Tiempo muerto

Lo primero es lo primero, es decir, narrar urbi et orbe que Lorenzo Olarte, fallecido hace pocos días en Las Palmas de Gran Canaria a los 91 años, fue uno de los constructores de la comunidad autónoma canaria, algo que el cronista, sinceramente, ignoraba. Olarte ni siquiera anduvo –demasiado – por la Junta de Canarias, cuyo primer presidente, en abril de 1979, fue Alfonso Soriano, y al que siguieron Fernando Bergasa, Vicente Álvarez, de nuevo Bergasa, Francisco Ucelay y Jerónimo Saavedra. En esos años, en los que la autonomía estaba entre la entelequia y el proyecto, un proceso experimental preñado de dudas, reservas y desconfianzas, Olarte estaba en Madrid, probando fortuna en la política nacional, como asesor de Adolfo Suárez, diputado en el Congreso y presidente de Aviaco, responsabilidades que ocupó sucesivamente entre 1977 y 1982. En todo caso Astrid Pérez leyó el curriculum, agradeció los servicios prestados y la Cámara rindió al expresidente un cerrado aplauso ligeramente más prolongado que lo habitual.

Lo que proyectó el primer pleno del Parlamento de Canarias tras las vacaciones de enero –sus señorías no se reúnen ni en enero ni en agosto para evitar cualquier riesgo de hernia – es una sensación que lleva semanas cuajando en la política regional. Tiempo muerto. Primero fue la sorprendente decisión del presidente Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales para julio, dos meses después de las autonómicas y locales. Luego el intento fracasado de investidura de Núñez Feijóo y las negociaciones interminables de Sánchez para intentar (y al cabo conseguir) mantenerse en el Gobierno, con el sorprendente apoyo de Junts per Catalunya. Y luego, en fin, más JxC hasta en la sopa. Porque Puigdemont y compañía reclamaron inmediatamente la promulgación de una ley de amnistía si el PSOE pretendía aprobar los presupuestos generales del Estado para 2024 y continuar el camino de la legislatura. Este frente abierto agota la mayoría de las energías política del Gobierno y lo desgasta terriblemente. Ya puede darse por perdido febrero y tal vez marzo para la aprobación de los presupuestos generales. Este hemiplejía del Gobierno central tiene su reflejo (cada vez más evidente) en los contextos autonómicos y en las relaciones entre los agentes políticos.

En Canarias este impasse beneficia y a la vez amenaza a Coalición Canaria. La beneficia porque la debilidad de los socialistas – sometidos a un chantaje permanente – y de los conservadores –que no crecen lo suficiente para ganar las elecciones y gobernar prescindiendo de Vox– les reafirma de nuevo en el control del centro político del ecosistema canario. Unos y otros necesitan o pueden llegar a necesitar muy pronto el apoyo coalicionero en Madrid. Pero también la amenaza porque la parálisis política inducida por Junts impide a CC conseguir objetivos y ofrecer éxitos de gestión a sus votantes. Ni en la gestión de la migración de origen africano, y en particular los menores no acompañados, ni en las transferencias competenciales que establece el Estatuto de autonomía de 2018, ni en la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica –por citar solo tres asuntos importantes– se registran señales esperanzadoras –solo algunos tibios indicios de buena voluntad– desde Madrid.

De esta manera el presidente Fernando Clavijo está asumiendo el papel de previudo resignado a lo que pasará en el futuro. Es más fácil que enviude del PSOE que del PP, pero quién sabe. «La solidaridad ha fracasado», declaró ayer, al hablar de ese supuesto reparto de menores migrantes no acompañados entre distintas comunidades autónomas. Canarias acoge a 5.700, pero la cifra puede aumentar si mientras lee esta crónica llega un cayuco más a las costas isleñas. Aunque el presidente mostró ciertas esperanzas retóricas en que las promesas de Madrid se cumplan en las próximas semanas también anunció que enviaría al Parlamento una propuesta concreta de una reforma legal que comprometa al Gobierno central a atender a los menores migrantes y pueda distribuirlos entre las comunidades autónomas. «El Parlamento de Canarias deberá elevar esta propuesta al Gobierno para que se desarrolle por decreto ley», precisó Clavijo, «porque necesitamos unidad, ser una sola voz, poner los intereses generales de Canarias por encima de las siglas».

Posteriormente el presidente recibió varias preguntas sobre el asunto, verbigracia, como era de esperar, la de Nicasio Galván, el portavoz de Vox valga la redundancia, que salivaba en su escaño, huuuum, al hacer la pregunta. ¿Eso de distribuir a los menores entre las comunidades autónomas era la solución? Para Galván lo que hay que hacer es cerrar España por tierra, mar y aire; verás entonces como los invasores se rinden. Después habló de las mafias que trafican con pobres seres humanos; es imposible no deducir que si traficaran más lejos al señor Galván no le molestaría tanto. El presidente le contestó, en un tono un pelín cansino, que esto no se va a solucionar con patrulleras y que la respuesta era más compleja y después invitó a don Nicasio a sumarse a la mayoría para enfrentarse razonablemente a este asunto, Don Nicaso sonrió fugazmente. Le faltaba un gato en el regazo para parecer el doctor No.

A esto siguió un turno interminable, como un mes con calima, de preguntas al presidente y al vicepresidente. Ni demasiada agudeza en las preguntas ni una excesiva información en las respuestas. Un ejemplo perfecto: Sebastián Franquis preguntando sobre las prioridades políticas del Gobierno para 2024 y Clavijo chutando fuera con cierta indolencia, quizás porque se reserva el argumentario para el debate de la nacionalidad el próximo marzo. Franquis parecía resignado. Luis Campos apoyó calurosamente las declaraciones de Clavijo animando a los empresarios turísticos a pagar mejores sueldos, pero eso sí, sin pedirle más trabajo a los empleados, porque eso sí que no. El presidente, con su aspecto más apostólico, le repitió el mantra de la productividad, e intentó explicar que el aumento de la misma depende de muchos factores, pero desde luego también del trabajador; Luis Campos lo observaba con la confianza que puede tener una nutria frente a un cocodrilo. Rosa Bella Cabrera llamó delicadamente mentiroso al vicepresidente y consejero de Economía Manuel Domínguez porque ningún autónomo se ha podido acoger a la tarifa plana en el mes de enero, el líder del PP la fastidió un tanto al recordarle que había garantizado que el 30 de marzo los autónomos o pagarían tarifa plana o les sería devuelto lo ingresado desde el 1 de enero. Nira Fierro –que ya es mucho mejor parlamentaria que Franquis– afeó al PP que llamen a Coalición Canaria «ingenuos» por apoyar los decretos de Sánchez; una pena que al final le dijera a Domínguez que se pusiera de una vez al lado de España, como si cualquier distinción entre el PSOE y España fuera un error conceptual y emocional incomprensible. Yaiza López Landi habló de nuevo de política cultural. Siempre parece que Cultura fuera una piba muy espabilada con la que compartió piso en La Laguna en sus años de estudiante, así de bien la conoce. José Bermúdez tenía una pregunta, pero la retiró por la mañana, cosas del carnaval, te quiero, o no.

Por la mañana se dispuso de tiempo para la comparecencia de la consejera de Presidencia, Justicia y Seguridad para –de nuevo– debatir sobre el fenómeno migratorio en Canarias. Y de nuevo se pudo apreciar el amplio consenso existente salvo, por supuesto, el caso de Vox. La señora Jover Linares anunció que la situación es peor, mucho peor que nunca, e insistió de nuevo en blindar las cosas y todas esas estúpidas zarandajas ultraderechistas. Nadie le prestó demasiada atención, pero la socialista Elena Máñez le puntualizó que no hablara de «inmigrantes ilegales». «No existen personas ilegales», remachó. Todos los portavoces miraron a Jover por un instante. Y nada más.

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