Hasta un año de espera para saber si un migrante es menor de edad

Más de un millar de migrantes esperan en Canarias a que se les realicen las pruebas que determinan sin son menores. Algunos llevan hasta un año pendientes de que les hagan el estudio médico que la Fiscalía emplea para determinar su edad. Este atasco ocasiona que haya adultos conviviendo con niños y adolescentes en los centros de menores, colapsados ante la incesante llegada de migrantes a bordo de embarcaciones precarias. A esto se suma que los posibles mayores de edad se encuentran bajo la tutela del Gobierno de Canarias y no pueden ser derivados a centros para adultos en otras comunidades autónomas. «Muchas veces nos llegan menores que llevan aquí más de un año», señalan fuentes del Instituto de Medicina Legal (IML) de Santa Cruz de Tenerife, que achacan la demora a la falta de recursos para realizar las radiografías de muñeca y boca en el propio centro. 

En los centros de acogida de las Islas hay actualmente unos 5.500 niños y adolescentes, por lo que aproximadamente el 20% está pendiente de que un juez determine su edad. En el IML de Las Palmas hay un equipo forense especializado en la estimación de la edad, que está formado por dos profesionales dedicadas a tiempo completo a esta tarea. Cada mes citan a cerca de un centenar de migrantes para realizarles el estudio. Sin embargo, en Tenerife hay unos 18 doctores que van citando escalonadamente a los jóvenes, pero ninguno tiene dedicación exclusiva. Es en la provincia oriental en la que hay más embotellamiento, por lo que el Gobierno de Canarias y la Fiscalía acordaron a finales del año pasado implantar equipos portátiles para realizar las pruebas óseas tras desembarcar en Tenerife y El Hierro. Esta medida ayudó a descongestionar el sistema, ya que el Servicio Canario de la Salud (SCS) realizaba hasta 20 radiografías diarias, frente a las 20 semanales que hace normalmente.

La doctora Diana García, quien forma parte de la Unidad de Determinación de la Edad de IML de Las Palmas, lamenta que en las Islas no haya una guía que unifique criterios a la hora de realizar las estimaciones de edad. «No hay un protocolo. Existen unas recomendaciones del Consejo Médico Forense Español a nivel nacional, pero no son de obligado cumplimiento. Nosotras hemos establecido nuestro protocolo, gracias al trabajo de muchos años y que está en constante evolución», explica García.

El personal del IML tinerfeño, que está en huelga desde la semana pasada, denuncia la falta de medios personales y materiales. Según una de las médicos forenses, los jóvenes acuden a las citas sin la presencia de un intérprete oficial y es el personal que les acompaña desde los centros el que ayuda con la traducción. También han alertado de que desde hace un mes hay una máquina para hacer ortopantomografías –radiografías de la boca– guardada en una caja por la falta de espacio para ponerla en marcha. «Se necesita una habitación plomada y solo tenemos la de las radiografías a los cadáveres», apunta la médico forense del IML de Santa Cruz de Tenerife, quien detalla que además los jóvenes tendrían que pasar por el depósito de cadáveres para acceder a esa estancia. La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, invertirá 3,9 millones de euros para «mejorar los procesos de gestión y la dotación de medios técnicos en los dos Institutos de Medicina Legal», según anunció ayer tras la reunión del Consejo de Gobierno. 

La Convención sobre de los Derechos del Niño establece en su artículo 7 que este «será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos». Cumplir este principio es muy difícil en muchas partes del mundo. En el África subsahariana solo se registra el 64% de los nacimientos, según datos de Unicef.

Hay migrantes a los que, por sus características físicas y ante la falta de documentación, se les pone en lista de espera para realizarse las pruebas para determinar su edad, cuya fiabilidad han cuestionado tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como algunas oenegés especializadas en infancia. Pero, ¿en qué consiste el proceso al que se someten los jóvenes migrantes?

Tras su llegada al muelle, la Policía Nacional hace una labor de filiación. Recopilan información sobre la travesía y piden la documentación que puedan aportar. Es ahí cuando les hacen una entrevista y recogen la edad que dicen tener. En este punto, algunos menores se identifican como adultos, pues saben que reconocer su minoría de edad les supone quedarse en el Archipiélago hasta cumplir los 18 años. Por el contrario, hay adultos que aseguran ser menores, ya que así podrán gozar de una protección especial.

Proceso de los jóvenes migrantes

Los que son identificados como menores por los agentes se trasladan a un centro y es la Fiscalía la que ordena que se les practique la prueba de estimación de edad. Lo primero es realizar a los jóvenes una radiografía de la muñeca y otra de la boca, para después llevar los resultados al Instituto de Medicina Legal, donde un médico forense los analiza. «En la muñeca se miran los cierres epifisarios, que son los cierres de los huesos, que se van sellando de forma seriada; y en la boca estudiamos la maduración de la punta de la raíz del tercer molar», detalla García, quien señala que el margen de error es muy variable, por lo que para estimar la edad «también hay que tener en cuenta la exploración médica y el relato que hacen los jóvenes». 

Una vez realizado el informe médico con la estimación de la edad, el último paso corre a cargo de la Fiscalía, que es la responsable de emitir el decreto de determinación de edad, en el que se establece si el migrante tiene más de 18 años o no. Esta decisión es la que condicionará si se queda en un centro de acogida de menores en Canarias o pasa a un recurso humanitario para adultos en la Península.

Para descongestionar los centros de acogida de menores, además de agilizar las pruebas médicas para localizar a posibles adultos entre los menores, el Gobierno de Canarias espera tener esta semana una respuesta de los ministerios implicados sobre las diferentes reformas legales que les ha propuesto para hacer que la acogida de los menores migrantes no recaiga solo sobre las regiones frontera, sino que sea compartida por todas las comunidades. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, explicó que en este momento no sabe si esa respuesta llegará en forma de una reunión o de un informe por escrito, pero ha insistido en que el tiempo apremia.

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