Estos son los contratos de mascarillas y material sanitario bajo sospecha en Canarias

La pandemia y el estado de alarma declarado en España siguen dando que hablar. La compra de mascarillas y material sanitario efectuadas en los momentos críticos, cuando los muertos se contaban por centenares a diario, sirvieron para enriquecer a unos pocos y algunos de ellos de manera ilícita. Tres son los casos de presuntas irregularidades en estas compras que afectan a Canarias. El primero del que se tuvo conocimiento fue el llamado casao mascarillas, el segundo, más reciente, fue el llamado caso Koldo y, a la sombra de este, el último en aflorar ha sido el caso Damco.

A continuación exponemos las claves de estos tres casos que se desarrollaron cuando el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, era presidente del Gobierno de Canarias. Por ello, el PP ya los agrupa los tres casos bajo uno solo, que ha denominado como caso Torres.

CC y PP señalan a Torres por todas las compras irregulares de material sanitario en pandemia

Caso mascarillas

Además de la compra de un millón de mascarillas por un importe de cuatro millones a la empresa RR7 sin que se hiciera entrega del suministro, el SCS efectuó gastos sin la autorización del Consejo de Gobierno: seis millones de guantes de nitrilo, 700.000 mascarillas KN95, 600.000 escobillones y 200.000 batas de aislamiento (6,9 millones de euros en total); un millón de mascarillas FFP2, 113.000 test rápidos, 748.700 guantes de nitrilo (4 millones), además de mascarillas, batas, hisopos y test PCR por importe de 2,8 millones de euros.

De los 81,9 millones de euros que el SCS concentró en contratos con 16 empresas, el 22,8% corresponde a tres cuyo objeto social no se corresponde con la venta de material sanitario (RR7, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas e Innjoo Technology). El pasado mes de octubre el Tribunal de Cuentas archivó de forma provisional el caso porque, pese a reconoce el daño a las arcas públicas de cuatro millones de euros, constaba como acreditado que se había iniciado por parte del Servicio Canario de Salud el procedimiento tendente a la recuperación del dinero.

Entre los investigados se encuentran, entre otros, el exdirector del SCS, Conrado Domínguez (que en su momento dimitió de su cargo debido al caso), por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias; la exdirectora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez Afonso, por presunta prevaricación administrativa y el administrador único de RR7, Rayco González, por presunta estafa agravada y blanqueo de capitales. Con todo, la causa penal sigue abierta en la Fiscalía Europea, que reclamó la competencia por el uso de fondos europeos.

Caso Koldo

La empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, vinculada al exasesor y persona de confianza del exministro José Luis Ábalos, firmó varios contratos con SCS el 22 de abril de 2020. Uno ascendía a 2.095.018 euros para el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 del tipo FFP2, en el que se cobraba 447.061 en concepto de servicio de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte, y otro de 4.775.500 también para la adquisición de mascarillas FFP2.

Ábalos como panacea universal

El segundo investigado, fechado el 4 de mayo, tenía un importe de cinco millones de euros para suministrar dos millones de mascarillas KN95. Cerca de una cuarta parte todo lo que facturó la empresa con las administraciones públicas en 2020 fue en Canarias: 12,2 millones de euros. En ese momento el SCS estaba dirigido por Antonio Olivera, que en la actualidad es jefe de gabinete de Torres en el Ministerio de Política Territorial, y el consejero de Sanidad en funciones, por el cese de Teresa Cruz, era Julio Pérez.

Caso Damco

Las entidades Damco Trading Services y Tanoja Services fueron adjudicatarias en 2020 y 2021 por SCS (siendo directores Antonio Olivera, Alberto Pazos y Conrado Domínguez) para suministrar mascarillas, test y otros materiales médicos a los hospitales. Las empresas, con Noel Jammal Fernández como administrador único, facturaron 15.8 millones en 2020 y 7,1 millones en 2021. Una parte de las cantidades fueron transferidas a Tabaiba Capital, con Miguel Ángel Ramírez como administrador único, y a B&M Sport Marketing, con Lucas Bravo de Laguna como administrador único. La Fiscalía inició la investigación penal a raíz de la denuncia de la Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), al observar una discordancia entre los pagos realizados a las compañías y el material suministrado.