Dimite la directora general de Infancia tras una condena por prevaricación

Dimite la directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez (CC), tras ser condenada por un delito de prevaricación administrativa cometido entre 2015 y 2016, durante su etapa como concejala de Gestión Económica, Gestión Sociocultural y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. La pena impuesta por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife es de nueve años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público. Rodríguez apunta que su dimisión se debe a "motivos personales".

La sentencia expone que Rodríguez, quien tenía entonces competencias sobre la gestión del Complejo Turístico Costa Martiánez, contrató como socorrista a quien era su pareja en aquel momento, D. S. R., y lo hizo a dedo, sin anunciar el proceso de selección para ocupar un puesto de trabajo en el sector público. Rodríguez promovió esta contratación, a través de la empresa pública Pamarsa, mediante informes previos y propuestas "que de hecho eran decisivas" y que llevaban a la firma de los contratos por parte del alcalde, Lope Afonso (PP), quien "lo hacía sin conocimiento de la ilegalidad", pues "confiaba en la capacidad y competencia" de la concejala responsable del área.

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Contrato a dedo

El contrato de su pareja como socorrista era como interino, para sustituir a un trabajador con derecho a reserva del puesto, y comenzó en septiembre de 2015. Solo cuatro meses después lo ascendió de categoría y lo nombró "socorrista coordinador", también sin anunciar la oferta pública de empleo. Por último, en abril de 2016, lo volvió a promover haciendo indefinido su contrato, de nuevo sin anunciar el proceso selectivo, mermando la posibilidad de que otros ciudadanos pudieran optar a dichos puestos de trabajo. Rodríguez justificó este último movimiento para dar "un servicio eficiente y eficaz", en aras de obtener sellos de calidad y seguridad en el Complejo Municipal de Piscinas y Lago Martiánez y alegó que D. S. R. daría seguimiento a los trabajos de "higienización, saneamiento y mantenimiento de los conductos de absorción del Lago y piscinas".

Además de las irregularidades en la contratación, cuando D. S. R. fue ascendido a coordinador, accedió a una formación como submarinista, al que no pudieron acceder ninguno de los otros 12 profesionales que había en el complejo turístico, por lo que no solo se le promovió laboralmente, sino que se le permitió el acceso a una mejor formación. La propia Rodríguez, quien había asumido la alcaldía del municipio tinerfeño entre 2014 y 2015 tras el fallecimiento del alcalde Marcos Britore, reconoció ante el tribunal haber mantenido una relación sentimental con D. S. R. aunque, según recoge la sentencia, durante su declaración la intentó "minimizar en intensidad y extensión temporal". Si bien fue ella misma la que, para denunciar el trato que recibía por parte de algunos afiliados y militantes de CC, informó sobre esta relación a la Fiscalía, para lo que aportó fotografías y reportajes periodísticos.

Entre las competencias de Sandra Rodríguez dentro de la Consejería de Bienestar Social está la gestión de los menores migrantes que llegan a Canarias de forma irregular y sin el respaldo de un adulto, así como de sus centros de acogida. Está previsto que en el próximo Consejo de Gobierno, que se celebrará el lunes en Las Palmas de Gran Canaria, se designe a la persona que la relevará.

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