CC y PP señalan a Torres por todas las compras irregulares de material sanitario en pandemia

El Parlamento de Canarias no va a investigar ni el caso Koldo ni el caso mascarillas sino "el caso Torres", como lo bautizó la portavoz parlamentaria del PP, Luz Reverón. ¿El motivo? Que los dos primeros son meros capítulos de todas las "chapuzas para favorecer a amiguetes o recomendados del PSOE" que han dilapidado, según los cálculos de Reverón, 45 millones de euros y que se hicieron en la contratación pública de suministro de mascarillas y material sanitario durante la pandemia "bajo la presidencia de Ángel Víctor Torres en el Gobierno más deshonesto y despilfarrador de la historia" de Canarias.

Un gabinete que, además, suscribió "un pacto de silencio" para impedir cualquier investigación parlamentaria sobre lo que es "una trama generalizada de corrupción" y cuyo último capítulo conocido es el caso Damco, relativo a la investigación judicial sobre dos ventas de material sanitario al Gobierno del pacto de las flores por un importe de 22,9 millones en las que están involucrados, entre otros, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y el presidente de Unidos Por Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna.

El PP apunta ya al ministro Ángel Víctor Torres por la deriva canaria del ‘caso Koldo’

Estos son los argumentos esgrimidos por Reverón y el nacionalista José Alberto Díaz Estébanez y tras registrar en la Cámara regional la solicitud de crear una comisión que investigue "las responsabilidades políticas inherentes a la gestión de la contratación del Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias del material sanitario para hacer frente a los efectos de la Covid-19".

Díaz Estébanez (CC) no descarta que comparezcan Román Rodríguez, Julio Pérez, Sebastián Franquis, Miguel Ángel Ramírez y Lucas Bravo de Laguna

Una investigación al margen del devenir judicial de los hechos que están siendo dilucidados y de las que se llevarán a cabo en el Congreso, el Senado y otros parlamentos autonómicos y a la que "parece lógico" que sean llamados todos los miembros del comité de gestión que en su momento abordó la compra del material sanitario debido a la emergencia pandémica: desde el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, hasta José Julián Istúriz, pasando por el exvicepresidente Román Rodríguez y los exconsejeros Julio Pérez o Sebastián Franquis.

La responsabilidad de Torres

Hechos, no nombres

"No investigaremos nombres, sino hechos, y aunque centramos el tema en la operación de compraventa de material sanitario, más allá de los delitos societarios.no descartamos que venga cualquiera, también los empresarios", aseguró Díaz Estebánez en referencia a Ramírez y Bravo de Laguna.

Para CC y PP, "si hace 474 días no se nos hubiera impedido poner en marcha la comisión del caso mascarillas, posiblemente se habría conocido antes las irregularidades de la trama del caso Koldo".

Ábalos como panacea universal

"Todo hace pensar que el caso mascarillas es una operación llevada a cabo por un alumno aventajado que vio el éxito de la operación que llevó a cabo la mano derecha del exministro Ábalos con el SCS", insistió Díaz Estébanez.

Por ello, consideró que ante este cúmulo de indicios el Parlamento canario "no puede permanecer impasible ante la gravedad de los hechos que se van conociendo y actuará en consecuencia por decencia, dignidad y justicia".

Estos son los contratos de mascarillas y material sanitario bajo sospecha en Canarias

Por su parte, Reverón insistió en que la totalidad de las irregularidades detectadas demuestran que no se trata de «caso aislado», pues se concatenan «los tres millones de unidades de material inservible en los almacenes de hospitales, que costaron 6 millones, más los cuatro millones de las mascarillas que nunca llegaron, más los doce que se llevó el hombre de paja del exministro Ábalos y los 23 millones» que investiga la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel de Vega.

"Torres gobernó con ligereza, falta de diligencia y control y ya se ha acabado el pacto de silencio; tendrá que responder por las buenas o por las malas", concluyó.

La solicitud de crear la comisión investigadora deberá ser debatida y aprobada por el pleno de la Cámara, previsiblemente en la primera sesión ordinaria tras el Debate sobre el estado de la Nacionalidad que se celebrará del 12 al 14 de marzo.

Suscríbete para seguir leyendo