Dos casas 'okupadas' al día en Canarias

Cada día se okupan dos viviendas en Canarias. Los últimos datos del Ministerio del Interior, de septiembre del año pasado, denotan un aumento de 52 casas ocupadas ilegalmente en las Islas con respecto al mes de agosto. Ya son 434 viviendas frente a las 382 del mes anterior. Mientras, en el conjunto de España las ocupaciones ilegales de pisos bajaron un 11% en los ocho primeros meses del año, Canarias rompe la tendencia y aumenta junto a Asturias, Cantabria, Galicia y el País Vasco, aunque los datos, en su conjunto, no son preocupantes en referencia a la población del Archipiélago. En este sentido, Cataluña (con 4.218 viviendas ocupadas) es la comunidad que sigue liderando el mayor número de casos de okupaciones al sumar el 40% de los 10.345 casos contabilizados en toda España.

Estos datos indican que la carencia de vivienda es ahora mismo uno de los principales problemas que el Gobierno central y el canario han de abordar, y ponen en entredicho la nueva Ley de Vivienda que está teniendo efectos contrarios, pues la protección hacia los inquilinos promueve, según los expertos del sector consultados, que los propietarios se retraigan y no pongan en arrendamiento sus propiedades.

«Hay 211.000 viviendas vacías en Canarias, según el INE», expone Doris Borrego, presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav). A su juicio, la nueva Ley de Vivienda da nula seguridad jurídica a los propietarios y ha provocado que se retire más del 30% de todas las viviendas del mercado, por temor a que haya una okupación de personas que dejen de pagar la renta. En el caso de las viviendas turísticas no tienen problemas con la ocupación ilegal, porque están sumamente controladas, remarca.

«Con la Ley de Vivienda, cuando hay un impago, estamos hablando de una recuperación del inmueble que tarda más de dos años, por lo tanto, la gente está prefiriendo dejar las casas vacías bien cerradas, con una buena alarma, para que no se las ocupen», subraya el presidente de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (Acegi), Rafael Tarajano. En su opinión, hay diferentes tipos: está la ocupación de un inmueble vacío, y después los inquilinos que dejan de pagar la renta y que se convierten en okupas y no se van de la casa. «Y cuando vas a recuperar la propiedad, con la nueva ley en vigor, primero se ha de demostrar si es una familia vulnerable o no, y ni siquiera los mecanismos están claros; no hay seguridad jurídica, es un desastre», subraya.

Fuentes de Interior indican que, según los datos de la Fiscalía General del Estado recogidos en la memoria de la institución correspondiente al año 2022, sólo el 0,16% de los delitos genéricos de ocupación se refieren a delitos de allanamiento. En concreto, se incoaron un total de 8.868 procedimientos por usurpación, un 9% menos que en el año anterior, y 96 procedimientos por allanamiento. Es decir, la mayor parte son okupaciones.

El pasado enero, por ejemplo, se desalojaron a 99 personas (75 adultos y 24 menores de edad) por orden judicial de la urbanización de viviendas a medio construir que estaban ocupando de forma ilegal en la calle Cyca de la localidad turística de Playa Blanca (Yaiza), en el sur de Lanzarote. La mayoría de los ocupantes de las 34 viviendas en las que habitaban sin autorización no habían retirado sus pertenencias del interior de los inmuebles. Varias de las personas que se habían asentado en ese complejo mostraron pancartas en las que reivindicaban el derecho «a una vivienda digna» y alegaron que se vieron obligadas a ocupar esas casas inacabadas por la falta de alquileres en la Isla.

Isabel Saavedra, abogada del Sindicato de Inquilinas de Canarias, indica que esta es una de las principales casuísticas para la okupación: familias con escasos recursos entran a vivir en promociones inacabadas por la crisis de 2008. Otros casos son de viviendas en las que fallecen los dueños y los inquilinos dejan de pagar los alquileres porque no hay a quien abonar el arrendamiento y, con el tiempo, aparece alguien que ha comprado ese edificio. «Eso está pasando mucho en la zona de Guanarteme y en Molino de Viento, en Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, porque se están revalorizando mucho las propiedades y son personas que están en situación de irse a la calle», explica.

Otra de las casuísticas es que no se puede afrontar el pago de las hipotecas. Con el escudo social del covid se paralizaron todos los procedimientos judiciales de desahucios, y en este sentido hay personas que han dejado de pagar y ahora el banco les está pidiendo que se pongan al día, o si no, a la calle. La ayuda social se ha prorrogado hasta diciembre de este año, y en eso se ampara Isabel Saavedra para evitar que muchas personas dejen de tener techo.

El director del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), el exalcalde de San Mateo, Antonio Ortega, explica que la consejería que dirige Pablo Rodríguez se está concentrando en buscar una solución a la gran multitud de solicitantes de vivienda, nada menos que 25.000 en Canarias. No solo están comprando promociones inacabadas a través de Visocan sino iniciando obras de casas para ponerlas en alquiler social. El consejero de Obras Públicas se ha dado de plazo hasta el 28 de febrero, para aprobar un decreto de ley urgente cuyo objetivo es «multiplicar» la puesta en el mercado de «más de las 2.000 viviendas» en el vigente plan canario aprobado por el anterior Gobierno que presidió el socialista Ángel Víctor Torres.