, a veces ocurre. Ocurre, por ejemplo, en la asignatura de la deuda pública, esa que por imperativo de la normativa europea deben cursar las 17 Comunidades Autónomas. Diecisiete alumnos entre los que hay suspensos sin paliativos –la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Cataluña se llevan un muy deficiente– y dos matrículas de honor, las que se han ganado Madrid y Canarias. Mientras que los gobiernos valenciano y catalán se han saltado por sistema las directrices comunitarias sobre el control de la deuda y el déficit públicos, los sucesivos ejecutivos del Archipiélago pueden presumir de ser los únicos entre las 15 autonomías de régimen común –todas menos Navarra y País Vasco– que han conseguido que el débito no haya aumentado desde el fin de la Gran Recesión de 2008-2015. Y, pese a ello, a Canarias se le imponen las mismas restricciones de gasto que a Valencia o Cataluña. El alumno más aplicado y esforzado de la clase no solo no ve recompensado su trabajo, sino que incluso se le somete a las mismas tareas que a los que repiten curso año tras año.

La Administración autonómica canaria tenía a fecha del pasado 30 de septiembre, que es hasta donde abarcan los datos del Banco de España, una deuda de 6.672 millones. Es dinero que el Gobierno regional y sus entes dependientes han pedido prestado a las entidades financieras –a los bancos– o al propio Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico –el FLA, que en el caso de las Islas es una parte menor– para sufragar las políticas públicas: la educación, la sanidad, la atención de las personas dependientes, la mejora de infraestructuras... El endeudamiento es, en definitiva, un recurso financiero que, eso sí, conviene tener siempre a raya. No en vano, es dinero que antes o después habrá que devolver, y cuanto más haya que devolver, más comprometidos estarán los ingresos futuros –buena parte de los cuales habrá que destinar para pagarles a los bancos– y, en última instancia, la calidad de los servicios.

El debe del Archipiélago equivale al 12,8% de su PIB; en Cataluña supera el 31%

La deuda pública, la de las Comunidades Autónomas pero también la de los cabildos y consejos insulares, la de los ayuntamientos y la de la misma Administración estatal, se disparó desde finales de 2007 por el estallido de la Gran Recesión. Los ingresos cayeron en aquellos años a mínimos históricos, y a los gobiernos de todo ámbito y color no les quedó más remedio que echar mano del endeudamiento. Era eso «o cerrar colegios», frase que se popularizó entonces en boca de no pocos dirigentes territoriales. Pero había que ponerle puertas al campo, o al menos intentarlo, para que la fiebre del endeudamiento –y del déficit, y de la mala planificación presupuestaria y de tantos problemas que habían estado ocultos bajo las sábanas de los años de bonanza– no desembocara en un volumen de débito público inasumible a medio y largo plazos. Por eso, y a instancias de Bruselas, desde 2012 rige la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Y de ella traen su origen el límite de gasto, la regla de gasto y los objetivos de deuda/déficit, que más allá de tecnicismos, comparten el objetivo de que la Administración gaste en la medida de lo que ingrese, de tal manera que no caiga en déficit –gastar más de lo que se tiene, ingresa o recauda– y no recurra por sistema al endeudamiento para cubrir esos números rojos. En otras palabras: el objetivo de la ley y de los instrumentos con que se aplica es imponer, por así decirlo, la responsabilidad presupuestaria y financiera de los gobiernos. El problema es que unos gobiernos han cumplido y otros no, y lo peor es que a todos se los trata por igual.

Los sucesivos gobiernos canarios, todos, se han afanado para que la deuda no se dispare

La Gran Recesión se dio por superada en 2015. Canarias despidió ese año con un debe público de 6.663,2 millones de euros. Hoy son esos 6.672 millones, con lo que la cifra se mantiene estable. Tanto el primer gobierno de Fernando Clavijo como después el de Ángel Víctor Torres, y ahora el segundo del nacionalista, han cumplido así el precepto de mantener a raya el endeudamiento. Podría pensarse que esta ha sido la tónica habitual en el quehacer de los distintos ejecutivos regionales, pero no: ha sido la excepción. Mientras que Canarias tiene ocho ejercicios después la misma deuda que en 2015, la del conjunto de las Comunidades Autónomas se ha incrementado en la friolera de 56.665 millones. En Valencia ha crecido en 13.233 millones de euros, un 31,5%; en Cataluña, en 11.874 millones, un 16,3%; y en Murcia, en casi 4.000 millones, un 51%. Por eso el débito del Archipiélago solo equivale al 12,8% de su PIB –el más bajo del país– y el de Cataluña es del 31,1%; el de Castilla-La Mancha, del 31,5%; y el de Valencia, del 41%.

Pues bien, a pesar de esas enormes diferencias, a pesar de que hay autonomías manirrotas y autonomías cumplidoras –con las Islas a la cabeza–, todas están constreñidas por el mismo corsé. Sin distinción alguna. Lo mismo buenos que malos alumnos. Algo que es especialmente sangrante por cuanto la ley de estabilidad obliga a las comunidades que tengan superávit –más ingresos que gastos, como Canarias– a destinar ese excedente de manera exclusiva para amortizar deuda. Y esto tiene todo el sentido para Cataluña, Murcia, la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha, que o comienzan a desendeudarse –a Cataluña le ha echado una mano Pedro Sánchez con la condonación de 15.000 millones del FLA a cambio del apoyo de Esquerra–, o tendrán comprometidos sus presupuestos futuros durante muchísimos años. Pero, ¿y a Canarias?, con un débito bajo control. ¿Tiene justificación que se la obligue a usar el superávit en pagar a los bancos cuando no tiene una deuda excesiva? ¿No sería lógico que se la exceptuara y se le permitiera usar ese excedente de ingresos en sus servicios públicos? Este es, grosso modo, el argumento que la consejera de Hacienda del Gobierno isleño, Matilde Asián, pondrá sobre la mesa del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera para convencer a la ministra María Jesús Montero de la necesidad –y la justicia– de permitir a Canarias gastar sus propios recursos a conveniencia. De lo contrario, el Archipiélago seguirá siendo el paganini de los excesos que en términos de deuda y déficit cometieron otros.

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