Canarias reactiva la ayuda para modificar los planeamientos urbanísticos municipales

El Gobierno de Canarias quiere que todos los municipios canarios tengan sus instrumentos de ordenación adaptados al nuevo marco legislativo canario en materia urbanística y medioambiental por entender que, además de cumplir con la Ley, se generaría una "escalada de riqueza para la sociedad en todos los sentidos": acceso a una vivienda digna, calidad en el medio ambiente y calidad de vida, protección del patrimonio cultural y un desarrollo sostenible.

En estos momentos, y según confirmó el director general de Ordenación del Territorio, Onán Cruz, en la Consejería del área solo se están tramitando modificaciones parciales de planes municipales de once ayuntamientos de la provincia oriental (Artenara, Firgas, San Bartolomé, Arrecife, Yaiza, Arucas, Moya, Pájara, La Oliva, Valleseco y Teror) y de diez consistorios pertenecientes a la occidental (Santa Cruz de Tenerife, Villa de Mazo, La Orotava, San Miguel, Arico, Los Llanos de Aridane, San Andrés y Sauces, Fuencaliente, Vilaflor y Santiago del Teide), ya que "la mayoría de los municipios no tienen equipos con las capacidades suficientes para redactar los proyectos o, si los tienen, no han decidido adaptar sus planes generales a la ley porque la misma lo permite mientras no sea necesario un cambio estructural o proceder a modificaciones mayores".

"Se han ido haciendo modificaciones menores", insiste Cruz. De hecho, solo El Pinar (El Hierro) y Garafía (La Palma) ya adaptaron su planificación urbanística a la Ley del Suelo de 2017.

Solo once municipios ‘orientales’ y diez ‘occidentales’ tramitan cambios en sus planes generales

Para acabar con esta realidad y acelerar la ordenación, Política Territorial, a cuyo frente está Manuel Miranda, aprobó recientemente las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a los ayuntamientos "para la redacción del Plan General del municipio". Una financiación de 2,3 millones de euros que, como asegura Cruz, "estuvo dos años paralizada" por el gabinete del pacto de las flores y que ahora se retoma para ayudar a los consistorios a revitalizar "los trabajos técnicos de redacción de documentos urbanísticos y ambientales necesarios" para tramitar "el procedimiento de aprobación del planeamiento general, o de una modificación sustancial o menor del mismo, o de planes parciales y especiales de iniciativa pública, de conformidad con la normativa urbanística y ambiental y cualquier otra que resulte de aplicación".

"Para ciertos ayuntamientos, los costes de las modificaciones son muy elevados y nosotros ayudamos a sufragarlos hasta el punto de que se puede prorrogar un año más si está justificado", asegura el director general.

Bien es cierto que la empresa pública Grafcan ha venido facilitando el apoyo cartográfico y datos tanto a los ayuntamientos como a los redactores de los planes, mientras que Gesplan elaboró para algún que otro municipio el planeamiento y los planes supletorios, por lo que con esta subvención los consistorios "podrán encargar planeamientos a quienes decidan o licitar la redacción de los mismos o bien asumirlo ellos con sus equipos internos", aseguró Onán Cruz.

Residencias en zonas turísticas

Esta subvención, además, podría permitir que los ayuntamientos resuelvan la situación del uso residencial en las zonas turísticas y solucionar la situación en la que se encuentran los propietarios que destinan sus apartamentos turísticos a vivienda habitual y fueron sancionados por ello, tal y como propuso la pasada semana la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, en el Parlamento de Canarias.

De León recordó que son los alcaldes los competentes para tramitar la especialización de las parcelas en los casos donde el uso residencial sea reconocido por los ayuntamientos bien a través de "una ordenanza provisional" o "de modificaciones puntuales de los planes generales". Una fórmula que "podría permitir paralizar de forma cautelar los procedimientos sancionadores iniciados" con respeto a la legalidad vigente y que ella misma trasladó tanto a los representantes de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística como a los propios alcaldes de los municipios afectados.

Onán Cruz reconoce que "el coste de las modificaciones es muy elevado" para muchos municipios

En base a esta premisa, el director general de Ordenación del Territorio confirmó que esta línea de subvenciones "permite a los alcaldes que así lo consideren cambiar el modelo estructural, regular los usos y residencializar algunas zonas turísticas".

Para acceder a esta ayuda financiera, el ayuntamiento que la solicite no debe tener "otras subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos a medios propios o encomiendas de gestión destinados a inversiones con abono anticipado pendientes de justificación y cuyo plazo haya transcurrido sin haberse presentado la misma, en los dos ejercicios inmediatos anteriores".

El plazo de ejecución de las actividades objeto de las subvenciones que se otorguen finalizará el 15 de diciembre de 2024 y se podrá anticipar el abono de los fondos públicos hasta un máximo del 60% "en aras de garantizar una mayor agilidad y eficiencia en la consecución de los objetivos planteados, previa justificación de la imposibilidad de realizar la actividad sin la entrega de los fondos públicos". El 40% restante se abonará "previa justificación de los trabajos objeto de la subvención" y se puede pagar el 100% si se justifica "la no disponibilidad de recursos suficientes".

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