«La llegada de menores se ha incrementado un 60% en un año»

¿Cuántos niños y adolescentes migrantes que han llegado a las Islas sin el respaldo de un adulto están actualmente bajo la tutela del Gobierno de Canarias?

Hay unos 2.500 menores. De ellos, 1.983 están acogidos en recursos de la Comunidad Autónoma y unos 600 en recursos de los cabildos insulares.

El anterior equipo de la Consejería insistió reiteradamente en que el sistema de acogida estaba al límite. ¿Cómo se está gestionando la situación para atender a los niños que han llegado en las últimas semanas? ¿La red de acogida está colapsada?

No. Sí es cierto que en El Hierro y Tenerife carecíamos de recursos, pero hemos abierto dos nuevos centros de primera acogida, que sirven de tránsito para después trasladarlos a otras islas con plazas disponibles. En Tenerife estamos trabajando con las entidades colaboradoras para abrir tres centros nuevos, dos con 100 plazas, que estarán operativos este mes, y el tercer centro contará con 120 plazas.

¿Se está fomentando la acogida por parte de familias canarias?

Sí, trabajamos en esa posibilidad. La ley actual contempla que se tiene que desinstitucionalizar la atención de los menores. Una vez son declarados en desamparo se trabaja para que tengan un recurso más estable y más familiar, no que estén en acogida.

¿Han recibido respuesta por parte del Ministerio de Derechos Sociales sobre la petición de retomar las derivaciones a otras comunidades?

Estamos a la espera de que se produzca esa reunión, porque es un Ministerio del que depende tanto la financiación como la distribución territorial de los menores. Una distribución que vamos a exigir que se complete, aunque todas las comunidades autónomas no son sensibles a este traslado.

Teniendo en cuenta parámetros como la población, la renta per cápita y la tasa de paro. ¿Cuál sería la cifra ideal para Canarias de niños tutelados?

Ahora mismo el sistema se nos está volviendo a desbordar. Habría que volver a las cifras de antes de este repunte de los flujos migratorio. El 31 de diciembre de 2022 habían 2.181 menores en Canarias y se llegaron a cerrar centros. La cifra idónea sería cero, pero para eso se debe trabaja sobre el terreno con los países de origen.

¿En qué punto están los trámites para transformar los centros de emergencia en centros estables?

La Intervención General se está informando para elaborar las bases del contrato de prestación de esos servicios. Nuestra intención es que a finales de este año se estén adjudicando, para poder tener esos centros estables, con entre 20 y 30 plazas, que permitan trabajar con los menores en un entorno más acogedor. El tiempo de estancia suele ser de tres años, pues la media de edad de los chicos que llegan es de 14 o 15 años. Son tres años en los que la comunidad autónoma tiene que afrontar el coste económico de su atención y el trabajo para integrarlos desde el punto de vista educativo y en la búsqueda activa de un empleo con el que poder emanciparse.

¿Tienen alguna previsión para abrir nuevos centros de emergencia de cara a los próximos meses o van a buscar soluciones a medida que se vayan necesitando más recursos?

Ya se han hecho gestiones con las entidades colaboradoras que tienen recursos cerrados, puesto que el año pasado el flujo migratorio fue menor. Ahora mismo hay unas 200 plazas libres en Gran Canaria, que permiten responder a las llegadas que se está produciendo en Tenerife y El Hierro.

¿La Dirección General cuenta con algún protocolo para atender la salud mental de los niños y adolescentes que entran de manera irregular a las Islas?

Sí. Hay recursos especializados para atender estas circunstancias. En Gran Canaria, por ejemplo, Fortaleza 1 se dedica a los perfiles más disruptivos o con alguna carencia específica que necesita una atención distinta.

¿Desde la Consejería se trabajará para facilitar la reunificación familiar de los menores que tienen a sus progenitores en otros puntos de Europa?

He tenido la suerte de trasladar a dos niñas a un recurso de Cruz Roja en Francia donde estaban sus padres; y hay un niño a la espera en una situación similar. El objetivo es que si tienen familia que se produzca esa reunificación.

¿Qué tienen previsto para los adolescentes que alcanzan la mayoría de edad y se quedan en la calle?

El año pasado se trabajó con 550 jóvenes, de los cuales el 33% (183) eran migrantes que partían de recursos de acogida y que decidieron integrarse en los programas de tránsito a la vida adulta. Me he encontrado una serie de proyectos que están financiados con el Fondo Social Europeo, que ha permitido este trabajo con los menores extutelados. A lo largo de 2024 vamos a poner en marcha una solución habitacional que permita a los extutelados avanzar en su vida hasta ser independientes.

¿Además de esos 550 jóvenes, se quedaron algunos extutelados fuera del sistema porque no hay recursos suficientes para atenderlos a todos?

Lo ideal es que muchos vuelven a su entorno familiar una vez que terminan las medidas que les han ido aplicando. Otros directamente salen al mercado laboral y continúan su vida porque no necesitan estar en este tipo de programas para culminar su proyecto de vida. Para el año que viene, dentro de la línea de subvención del IRPF hay un apartado para que las entidades trabajen en la emancipación plena de los extutelados. Estamos trabajando para sacar una línea propia de la Dirección General en 2024, pues queremos ser un respaldo aún mayor para los chicos que alcanzan la mayoría de edad y que pueden sentirse perdidos. Esa es una de las tareas pendientes que tiene esta Dirección General y en las que tiene que mejorar la nota.

¿Cuántos adolescentes están pendientes de las pruebas óseas para la determinación de su edad?

Ese dato es complicado, porque en estos momentos están pendientes todos los que han llegado en esta última oleada. Le puedo decir que la llegada de menores se ha incrementado un 60% con respecto al mismo periodo del año pasado.

¿Cuántos sospechan que son adultos que se han declarado menores?

El 70% de los que han llegado en las últimas semanas puede que sean mayores de edad, lo que nos permitirá desalojar plazas en los en los centros. La semana pasada trasladamos a 40 chicos, de los que 31 hemos comunicado que evidentemente son mayores.

¿Qué porcentaje de menores está escolarizado?

El 90% de los menores acogidos está escolarizado o en formación y el 10%, trabajando.

Los niños reciben una atención diferente en función del centro en el que se integren. ¿Tienen previsto elaborar un manual de estándares mínimos para ofrecer un trato similar a todos?

Esa fue una de las carencias que me llamó la atención. Entiendo que la crisis migratoria y la urgencia de atender a los menores ha llevado a que las entidades estén trabajando sin un protocolo. Estamos trabajando en unos pliegos para estandarizar todo lo que conlleva la atención en la acogida y el acompañamiento; así como la auditoría para ver que se está prestando el servicio correctamente.

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