El Gobierno evaluará los cambios en la ley de menores en el "mínimo tiempo posible"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha avanzado este jueves que evaluará, "en el mínimo tiempo posible", la propuesta del Gobierno canario para modificar la legislación y que el reparto de los menores migrantes no acompañados que llegan a las costas insulares sea obligatorio entre las distintas comunidades autónomas y no voluntario. Un día después de que el presidente canario, Fernando Clavijo, le trasladara la iniciativa en su visita a Canarias, la ministra indicó que el primer paso para "distender" el elevado volumen de llegadas pasa por una reunión de trabajo entre los distintos ministerios implicados, que se compromete a que tenga lugar en el primer trimestre del año.

"Desde luego, nosotros tenemos la intención de considerar, de evaluar y de trabajar con la propuesta que hace el Gobierno canario", manifestó durante su visita al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, que funciona como proyecto piloto en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Rego enfatizó que "tenemos que poner lo mejor de todas las administraciones" para "preservar los derechos" de los menores que llegan al territorio nacional.

La ministra citó que "Canarias es un lugar especialmente sensible a este nivel", tras la llegada en lo que va de año de 7.017 personas, de las que 974 son menores que llegan a las Islas sin el acompañamiento de un familiar mayor de edad. "Hay que poner en el centro los derechos de la infancia y hacerlo compatible con el objetivo de distensar los lugares de entrada de los flujos migratorios de nuestro país", aseguró durante su visita.

Saturación en la acogida de menores

El presidente del Gobierno canario manifestó este miércoles que la fórmula ideal para modificar la ley de menores pasa por un decreto ley del Ejecutivo central, teniendo en cuenta la "absoluta saturación" de los recursos para acoger a los jóvenes que llegan a las costas canarias. La medida requeriría únicamente de una modificación del protocolo marco para la atención y de un artículo del Código Penal para que el Ministerio de Derechos Sociales asuma la tutela.

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